Países solicitan verificación independiente de las presidenciales ante Consejo de la ONU
Más de 20 países insisten en la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, cuyo mandato vence este septiembre, y el retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela. Estados Unidos, Paraguay, Albania y Georgia mencionaron la salida forzada de Edmundo González. Rusia, Cuba y otros regímenes lamentaron la «politización» del Consejo de DDHH de la ONU y la imposición de medidas coercitivas
Durante el diálogo interactivo por el quinto informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, más de una treintena de países se refirió a la profundización de la crisis política derivada por las elecciones presidenciales y solicitaron una verificación independiente de los resultados.
Las autoridades electorales dieron como ganador al gobernante Nicolás Maduro, cuestión que fue validada por el Tribunal Supremo de Justicia en base a un «peritaje». La oposición reclama que, de acuerdo a las actas de votación en su poder, el ganador es Edmundo González Urrutia, asilado en España desde el 8 de septiembre por «coacciones».
En la discusión del informe de la Misión, que según su presidenta «tiene especial significado por la situación política y de derechos humanos que se viven» en el país, un grupo de Estados miembros del Consejo de DDHH de Naciones Unidas coincidió en la necesidad de verificar los resultados de forma independiente.
El primero en poner de manifiesto esta solicitud fue Ecuador, a nombre de un grupo de siete países. «Deploramos la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral», señaló la representante, quien destacó que la administración Maduro debe detener inmediatamente la represión e iniciar las investigaciones sobre estas graves violaciones de derechos humanos» para sancionar a los responsables.
La Unión Europea dijo que seguirán «trabajando para que la voluntad de los venezolanos sea respetada», al igual que los representantes de Perú, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Rumanía.
Australia solicitó en particular que se publiquen resultados detallados de todos los centros de votación «para garantizar la transparencia» de la elección, como defendió el embajador venezolano Alexander Yánez.
Por su parte, Reino Unido manifestó su disposición a colaborar «con una solución pacífica y que respete la voluntad de todos los venezolanos», para lograr una institucionalidad «sin obstáculos ni cortapisas». Israel llamó a las autoridades a que «no abandonen la institucionalidad democrática», pues su restablecimiento «puede llevar décadas».
Una posición similar de diálogo, aunque entre el gobierno y la oposición, fue esgrimida por Sudán. El país africano instó a las autoridades «a que investiguen cualquier evento que se haya producido, que se haga justicia y ayuden a las víctimas».
Mientras que Portugal y Brasil instaron a que se reanude «el curso acordado en Barbados», pues los resultados de las presidenciales «están todavía por determinarse».
«La normalización política de Venezuela depende del esfuerzo de todos», aseveró el representante de Lula da Silva.
Estados Unidos dijo que están «siendo testigos de una degradación rápida de los derechos humanos y la democracia (…) No podemos dejar que Maduro y sus representantes se aferran al poder por la fuerza». También saludó los esfuerzos de Colombia y Brasil para atender la situación y mencionó su preocupación por «la cantidad de ciudadanos detenidos estadounidenses en Venezuela sin determinar».
Por su parte, el representante de Japón en la ONU solicitó a Venezuela «a que respete el Estado de derecho», se aborden las denuncias internacionales y que todas las partes implicadas «se abstengan a usar la violencia y respeten los derechos humanos de todos los venezolanos».
«Se ha retrocedido de tal manera que estamos ante un escenario más dramático. No olvidemos que los derechos políticos son derechos humanos», dijo el representante de Paraguay, que condenó la coacción al opositor Edmundo González para que saliera del país, al igual que EEUU, Georgia y Albania.
Paraguay también manifestó su preocupación de suspender a Brasil el encargo de velar por los intereses de la Embajada de Argentina en Caracas, lo que consideran violatorio de la Convención de Viena.
Sobre este punto, el embajador argentino comentó que recibieron informaciones de que el gobierno de Maduro planeaba justificar una incursión en la embajada como parte de un «plan de Estados Unidos». Aseguró que se trata de «Netflix en estado puro», y solicitó que se emitan los salvoconductos correspondientes a los seis opositores «para protegerlos en casa».
Apoyo a la Misión de la ONU
Al menos 21 países también coincidieron en la necesidad de que se renueve el mandato de la Misión de Determinación, una decisión que se votará en octubre, la liberación «incondicional» de todos los presos políticos, así como el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela sin que se modifique su labor en el terreno.
La Misión reiteró sus hallazgos sobre la ocurrencia del crimen de lesa humanidad de persecución, debido a la variedad e intensidad de las graves violaciones registradas entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La experta Martha Valiñas destacó que esto forma de un «plan diseñado anticipado y ejecutado bajo diversas modalidades de represión para silenciar y aplastar a la oposición», lo que conlleva que las víctimas y la población en general «se encuentren desamparados» mientras la independencia de poderes cada vez está más disminuida.
El embajador portugués enfatizó que «lo que muestra la misión es sobrecogedor (…) Estamos siendo testigos de que el aparato estatal creciente se orienta a la represión». Desde Ucrania calificaron el informe como «pruebas trastornadoras» y se solidarizaron con los venezolanos «por su lucha por la democracia y los derechos humanos».
A juicio de Canadá, la administración Maduro «está utilizando una táctica de represión para generar miedo a la población». También se mencionó que la llamada Ley contra las ONG «podría convertirse en un punto de no retorno a la libertad de asociación».
Irlanda y Chile solicitaron «una investigación rápida, exhaustiva y detallada» de las muertes de al menos 25 manifestantes en las protestas poselectorales.
Mientras que Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos también manifestaron su preocupación por las formas crecientes de represión digital y física de la población. Hicieron un llamado particular a que se garantice asistencia médica y jurídica a los dirigentes políticos María Oropeza, Freddy Superlano y Perkins Rocha.
En defensa de Maduro
18 países también participaron del diálogo interactivo para defender a Venezuela de las «presiones políticas» del Consejo de Derechos Humanos a través del informe de la Misión, que dijeron está motivado por intereses de «intervención» sobre el país por parte de Estados Unidos.
Nicaragua destacó la «politización de este Consejo contra Venezuela por algunos países y sus acólitos. Son los mismos que incentivan a la violencia tratando y fomentando la intervención extranjera en el país bajo la excusa de una emergencia humanitaria».
Cuba, a nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, señaló un «doble rasero» por parte de esta instancia de la ONU, y reafirmó su condena «al incremento de medidas coercitivas o cualquier uso de extorsión política relacionada al levantamiento de estas medidas».
Sri Lanka, Irán, Arabia Saudita, Zimbabue, Türkiye, Burundi, Sudán del Sur, Nicaragua, Laos y Bolivia solicitaron que existe una «participación constructiva» del Consejo hacia Venezuela y una «cooperación real».
Honduras aseguró que el informe fue elaborado con una «selectividad de fuentes», por lo que deja dudas sobre «su imparcialidad, objetividad, transparencia e imparcialidad. No se considera el impacto negativo de la masiva difusión de información falsa».
Por ello, pidió «examinar cuidadosamente la labor realizada por este mandato y si contribuye a la politización de este foro».
El representante de Eritrea exigió «que se interrumpa cuanto antes el mandato de la Misión», al tiempo que manifestó su preocupación de que «algunos países no quieran reconocer las elecciones de otro y los intentos de socavar las decisiones políticas de los venezolanos».
Mientras que Rusia y China señalaron una «guerra híbrida» e «injerencia ilegal» contra Venezuela «para no reconocer la voluntad de los votantes ni de las autoridades electorales o judiciales». Esto a través de «diferentes medidas» de las que acusó directamente a Estados Unidos y la oposición.
A juicio de Rusia, todo pretende «azuzar un sentimiento anti venezuela. Nos preocupa la parcialidad de la Oficina del Alto Comisionado que por una parte especula sobre la ocurrencia de violaciones de derechos humanos y por otro lado ignora denuncias».
