Parlamento venezolano denuncia masacre al pueblo pemón y pide medidas especiales
La diputada Delsa Solórzano aseguró que desde la AN realizan “un levantamiento concienzudo” de los eventos en los últimas días, porque “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”
La Asamblea Nacional aprobó el miércoles 27 de febrero un informe de la comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria y rechazó los hechos de violencia acaecidos desde el 22 de febrero por los intentos de ingreso de alimentos y medicinas, especialmente la persecución contra la población indígena del sur del país.
En la primera sesión sin la presencia del presidente de la Parlamento venezolano, Juan Guaidó, la plenaria aprobó un permiso al también presidente de la República (encargado) para ausentarse del país, de acuerdo al artículo constitucional 187 en su numeral 17, que le otorga a la AN las competencias para «autorizar la salida del Presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos».
El diputado Miguel Pizarro (Primero Justicia-Miranda), presidente de la comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro es capaz de incendiar cargamentos completos de medicinas, suplementos alimenticios para evitar que lleguen a la población vulnerable, en referencia a la quema de dos camiones en la frontera con Táchira el pasado 23 de febrero.
Pizarro rechazó las «celebraciones» de distintos dirigentes oficialistas por el impedimento del ingreso de la ayuda. «¿Qué carajo celebran? ¿Qué se siguen muriendo los niños del JM de los Ríos? ¿Qué celebran? ¿Qué se mueren ciudadanos?».
Dijo que el régimen tomó la decisión de unir «a quienes deshonran el uniforme con civiles armados para reprimir», lo que dejó como resultado cuatro fallecidos en Santa Elena de Uairén (estado Bolívar) y uno en Ureña (Táchira).
Además hizo un llamado a aquellos países que han adoptado posiciones de neutralidad ante la crisis venezolana. «Qué más necesitan para tomar una decisión. Quienes en tiempo de opresión y asesinato se escudan en la neutralidad, escoge el lado del opresor».
Sobre el informe de la comisión especial sobre la ayuda humanitaria y los hechos de violencia acaecidos el sábado 23, el diputado Pizarro indicó que estas acciones son consideradas crímenes de lesa humanidad y las denuncias serán enviadas a la Corte Penal Internacional para que formen parte de la denuncia contra Nicolás Maduro en este organismo.
Entre las recomendaciones aprobadas por la AN están la solicitud de medidas de protección especiales para la etnia pemón.
Por ello se urge a las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Unión Interparlamentaria y al Parlamento Europeo, para que envíe una comisión oficial que acompañe al Parlamento en la investigación sobre la “masacre” a los indígenas pemones.
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Otras medidas especiales es para los diputados que estuvieron en las fronteras con Colombia y Brasil ante la Unión Interparlamentaria Mundial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como protección hacia los voluntarios del área de la salud.
Por último, aprueban la visita de la comisión especial hasta las zonas fronterizas para evaluar el asedio a la población.
Violencia por igual
Dentro de las denuncias recibidas en el hemiciclo de sesiones estuvo la declaración de la periodista Annika Rothestein, corresponsal de The Wall Street Journal, quien denunció que grupos de civiles armados y encapuchados los golpearon, robaron todas sus pertenencias y les dispararon cuando trataba de ingresar junto a su equipo a territorio colombiano a través de la frontera con Táchira.
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El diputado indígena Romel Guzamana (Voluntad Popular – Amazonas) denunció los ataques de componentes de la Fuerza Armada Nacional (Guardia Nacional y Ejército) a la población de Santa Elena de Uairén y San Francisco de Yuruaní, conocida con el nombre de Kumaracapay.
Estas acciones dejaron como resultado más de 30 personas heridas de bala, y aseveró que al menos 20 personas fallecieron entre el 22 y 23 de febrero, con lo que discrepa de cifras ofrecidas por organizaciones como el Foro Penal Venezolano.
Yo ingresé a la morgue de Santa Elena y vi más de diez muertos. El Foro Penal habla de cuatro muertos, pero yo lo dudo. Yo vi más», aseveró Guzamana.
El diputado también negó que la ayuda humanitaria haya ingresado a territorio venezolano, pues la acción de la Guardia Nacional impidió que los parlamentarios y ciudadanos en la frontera pudieran ingresarla.
Mientras que Dennis Fernández (Acción Democrática – Cojedes) señaló que el 23 de febrero se vio el exceso de represión a un pueblo que solicitaba ayuda humanitaria, y al trabajo de los parlamentarios que se trasladaron hasta las fronteras.
Fernández hizo un recuento de la violencia sufrida por los parlamentarios en su recorrido desde Caracas hasta Táchira, y mencionó que desde el 22 de febrero se han registrado 411 funcionarios civiles y militares que «se han apegado a la Constitución», 52 detenciones arbitrarias, los ataques y persecución a pueblos aborígenes además de los fallecidos.
La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano – Miranda) aseguró que desde la AN realizan “un levantamiento concienzudo” de los eventos en los últimas días, porque “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”.
Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a luchar y vamos a ganar. Aquí ahora hay más hambre y más tristeza. Están masacrando al pueblo para mantenerse en el poder», sentenció la parlamentaria.
Karin Salanova acusó directamente a Maduro por la quema de 50 toneladas de ayuda humanitaria «que beneficiaría a 325 mil venezolanos, que hoy corren peligro por este sistema corrupto que se robó el dinero de toda la nación».
Por su parte, Omar González, en representación de la fracción parlamentaria 16 de Julio, propuso un proyecto de acuerdo «que autorice al presidente Juan Guaidó para que utilice la convocatoria de una coalición internacional que le ponga coto a Maduro y a su camarilla».
González indicó estar convencido de que el Grupo de Lima y las democracias del mundo van a apoyar dicho acuerdo: «Nadie se negará a votar a esta propuesta. Para que nunca más tengamos que hacer un minuto de silencio por los caídos que luchan por la libertad».
Por último, el diputado José Trujillo (Acción Democrática – Aragua) invitó a los médicos a poner en su diagnóstico final las muertes de pacientes que se deban a falta de insumos o desnutrición, dependiendo del caso.
Cada vez que fallezca un venezolano más por desnutrición que los médicos escriban que murió por falta de insumos, así levantaremos un expediente contra Maduro por crímenes de lesa humanidad por quemar ayuda humanitaria, por asesinar pemones», dijo Trujillo.
Altercado en plenaria
Durante la lectura de las actas de la sesión pasada y el orden del día, un grupo de trabajadores del Sindicato de Obreros de la Asamblea Nacional (Sinolan, identificados con el chavismo) trataron de ingresar a la fuerza al hemiciclo de sesiones para solicitar un derecho de palabra.
Algunos ingresaron a los palcos superiores y colocaron una pancarta, al tiempo que diputados como Franco Casella denunciaban que estaban armados.
Algunos trabajadores dijeron a los medios que una mujer fue agredida por los parlamentarios durante el altercado, y explicó que solicitaban el derecho de palabra para denunciar supuestas presiones para no acatar los días de asueto decretados por Nicolás Maduro, o serían penalizados con restricción en sus pagas.
#27Feb Trabajadora de Sinolan (sindicato identificado con el oficialismo) denuncia agresión de parlamentarios cuando intentaban ingresar al hemiciclo de sesiones para solicitar un derecho de palabra pic.twitter.com/oiWIIJ4TiQ
— TalCual (@DiarioTalCual) 27 de febrero de 2019
Además rechazaron que por el desacato dictado por el Tribunal Supremo de Justicia no puedan percibir algunos beneficios laborales previstos en la contratación colectiva, y rechazaban una posible intervención extranjera.
#27Feb Trabajadores del sindicato oficialista de la Asamblea Nacional denuncian que les obligan a asistir los días de asueto decretados por Nicolás Maduro y que no pueden percibir beneficios laborales por el «desacato» decretado por el TSJ pic.twitter.com/vwC3xq1GIE
— TalCual (@DiarioTalCual) 27 de febrero de 2019
Por estas denuncias, la junta directiva decidió designar a los diputados Bolivia Suárez y Juan Carlos Velazco para que atendiesen estos reclamos.
