13 países latinoamericanos plantean en Bruselas cambiar relato sobre diáspora venezolana
Los países miembros del Proceso de Quito abogan por un nuevo relato migratorio sobre los refugiados y migrantes venezolanos. El grupo sesionó en Santiago de Chile, el 15 de marzo, y presentó una declaración conjunta de cara a la Conferencia Internacional de Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, sus países y comunidades de acogida, que se realiza entre el 16 y el 17 de marzo en Bruselas
Los países miembros del Proceso de Quito abogan por un nuevo relato migratorio sobre los refugiados y migrantes venezolanos. El grupo sesionó en Santiago de Chile, el 15 de marzo, y presentó una declaración conjunta de cara a la Conferencia Internacional de Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, sus países y comunidades de acogida, que se realiza entre el 16 y el 17 de marzo en Bruselas.
«Ponemos énfasis en la necesidad de avanzar hacia un nuevo relato migratorio que manifieste los beneficios y oportunidades que representa la movilidad humana para nuestra región, promoviendo la cohesión social, combatiendo la xenofobia, haciéndose cargo de las necesidades de las comunidades de acogida, y fortaleciendo la cooperación bilateral, regional e internacional», enfatizó el Proceso de Quito.
El Proceso de Quito, en el que participan 13 países de la región, es una iniciativa que busca coordinar acciones en torno a la recepción de migrantes venezolanos en el continente. Los países miembros son Argentina, Brasil, Chile; Costa Rica, República Dominicana; Ecuador; Guyana; México, Panamá; Paraguay, Perú y Uruguay.
En el documento destacan que la cooperación internacional es un elemento fundamental «para enfrentar los desafíos derivados de la movilidad humana en nuestra región. Las instancias multilaterales de participación son los espacios propicios para la promoción del respeto a los derechos humanos, de los valores democráticos y la búsqueda de soluciones conjuntas, responsables y solidarias».
Sostienen que los procesos de movilidad humana representan una oportunidad para fortalecer el diálogo internacional, y con ello, elaborar políticas públicas en favor de las personas refugiadas y migrantes, favoreciendo su óptimo desarrollo e integración en sus comunidades de acogida».
Al mismo tiempo, al analizar la situación de los migrantes, los países del Proceso de Quito indican que que los desafíos derivados de la movilidad humana en la región son múltiples y que su abordaje integral «requiere de un compromiso bilateral, regional e internacional de cooperación y coordinación, sobre la base del principio de responsabilidad compartida y el respeto a los derechos humanos».
De esta manera, abogan por acciones articuladas para combatir delitos transnacionales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como las diversas situaciones conexas que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas refugiadas y migrantes.
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Otro aspecto de la declaración se basa en el llamado a a incrementar los esfuerzos de ayuda técnica y financiera, y a potenciar las alianzas de cooperación con todos los actores con el fin de mantener la visibilidad internacional de la crisis de movilidad humana que enfrenta la región latinoamericana, y contribuir a los esfuerzos que realizan los países de acogida para la atención humanitaria e integración de la población refugiada y migrante.
Agradecen los más de 2.350 millones de dólares comprometidos en la Conferencia de Donantes de 2021 para apoyar la respuesta a la situación de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
«Si bien destacamos que la mayoría de estos compromisos se dirigieran a intervenciones humanitarias, y reconociendo la importancia de una respuesta humanitaria coordinada y eficiente, debemos avanzar hacia una estrategia de integración sostenible en los países y comunidades de acogida que permita cubrir las brechas existentes de cooperación técnica y financiera», subrayan.