Organizaciones de DDHH exigen al Gobierno crear políticas para frenar la violencia
Para la activista de Reacin, Veronica Suvillaga, los cuerpos de seguridad del Estado son los responsables de 4.998 muertes violentas registradas solo durante el 2017
A través del manifiesto “Acción por la Vida” diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, exigieron al Gobierno venezolano crear políticas que pongan un freno a los altos índices de violencia que se registran en el país.
Desde la plaza Morelos, a pocos metros desde donde el pasado 28 de mayo delincuentes asesinaron al cantante Evio Di Marzo, los activistas de organizaciones como la Red de Activismo y Formación por la Convivencia (Reacin), Provea, Redes Ayuda y distintos organismos, informaron la consignación ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el ministerio de Interior y Justicia, del documento, que exige el respeto a la vida de los ciudadanos.
Para la activista de Reacin, Veronica Suvillaga, los cuerpos de seguridad del Estado son los responsables de 4.998 muertes violentas registradas solo durante el 2017, esta cifra representa un 21% de todos los asesinatos ocurridos durante ese año.
Condenó la aplicación de políticas de “mano dura” como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que a su juicio solo fueron creadas para sembrar miedo y zozobra en las comunidades populares, por lo que piden al Estado “que pare de matar”.
“Estamos muriendo como si se tratara de un conflicto armado” subrayó la también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB).
Aprovechó la oportunidad para manifestar su repudio a lo ocurrido el sábado 16 de junio en un club nocturno ubicado en El Paraíso Caracas, donde más de 17 personas murieron a causa de la activación de una bomba lacrimógena.
“Cómo en este país suceden este tipo de muertes, masacre, cómo llega una bomba lacrimógena a un ciudadano de a pie”, enfatizó Suvillagas.
Por su parte Cheo Caravajal, reiteró que el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos, acción que a su juicio “no está garantizada en el país y la vulnerabilidad de las personas se ha normalizado durante décadas”.
Condenó la ausencia de políticas efectivas para lograr un control de armas y de municiones, prevención contra el delito, reparación y acompañamiento a las víctimas, así como el castigo oportuno a los victimarios, respetando sus derechos humanos.
De acuerdo a los datos ofrecidos por la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, cerca de 21.252 ciudadanos murieron de manera violenta durante el 2016, y el 86% de los homicidios fueron perpetrados con armas de fuego.
Para Carvajal esto representa una realidad “inaceptable que exige que los ciudadanos y las instituciones nos sumemos en su reducción radical. Pero no contribuyendo con más muertes y violencia”.
“Es evidente la necesidad de actuar de exigir, por eso un conjunto de organizaciones y ciudadanos nos hemos planteado hacer visible el problema de los homicidios, como expresión de un dolor real, una desgarramiento de cada ciudadano, familia y comunidad”, finalizó el activista.
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