ONU: una inclusión que no exculpa violaciones a DDHH, por Gloria Salazar/Xavier Rodríguez

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La inclusión de Venezuela este 17 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con 105 votos a favor, además de generar sorpresa y rechazo en vastos sectores de la sociedad venezolana, deja abierta una serie de interrogantes que deben ser respondidas para entender las implicaciones, el significado y cómo nos afectaría desde la perspectiva democrática esta elección.

Lo primero que debe quedar claro es que la votación favorable a Venezuela, más que una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una expresión de la política exterior de los gobiernos de los países que la integran y finalmente no implica valoración positiva, ni reconocimiento al Estado votado por su gestión en materia de Derechos Humanos.

Muy lejos de eso, vimos como en julio pasado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un contundente informe sobre Venezuela en el que denunciaba graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. Y ratificó sus denuncias en septiembre haciendo hincapié en la falta de adopción de los correctivos recomendados.

Cabe destacar que la ONU, como organismo intergubernamental en el que están representados estados con la más disímiles formas de gobierno, debe su funcionamiento a la deliberación política en un ámbito institucional caracterizado por un fuerte vestigio anticolonial, que en muchas ocasiones ha minado los alcances prácticos en la resolución de algunas materias específicas.

Por tanto, la pertenencia a determinadas comisiones como el Consejo de Derechos Humanos (CdDH) no responde a un reconocimiento implícito a determinadas gestiones gubernamentales, sino más bien son la resultante de gestiones diplomáticas contingentes entre representantes de gobiernos, no exclusivamente entre democracias, grupo además históricamente minoritario en esta organización desde su fundación. Por lo que en este ámbito todavía ejercen influencia muchos de los llamados Países No Alineados y su tradicional forma de agregación, muchas veces obstructiva y disruptiva, por tanto poco propositiva.

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En el caso particular de la elección de Venezuela como miembro del CdDH, esta responde parcialmente al interés de Miraflores de amplificar en la esfera internacional la narrativa exculpatoria de las documentadas violaciones graves a los derechos humanos que se le acusan, así como ralentizar las investigaciones en su contra y sus potenciales implicaciones.

Es así como a pesar del voto en contra de los países del Grupo de Lima, Venezuela logra uno de los puestos para América Latina en el Consejo de DDHH con el apoyo de los Países No Alineados, grupo conformado por 120 países, mayoritariamente procedentes de Asia y África, que cuenta con una mayoría entre los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU.

Para el gobierno de facto, como es tenido por las más importantes democracias del mundo el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas será un espacio propicio para expandir su pugna contra las sanciones impuestas por distintas naciones sobre el Estado venezolano y algunos de sus representantes gubernamentales. Por tanto, difícilmente podrá esperarse desde Venezuela mayores iniciativas que promuevan una efectiva protección humanitaria.

Sin embargo, su nombramiento representa una exposición sin precedentes al escrutinio internacional del proceder del Estado venezolano en materia de derechos humanos, así como también su pertenencia y su proceder dentro de este organismo y mantendrá abierto el debate sobre la cuestión venezolana, sus alcances regionales y geopolíticos, en una esfera política de alcance global para muchas organizaciones nacionales e internacionales en la propagación de sus mensajes de concientización sobre esta materia y otros tantos órdenes en los que el gobierno de facto ha dejado impreso su talante totalitario.

Siendo así, esta elección, ofrecerá una gran visibilidad de la grave situación venezolana, que trasciende otras instancias de actuación más esporádicas, como las deliberaciones escenificadas anteriormente en el Consejo de Seguridad.

Como indica Jo D´Elía, Director Ejecutivo de CivilisDDHH, no se puede perder de vista que el gobierno de facto, “no podrá evitar las investigaciones acordadas a través de la creada Misión de Determinación de los Hechos porque existe ya la resolución de su creación que ha sido igualmente votada por el Consejo”.

Tampoco es tema menor que el CdDH estará dominado por países democráticos que hasta ahora han formado parte de la contención para las maniobras de la dictadura venezolana en los espacios de la ONU.

Asimismo, el gran trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, en los últimos dos años ha logrado a través de la documentación y denuncia, una perspectiva amplia de la situación venezolana, el logro de un informe exhaustivo y contundente desde la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la presencia de su oficina en Venezuela, una Comisión de Determinación de Hechos, avances innegables, que esta elección definitivamente no detendrá.

Asociación Civil Gobiérnatec