Opacidad de la alcaldía de Baruta mantiene a vecinos y comerciantes enfrentados
Un cambio de zonificación de dudosa legalidad aprobado por el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, permitió al comercio Mega Licor establecerse en una parcela de uso residencial. lo que ha traído un enfrentamiento de sus propietarios con la Asociación de Vecinos de Prados del Este
El silencio administrativo en el que ha operado la alcaldía de Baruta en el pasado reciente, mantiene a vecinos y comerciantes de Prados del Este enfrentados. La construcción de una licorería perteneciente a la Sociedad Mercantil Mega Licor Prados del Este C.A., con anuencia del jefe del ayuntamiento, Darwin González, pese a estar al margen de la legalidad, ha terminado en amparos constitucionales, demandas, advertencias y hasta la intervención de la junta directiva de la Asociación Civil de Propietarios y Residentes de Prados del Este (Asopraes).
González aprobó la resolución DA-AN-DIM-2018-003 de fecha 29 de noviembre de 2018, en la que se autoriza la conformidad de uso a Mega Licor situada en la parcela 115, manzana B, calle Comercio de Prados del Este, pese a que esta no es una parcela comercial sino residencial.
*Lea también: Fundaredes denuncia la detención arbitraria de su director en Falcón
Desde que el levantamiento de la obra comenzó a ser evidente, los vecinos de la zona enviaron comunicaciones a la autoridad local para pedir información y exigir el cese de la construcción, pero las misivas pasaron por debajo de la mesa en la oficina del alcalde González.
Los vecinos exhortan a la autoridad municipal a revertir la resolución debido a que la decisión contraviene la Ley del Poder Público Municipal y además fue inconsulta.
El 11 de junio pasado, Asopraes denunció un ataque jurisdiccional e intervención a su junta directiva, por lo que sus miembros consideran que lejos de obtener respuestas oportunas, las denuncias se convirtieron en causal de persecución.
Arremetida tras arremetida
Alejandro Ramón, abogado que representa a Asopraes en medio de toda la polémica, detalla que son varias las demandas que se han interpuesto contra la asociación de vecinos para intentar silenciar las denuncias.
Ramón recuerda que la sentencia del 11 de junio en la que se suspende a la junta directiva de Asopraes, electa en el primer semestre de este año, fue producto de una demanda contra la asociación de vecinos interpuesta por el abogado Leopoldo Misset, representante de uno de los propietarios colindantes con Mega Licor.
El abogado de Asopraes precisa que en la querella se alegó como vicio que no estaba inscrita el acta de la elección de la junta directiva en el libro de actas de la urbanización. Aunque reconoce que es cierto, aclara que el documento aún no está plasmado en el libro porque se agiliza su tramitación en el registro público
Afirma que el grupo de comerciantes aprovecharon la lentitud del trámite debido a los contratiempos que ha generado la pandemia por el coronavirus en los entes públicos.
“El hecho es que interpusieron una demanda pidiendo la nulidad de las elecciones. Pidieron que se designara una junta ad hoc, pero el tribunal lo negó. El tribunal dijo que quedarían en ejercicio del cargo los suplentes de la directiva anterior, pero entre ellos está quien fue electa hace poco la presidenta. Les molesta porque no son ellos y por eso se han dedicado a desconocer a esos suplentes, particularmente a quien fue electa autoridad de Asopraes recientemente”, dice.
Alejandro Ramón, representante legal de Asopraes, asevera que todos los procesos judiciales que han enfrentado comenzaron por la resolución que en 2018 aprobó el alcalde de Baruta, Darwin González.
Es enfático al asegurar que como los vecinos continuaron con las denuncias el director y accionista de Megalicor, César Salas, interpuso una acción de amparo contra Asopraes por difamación e injuria ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, que en fecha 27 de abril declaró con lugar y sentenció que la junta directiva no podía hablar de nada que afectara directa o indirectamente a la empresa o su director.
No obstante, Asopraes presentó una apelación del amparo constitucional, donde el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Raúl Alejandro Colombani, se declaró competente y decidió con lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Ramón, anular la decisión del Juzgado Noveno, y ordenó la reposición de la causa a fin de se cumpla el proceso del derecho.
Vicios en resolución de Baruta
Los cambios de zonificación no son competencia de la Alcaldía sino del Concejo Municipal, según lo establecido en el artículo 95, numeral tres de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal.
De acuerdo al mencionado artículo, son deberes y atribuciones del Concejo Municipal, entre otras cosas, “aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva”.
Así lo ratifica a TalCual la presidenta de la Cámara de ese municipio, Georgette Topalián. La edil recuerda que Darwin González, antes de ser alcalde, fue presidente del Concejo, razón por la que debería saber que existe el artículo de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal anteriormente mencionado.
Topalián explica que el cambio de zonificación fue hecho acto seguido a que González asumió el cargo. Recuerda que fue electo en 2017 y se juramentó en diciembre de ese mismo año con un cuerpo edilicio presidido en ese entonces por Armando Machado.
Es enfática al aseverar que la causa que entró al Tribunal fue por una paralización de una obra, y que luego se ordenó la continuidad de su construcción, pero no para una licorería, sino para una estructura residencial.
La funcionaria afirma que es necesario respetar el equilibrio de la sociedad civil organizada. En este sentido, subraya que si existen personas interesadas en invertir en el municipio se les debe dejar claro cuáles son las zonas disponibles en lugar de cambiar zonificaciones a gusto.
La presidenta del Concejo Municipal del municipio Baruta reitera que la resolución no cumple con la legalidad, y deplora que un tribunal sin competencias declare ilegítima a la directiva de una asociación de vecinos que fue electa democráticamente.
“A nosotros nos parece fantasioso que un tribunal diga que que una asociación de vecinos es o no es la correcta a raíz del tema de la zonificación, porque a alguien le molesta que alguien electo hable”, espeta.
No hay manera
El abogado de Asopraes, Alejandro Ramón, enfatiza que no hay forma de no identificar cuáles parcelas en Prados del Este son para vivienda y cuáles comerciales. Apunta que el oficio 510 regula el tema de la zonificación. En este sentido, sostiene que este documento deja muy claro que la parcela 115 B, donde abrió Mega Licor, es de uso residencial.
Según Ramón, la resolución aprobada por el alcalde González “es muy hábil porque dice que se reconocer un recurso administrativo. Es decir se intenta decir que eso fue comercial y él lo reconoce, cuando no es así porque siempre ha sido de vivienda. El alcalde se cuidó las espaldas para no hacer evidente la ilegalidad”.
El abogado reafirma que el único con competencias para hacer cambios de zonificación es el Poder Legislativo municipal, pero añade que el alcalde, como un caso claro de corrupción, lo hizo por medio de la resolución.
El representante legal de la asociación de vecino comenta que el procedimiento tuvo lugar tras una impugnación que hizo la propietaria del terreno, Maribela Valvi. “Con el amparo que ella interpone es que ellos sacan a relucir la resolución en ingeniería municipal cuando pidieron los documentos. El ingeniero dice que no conoce esa resolución”, cuenta.
Relata que debido a la negativa del ingeniero la propietaria interpone un amparo ante tribunales, que habría perdido la alcaldía. Añade que la sentencia señala que serviría como constancia de culminación de obra para la tramitación de los permisos subsiguientes, entre ellos la constatación de uso.
Este documento lo da el ingeniero municipal. De acuerdo a Alejandro Ramón el funcionario expone en la misma constatación de uso que se da por obligación de la sentencia de Tribunal Superior Octavo de los Contencioso violando la zonificación del distrito Sucre.
El abogado dice que el alcalde González quiso hacer ver que ahora reconocía la parcela como comercial porque en el pasado lo fue de forma temporal, cuando se fundó la urbanización. Sin embargo, recuerda que cuando se creó el centro comercial Galerías Prados del Este, se acordó que todos los comercios ubicados en esa parcela se mudarían a ese recinto.
“Este grupo de comerciantes son también corredores inmobiliarios que han comprado una serie de casas para cambiar la zonificación. No queremos que esto se convierta en Colinas de Bello Monte, Los Chaguaramos o Las Mercedes, queremos mantener nuestro carácter residencial y esta gente ha venido a imponer una anarquía conjuntamente con el alcalde”, enfatiza.
Alejando Ramón señala que por esta situación el alcalde Darwin González ha sido denunciado ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal y el Concejo Municipal.
Rectificar es de sabios
El alcalde Darwin González no contestó a las solicitudes de información por el caso que fueron hechas por TalCual.
La presidenta del Concejo Municipal de Baruta, Georgette Topalián, aboga por que en el caso haya entendimiento entre las partes involucradas. Recuerda que en una reunión con los vecinos en la que estuvo presente Darwin González, le pidió que anulara la resolución pues, además del conflicto que ha generado, es ilegal.
Recuerda que en el encuentro la autoridad municipal dijo que si él tenía que rectificar lo iba a hacer, por lo que los vecinos de Baruta esperan actúe de buena fe, toda vez que la administración pública puede enmendar sus propios actos administrativos.
“Si yo hice algo que obvié, puedo invocar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y decir ‘mire, me equivoqué en esto y reconozco que era así’”, agrega la presidenta del Concejo Municipal de Baruta.
De la polémica de la zonificación han salido a relucir otros aspectos que dejan ver irregularidades en el ayuntamiento. Topalián resalta, por ejemplo, que el municipio duró dos años sin síndico municipal, pese a que el primer acto que tiene que hacer un alcalde, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, después de ser juramentado, es nombrar al síndico municipal.
Habla el alcalde
El alcalde de Baruta, Darwin González, dijo en la asamblea de vecinos del 15 de junio que se le ha acusado de ser el detonante del conflicto por haber reconocido los derechos comerciales de la parcela. Admitió haber firmado la resolución.
