Oscar Murillo: «El gobierno puede hacerse un gran favor leyendo los informes de Provea»
El nuevo coordinador general de Provea asume las riendas de la organización en medio de ataques desde el poder, con un proyecto de ley que, denuncia, elimina el derecho a la asociación. En esta entrevista comparte los lineamientos que seguirá durante sus tres años de mandato así como los temas donde pondrán mayor esfuerzo y muestra su preocupación porque sectores económicos se pongan de espalda al proceso de democratización del país
Una de las organizaciones de derechos humanos más longevas de Venezuela acaba de renovar su directiva. El periodista Oscar Murillo, exdirector de la escuela de Comunicación Social de la UCAB-Guayana, asume como coordinador general de Provea recibiendo el testigo de Rafael Uzcátegui. Tiene más de una década siendo profesor pero también una amplia carrera como reportero e investigador.
«Mi relación con Provea data de 2007. Yo he estado acompañándolos como investigador asociado de su informe anual en el capítulo de derechos laborales. Eso me llevó a conocer al equipo, y luego fui postulado a la Asamblea General. Son varios años conociendo la organización. El acercamiento a los derechos humanos me permitió incorporar esa perspectiva al campo periodístico y al campo académico. Ahora paso a un trabajo especializado en materia de derechos humanos, que forman parte de mis convicciones», dice en entrevista con TalCual.
Durante todo el año 2023 un Comité Independiente deliberó sobre quién tomaría las riendas de la organización, como está establecido en los estatutos fundacionales de Provea. La organización, cuando anunció el nombramiento, afirmó que «desde su creación en 1988 por Dinorah Contramaestre, Ligia Bolívar y Raúl Cubas, Provea ha defendido la independencia, la autonomía, la igualdad social y un enfoque inquebrantable en los contenidos de carácter humanista y transformador presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como pilares fundamentales de su labor. La llegada de Oscar fortalece este compromiso».
Murillo asume también la vocería de Provea en un año complejo, con unas elecciones presidenciales en el panorama aunque sin fecha ni certezas y la tarea pendiente, como país, de lograr una redemocratización. Entre sus tareas, dice, está hacer equipo con el coordinador de Exigibilidad. «Nosotros insistimos en lo legal, no importa la naturaleza poco democrática o autoritaria del gobierno. Una organización de derechos humanos debe procurar que el Estado cumpla sus obligaciones en el marco de la Constitución aunque sabemos que el gobierno no es democrático, como lo ha caracterizado Provea desde 2015».
Oscar Murillo es periodista y profesor universitario
–¿Qué lineamientos asume como coordinador general?
–Estamos dedicados a hacer acompañamiento de la lucha sindical, buscar cómo podemos contribuir en la recomposición de temas sindicales y el respeto a convenios internacionales. Pareciera que vamos hipotecando derechos para acomodárnos a ciertas dinámicas. Provea este año tiene que levantar mucho la voz, porque es muy peligroso el solapamiento de derechos a cambio de ciertas ventajas de los sectores económicos y los dueños del capital.
Otro lineamiento es el tema ambiental. A Provea ciertamente se le identifica por su incidencia en defensa, promoción y acompañamiento a los derechos civiles, y son temas que trabajamos convencidos de que si no hay democracia el déficit en derechos humanos se agranda. Ya tenemos un déficit importante porque no tenemos un sistema de justicia que ampara y protege, y tenemos un Estado cuyo comportamiento es abiertamente impositivo, y eso genera brechas de desigualdad y amplía el déficit de derechos humanos. Pero el mandato de Provea desde 1988 son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El programa tiene que ir en función de ello, sin descuidar todo el trabajo en cómo podemos rescatar la institucionalidad democrática en el país. Así que estaremos desarrollando mucho el eje laboral y el eje ambiental, que por ejemplo se ha desarrollado por el tema del agua, especialmente fuera de Caracas.
–¿En qué aporta que sea periodista?
–Quiero dejar al gremio bien parado (risas). Pero sí creo que ayuda. Lo digo como exdirector de una escuela (de Comunicación Social). La comunicación es esencial para entender cualquier vida humana. La comunicación en organizaciones de DDHH era lo que venía después de la toma de decisiones. Yo creo que en el mundo moderno la comunicación está en la toma de decisiones, en ese pensamiento estratégico comunicacional que debe estar desde el mismo momento de la concepción de una idea. Creo que eso es un cambio importante y que la organizaciones dispuestas a estar en innovación y vanguardia deben asimilarlo como parte de su cultura corporativa y democrática.
–¿Cuánto es el tiempo de su mandato?
–Tres años, con evaluaciones institucionales y un máximo de dos renovaciones. Rafael Uzcátegui, a quien reconocemos el esfuerzo en una etapa de una Provea constantemente amenazada y abiertamente cuestionada por voceros oficiales, pudo abrir nuevos canales de conexión con nuevas audiencias. Rafael sale luego de nueve años y mi designación responde al comportamiento democrático de Provea, convicción que impregna sus estatutos.
–Esa amenaza no se ha terminado. Hay un proyecto de ley que se ha retomado básicamente diseñado pensando en Provea, una de las organizaciones que sus promotores siempre mencionan al momento de señalar cuáles consideran peligrosas.
–Esa fue mi bienvenida. Cuando comenzó la política de hegemonía comunicacional alertábamos que era erróneo mirar al periodista o el dueño del medio, pues los afectados era la gente. Hoy vemos la consecuencia. Tenemos una sociedad con desiertos informativos, masificando rumores, que puede ser presa fácil de la manipulación, el engaño y la propaganda. Creo que pasa lo mismo con la ley. Esta ley por supuesto va a afectar directamente a Provea y al movimiento nacional autónomo de DDHH en el país. Gracias a este movimiento, la crisis venezolana no ha desaparecido de la comunidad internacional.
El informe Bachelet, los cuatro informes del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, que haya una Misión de Determinación de Hechos ONU, que haya una investigación en la Corte Penal Internacional, todo eso es producto del esfuerzo sostenido de estas organizaciones de derechos humanos. Entonces, no solo van a afectar directamente a estas organizaciones sino que es un ataque a las víctimas y potenciales víctimas. Son muchas las organizaciones de este país que han aliviado el sufrimiento de los venezolanos en medio de la emergencia humanitaria compleja.
Este no es un ataque, como lo dicen los voceros, a una suerte de burocracia de los derechos humanos sino que va a profundizar la persecución sistemática progresiva en los diferentes sectores. Pasó con los medios de comunicación, con el movimiento sindical, con los grupos económicos, y ahora está pasando con los movimientos de derechos humanos porque se trata de controlar a toda la sociedad venezolana.
Murillo fue finalista del Premio Gabo de periodismo en 2016 por la cobertura de la Masacre de Tumeremo
–El proyecto de ley es justificado por sus impulsores como necesario pues del 100% de ONG que hay en el país, supuestamente un 5% conspira y habla mal del gobierno. Y allí acusan a Provea y a otras 60 organizaciones. ¿Cómo enfrentar esa acusación, esa narrativa?
–Yo creo que en algún momento cuando se cerraron todas las vías entre el Estado y las víctimas, e incluso el Sistema Interamericano se cerró, tuvimos que explorar la vía del Sistema Universal. Antes prácticamente Venezuela no acudía allí. Yo creo que hace falta ahora una etapa de socialización del trabajo que hacemos nosotros y hay que recurrir nuevamente al litigio nacional. El acompañamiento a la víctima es necesario. No es que estén abiertas las vías de nuevo, pero hemos puesto mucha atención en la incidencia internacional, y eso pudo haber traído algún distanciamiento con respecto a las organizaciones, aunque el trabajo de Provea es fácilmente auditable. Ahora, que Provea haya podido incidir internacionalmente para que el Consejo de DDHH haya decidido que una Misión de Determinación de Hechos investigue a Venezuela, claro que molesta el gobierno. Por eso creemos que nos señala de algún tipo de propaganda en el exterior.
–También tendrá que ver con que Provea lo caracteriza como dictadura desde 2016. ¿Eso se mantiene?
–Yo creo que hay un ideario en América Latina de las dictaduras clásicas que tiene que ver con tanques, bota militar y lo que se vivió mucho en el Cono Sur y en Venezuela con Marcos Pérez Jiménez. En este momento, con el viraje que ha tenido el autoritarismo venezolano, hablamos de una profundización. Ahora, según la teoría clásica, cuando no encuentro elementos básicos de la democracia liberal –independencia y separación de poderes, autonomía del Poder Judicial, elecciones libres, que los poderes tengan una legitimidad de origen–, pues, ¿qué es eso?
Entendemos que hoy día a buena parte de la sociedad venezolana, aunque está conciente de que no estamos en un sistema de libertades, el concepto de dictadura le es difuso. Yo creo que la deriva dictatorial de 2015 ocurrió y la denunciamos abiertamente, porque se desconoce a un parlamento que se elije en elecciones reconocidas por el mundo entero. Es un momento de inflexión. Y desde 2015 no se ha hecho ninguna elección competitiva. Esa es la médula de la crisis de hoy en día.
–¿Participarían o han intentado hacerlo en la consulta pública de ese proyecto de ley?
–Nosotros firmamos un documento junto a otras 327 organizaciones rechazando esa ley. Además hay nueve instancias internacionales de protección que se han pronunciado también. Para nosotros el articulado no tiene discusión. La motivación propia de la ley no podemos acompañarla porque es completamente antidemocrática. Está planteando la eliminación de facto de todas las organizaciones. Elimina el derecho de asociación. Al eliminar eso estás también profundizando más la crisis institucional que ya tenemos. Ese proyecto de ley no tiene discusión. Estamos pidiendo frenar por completo esa ley.
–¿Hay algún tipo de interlocución con el oficialismo?
–Provea, como organizacion de DDHH que no tiene parcialidad partidista, está abierta a escuchar a todos los sectores de la sociedad. Provea no le cierra la puerta a nadie. El gobierno puede hacerse un gran favor leyendo los informes de Provea. Si no quieren leer los diagnósticos, de cómo se ha ampliado la desigualdad en Venezuela, al menos ahí están las recomendaciones y sugerencias. Siempre en el país, desde hace varias décadas y aun en tiempos de chavismo, el informe anual era esperado por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Podían tener observaciones, pero era incorporado en la revisión de sus políticas.
La profundización de la crisis institucional a partir de eliminar la crítica, desconocer cualquier pensamiento disidente, eliminar la pluralidad de la sociedad venezolana, hizo que esos informes, que son para guiar al Estado en sus recomendaciones y recordarle sus obligaciones, ya no lo oyen ni lo leen sino que se convierte Provea en un enemigo público. Ahí están nuestros informes en materia de salud, agua, materia laboral…
–¿Se propone como meta ir a tocar esas puertas?
–Creo mucho en el entendimiento y el diálogo, en la necesidad de construir espacios que nos ayuden a superar la más profunda crisis del país, y eso necesita que miremos a la población más vulnerable. Esa realidad nos compromete a una mayor rigurosidad en las investigaciones, acuciosidad en los análisis políticos y en la interpretación del momento y el tiempo político; y en ser ser interlocutores, incidir para que esta dinámica tan alarmante del solapamiento de los DDHH se revierta a corto plazo. Y estas son razones históricas, no solamente por ese antagonismo del poder civil y el poder militar, sino el tema de los tenedores de la fuerza económica. Nos preocupa mucho que se pongan de espalda al proceso de democratización del país. Si Provea tiene que enviar ese mensaje para reflexionar en torno a eso, lo haremos.
Murillo dirigió la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana desde 2018
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–Si recibiera una llamada desde el gobierno, ¿de quién preferiría que fuera, Tarek William Saab?
–Creemos que los niveles de co-actuación y de la propia articulación y configuración del gobierno hacen que justamente no haya independencia de los poderes. Si la hubiera, tendríamos otra actuación de la Defensoría del Pueblo, que más bien termina legitimando la represión y las arbitrariedades del gobierno. Pasa igual con la Fiscalía. No son personajes con un campo independiente y autonomía de funciones. No está fácil responder eso. No tengo un nombre en específico.
–¿Le da miedo asumir esta responsabilidad en Provea en este contexto?
–No. Yo creo que es el lugar a donde mi propio proceso personal y profesional me ha llevado. Me da mucha fuerza la confianza de mis hijos, que son menores de edad, y de mi familia. Cuando salió mi designación, mucha gente me felicitaba y me decía «cuídate». Ese es el mejor medidor de cómo está la democracia venezolana. En un país democrático, alguien que es designado para ponerse al frente de una organización de DDHH sería mas bien para recibir unos «oye, en qué te podemos apoyar», digo desde las propias instituciones del Estado. Aquí es todo lo contrario. La percepción del «cuídate» mide que hay una falta de garantías democráticas en el país.
–La gestión de Rafael Uzcátegui tuvo mucho que ver con asuntos culturales, publicación de libros y discos y organización de eventos como Música x Medicinas para generar incidencia en espacios culturales. ¿Qué de eso se va a mantener?
–Yo he respaldado y participé de mucho de lo que hizo Rafael en ese sentido de abrirse a nuevos lenguajes y tratar de conectar con gente que no tenía claro que estaba trabajando derechos humanos. Es decir, un periodista o un dirigente sindical es un defensor de derechos humanos, pero también lo es un promotor cultural. En la medida de lo posible, porque el financiamiento a las organizaciones de DDHH en Venezuela se ha visto restringido debido a temas internacionales, mantendremos esas políticas. Hay todavía libros pendientes por publicar y yo creo que el tema cultural debe mantenerse. Lo que sí es que vamos a un periodo de estrechez financiera que se puede profundizar mucho más con el tema de la nueva ley. Por eso tenemos que hacernos muy fuertes, responsablemente garantizar la sostenibilidad de Provea, que trabaja para las víctimas.
En estos tiempos difíciles tenemos que ser los primeros en hacer las cosas bien, en rendición de cuentas, transparencia y comunicación responsable. Yo quisiera que, durante estos tres años, Provea se consolide como institución de referencia para la institucionalización del país, y creo que Provea debe jugar un papel fundamental en la propuesta de un plan nacional de acción en derechos humanos. Provea tiene las capacidades, la historia y los recursos, además del llamado ético, para liderar junto con el grupo de organizaciones aliadas, un proceso para iluminar la realidad venezolana a partir de los derechos humanos. Que las políticas públicas del mañana, que esperemos sea cercano, reflejen esa discusión en derechos humanos.
–En Provea hay un mueble desde su fundación hace casi cuatro décadas por donde han pasado muchas víctimas. Incluso una vez allí se sentó Nicolás Maduro en 1993 cuando no veía a esta organización sino como una defensora de derechos. ¿Ya se sentó allí?
–Sí, claro. Ya me he sentado varias veces. Allí está siempre para las víctimas. Ese es un mensaje muy coherente que tiene Provea. Y me refiero de nuevo a la ley, porque con ella se pretende borrar la historia de las organizaciones e iniciarla desde que sean registradas con ese nuevo instrumento. Peor, cómo borras más de 35 años de historia? ¿Cómo borras la defensa de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de El Amparo? Hay una historia de lucha que es la de la democratización del país. Provea tiene que estar muy comprometida con el proceso de redemocratización del país, y así lo haremos.
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