Otros dos tripulantes del avión de Emtrasur fueron autorizados a salir de Argentina
Hace dos días, la tripulación de Emtrasur fue llamada a declarar a solicitud de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). A juicio de esta asociación, estas personas «procedieron a obtener dinero y/o bienes mediante la realización de una operación comercial lícita con la intención de ser utilizado o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a una organización terrorista»
El mecánico venezolano José García Contreras y el iraní Mohammad Khosraviaragh, ambos tripulantes del avión de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur) retenido en Argentina desde junio, podrán salir de ese país tras el levantamiento de la medida de prohibición.
El juez Federico Villena, del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1, ratificó la decisión. Con estos dos ya son 14 los tripulantes del avión liberados, refiere la Embajada de Venezuela en Argentina.
En la decisión de Villena, los dos tripulantes son «absueltos de toda culpa, declarados inocentes» y «sobreseídos en las causas judiciales que les abrieron». De acuerdo con la información divulgada por la representación diplomática venezolana en Buenos Aires, el proceso tampoco afecta «el buen nombre y honor del que hubieren gozado», en referencia a los liberados.
2/4 Con ellos 2, ya son 14 los tripulantes del avión de #EMTRASUR absueltos de toda culpa, declarados inocentes y tal como lo resuelve el Juez Villena, Sobresíedos en las causas judiciales que les abrieron
— Embajada de Venezuela en Argentina (@EmbaVEArgentina) September 28, 2022
Hay otros cinco tripulantes que están retenidos en Argentina por las investigaciones de presunto terrorismo que adelanta el juez Villena. Son los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh; además de los venezolanos Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones) y Mario Arraga Urdaneta.
Hace dos días, la tripulación en Argentina fue llamada a declarar a solicitud de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). A juicio de esta asociación, estas personas «procedieron a obtener dinero y/o bienes mediante la realización de una operación comercial lícita con la intención de ser utilizado o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a una organización terrorista».
Para llevar a cabo esa operación, la DAIA indicó que Mario Arraga Urdaneta y Víctor Perez Gómez, valiéndose de sus cargos jerárquicos dentro de Emtrasur, «habrían abierto cuentas bancarias en distintos países y/o conformado empresas vinculadas a la actividad aérea».
Mientras que Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi, en calidad de capitán de vuelo e ingeniero de refuerzo respectivamente y bajo la apariencia de ser instructores, «serían los nexos» con las Fuerzas Quds y Hizbulá, según indicó la DAIA.
A Venezuela ya regresaron 12 de los 19 miembros de la tripulación, entre ellos un ciudadano de origen iraní, luego que el 13 de septiembre la Cámara de Apelaciones ordenó su liberación. Los magistrados advirtieron en ese entonces que la causa ofrece “una singular complejidad” y que Argentina se encuentra sujeta a las obligaciones supranacionales orientadas a la prevención y lucha contra el terrorismo. Por ello, y la cantidad de pruebas presentadas hasta la fecha, se justificaron los retrasos en las decisiones judiciales.
El 6 de junio pasado, la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YV3531 -que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de Conviasa, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU, ingresó a Argentina con una tripulación de 19 personas, cinco iraníes y 14 venezolanos.
El avión arribó a Argentina, procedente de México, con escala en Venezuela, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en Argentina porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de EEUU y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización de la aeronave.
