OVV: «A los jóvenes no los protege el Estado, así que deben protegerse a sí mismos»
La crisis humanitaria compleja, los altos niveles de violencia en el país, la falta de oportunidades, las extorsiones por parte de los cuerpos policiales y la falta de políticas públicas que garanticen la protección de la niñez son algunos de los factores que victimizan a los jóvenes de Venezuela
Hay una desprotección absoluta hacia los jóvenes en Venezuela, de acuerdo con Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Durante la presentación, el 7 de junio, de los resultados de la investigación «Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela; las víctimas ignoradas e invisibles», realizada junto con la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Briceño-León señaló que los jóvenes son victimizados por la crisis humanitaria y la pérdida de la institucionalidad en Venezuela.
«Es una juventud que creció con un altísimo nivel de violencia en el país», expresó el profesor y resaltó que a eso se agrega el aumento de la violencia estructural y por parte del Estado. Destacó también la falta de oportunidades para los jóvenes en el país.
No tienen posibilidad de educación y el mundo laboral tampoco les permite sobrevivir realmente».
Briceño-León expuso cinco formas en las que la juventud venezolana es victimizada. En primer lugar, señaló que son víctimas de las agresiones de sus pares. Aunque dijo que son conductas propias de la edad, explicó que cuando los jóvenes son dejados atrás (por la migración) o cuando la escuela deja de cumplir su función, «estas agresiones pueden pasar a actos violentos».
También son víctimas de otros delincuentes. El profesor indicó que los jóvenes en situación de vulnerabilidad tienen dos opciones: someterse a una pandilla o crear otra para defenderse. «Quien debiera protegerlos, que es el Estado, nos los protege, entonces deben protegerse a sí mismos».
Los cuerpos de seguridad ejercen violencia contra ellos. Destacó que tanto los jóvenes «sanos» como aquellos que delinquen son victimizados por parte de los cuerpos policiales mediante la extorsión y el robo.
Por último, resaltó la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las políticas del Estado y recordó que los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Operación Liberación del Pueblo (OLP) se concentraban precisamente en la población de jóvenes.
Señaló que estos operativos se tratan de «muertes preventivas» en las cuales los jóvenes son juzgados y condenados «por lo que pudieran hacer en el futuro, no por lo que han hecho» y que suponían una forma de «limpieza social».
Jóvenes privados de libertad
Carla Serrano, socióloga y secretaria general de la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), destacó que la cifra de jóvenes entre 15 y 29 años que no están inscritos en una institución educativa y tampoco han entrado al mercado laboral aumentó de 23% a 37% entre 2013 y 2021, lo que significa la pérdida de oportunidades.
Serrano reveló que 8.346 adolescentes fueron judicializados en el año 2018 y solo a 14% se les dictó medidas privativas de libertad. «Es una población que podría ser manejable si hubiese las políticas y la intervención adecuada», indicó.
En cuanto a la situación de los jóvenes privados de libertad, la socióloga destacó que los adolescentes permanecen bajo arresto en las comisarías policiales por períodos más largos que los previstos en la ley. También indicó que persisten las prácticas de aislamiento a las que se someten a los adolescentes, que pueden durar entre 15 a 21 días.
Informó que entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, se registraron 65 delitos e infracciones cometidos por menores de edad, de acuerdo a datos de la Redhnna. De estos 65 casos, 54 fueron cometidos por varones.
También resaltó que los jóvenes están en riesgo de ser captados por grupos criminales debido a las altas tasas de homicidios y la creciente presencia de las bandas armadas. Sin embargo, destacó que el Estado ignora esta realidad y no genera políticas de protección oportunas.
*Lea también: Observatorio Venezolano de Violencia registró 2.173 muertes por suicidio en 2022
Niñas y adolescentes mujeres, víctimas ignoradas
Angeyeimar Gil, trabajadora social, investigadora de la UCV y miembro de Redhnna, detalló que las niñas y adolescentes son las víctimas más ignoradas de la violencia de género en Venezuela.
Gil informó que, de acuerdo a la investigación realizada por la Redhnna, 64,9% de las víctimas de abuso sexual fueron niñas y adolescentes mujeres durante 2021. 19,5% fueron niños y adolescentes hombres, mientras que se desconoce el género del 16% restante de los casos registrados.
La población más vulnerable son los niños entre 5 y 11 años, grupo que representó 51% de los casos. 42% fueron adolescentes entre 11 y 17 años y 6,7% fueron niños de hasta cuatro años.
La trabajadora social resaltó diferencias entre los datos obtenidos en 2020 y los datos de 2021. En 2020, 52,5% de los victimarios estaban vinculados al ámbito familiar y 41,7% fueron personas desconocidas o del ámbito comunitario.
En 2021, 54% de los victimarios fueron personas desconocidas y 31% fueron personas del ámbito familiar. Esto puede estar vinculado con el hecho que destacó la trabajadora social: los niños y adolescentes que quedan en el país bajo el cuidado de familiares y terceros cuando sus padres emigran están en mayor riesgo de sufrir violencia sexual.
Dijo que se debe trabajar para prevenir la violencia basada en género. «El Estado debe enfocarse en la prevención, no solo en atender los casos que se presentan», destacó.
Políticas para proteger la niñez
Gloria Perdomo, trabajadora social y coordinadora del OVV, destacó que garantizar la protección de la niñez y juventud debe ser la prioridad del Estado.
Recordó que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) exigen una política específica que incluya medidas para el desarrollo integral de los niños y niñas en áreas como salud, nutrición, educación y participación.
«Hay que trabajar contra el hambre, contra la miseria que saca a la calle, que retira de la escolaridad y le quita oportunidades a la niñez y la juventud», dijo.
Además, recalcó la importancia de tener datos actualizados que permitan monitorear la edad, sexo, ubicación territorial y derechos vulnerados de los niños.
Por último, Perdomo señaló que debe haber una participación del Estado, las familias y la sociedad para asegurar la protección de los niños. «La violencia puede ser erradicada de la vida de las familias», afirmó.
