¿Participar o abstenerse?, por Richard Casanova
La convocatoria a «elecciones» regionales y parlamentarias ha desatado una justificada controversia en torno a participar o abstenerse, la cual no puede abordarse a partir de consideraciones dogmáticas. Es decir, una u otra pueden ser una opción válida dependiendo de las circunstancias, ninguna es buena o mala por sí misma. Ser participacionista o abstencionistas, no es una condición congénita e irreversible.
El principal argumento a favor de la participación lo aportan quienes dicen que el triunfo opositor en las elecciones del 28J –pese a las condiciones adversas– demostró que la fuerza de la unidad es capaz de vencer todos los obstáculos y por eso no debemos abandonar la ruta electoral. En conclusión: la oposición ganaría otra vez por paliza.
El argumento luce impecable a primera vista, pero al arribar a esa equivocada conclusión se obvia no solo la experiencia del 28J, sino algunas consideraciones determinantes. Por ejemplo, si la oposición quisiera lanzar a María Corina Machado o a Henrique Capriles –para nombrar solo dos de los líderes opositores– no podría hacerlo porque están inhabitados. ¿Que esa fue una limitación que logró superarse para las elecciones del 28J? Cierto, pero ahora al gobierno no le basta con las inhabilitaciones y ha impuesto como condición que los candidatos deben reconocer los resultados emitidos por el CNE que proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo, algo que no han hecho ni siquiera cercanos aliados del gobierno como Brasil, Colombia y España, entre otros que han sumado su voz al concierto internacional que exige la presentación de las actas, auditorías confiables y cumplir todos los pasos que exige la legislación electoral venezolana para acreditar al ganador de los comicios.
Para una amplia mayoría del país y de la comunidad internacional, tal reconocimiento tal reconocimiento a Maduro –en la situación actual– es a su vez el desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano expresada aquel 28J en las urnas electorales y eventualmente una amenaza a la soberanía nacional, considerando que –según la CRBV– ésta reside en el pueblo. Por supuesto, las «elecciones» convocadas son simplemente un trapo rojo para desviar la atención del foco principal del problema: preservar nuestra soberanía como pueblo y defender nuestra voluntad, en estricto apego a lo establecido en nuestra Carta Magna.
En el supuesto negado de que pueda obviarse semejante escollo, recordemos entonces que los partidos políticos han sido judicializados, incluso a la oposición le han secuestrado recientemente la tarjeta de la MUD, que era la única que quedaba en el campo democrático.
Así las cosas, si Primero Justicia quisiera lanzar –por ejemplo– a su presidente, María Beatriz Martínez o a Tomás Guanipa, uno de sus líderes fundamentales, no tendría tarjeta para postularlo. Si la oposición quisiera lanzar a Ramos Allup, a Pérez Vivas o a Andrés Velásquez, sucedería lo mismo. Incluso, si se quisiera lanzar a alguien de incuestionable prestigio como Ramón Guillermo Aveledo o como el Padre Ugalde –si su condición religiosa lo permitiera– no habría forma de hacerlo, salvo que le pidan la tarjeta a Bernabé Gutiérrez, a Antonio Ecarri o a cualquiera de los que gozan de la benevolencia de Miraflores y se han prestado para hacerles comparsa. ¡Y esa no existe!
Más grave aún, si la oposición quisiera lanzar al Alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina, Enrique Márquez, Freddy Superlano, William Dávila, Rocío San Miguel o Biaggio Pilieri, tampoco podría hacerlo porque están tras las rejas, en una condición mucho más dolorosa que la enfrentada por los centenares de dirigentes que están en un exilio forzoso y que tampoco podrían ser candidatos. Obvio, es una vana ilusión pensar en seleccionar a candidatos realmente opositores y «escogerlos entre los más inteligentes, capaces y trabajadores», como algunos proponen. Eso no es posible, los candidatos serán única y exclusivamente los que el gobierno permita.
A la verdadera oposición no le será admitida su postulación y ni siquiera tiene tarjeta para hacerlo. Entonces, más allá de los argumentos principistas y de las posibilidades de un fraude, la hipótesis de que la oposición puede ganar esas elecciones es falsa, por la sencilla razón de que no podrá participar. ¡Punto! No le busquemos 5 patas al gato. A pesar de lo antes expuesto, analicemos otros argumentos utilizados para justificar la participación en este evento.
Para manipular la situación algunos han planteado un falso dilema: participamos o no hacemos nada. Al respecto, en su reciente artículo mi buen amigo –el economista José Guerra– ha hecho una valiosa distinción entre la abstención activa y pasiva. Nadie ha sugerido cruzarse de brazos como una opción. En esa misma línea, otros sugieren que las elecciones son una oportunidad para organizar y movilizar a la sociedad en defensa de sus aspiraciones democráticas. ¿Acaso es la única opción para lograr ese objetivo?
En vez de embestir a ese trapo rojo y dilapidar esfuerzos y recursos en unas «elecciones» que no tienen por finalidad elegir, ni impulsar cambios ¿Por qué no destinamos la imbatible fuerza de la unidad para exigir salarios justos para los trabajadores? ¿Por qué no organizar y movilizar a la sociedad para exigir la liberación de los presos políticos? ¿Por qué no escuchar más bien el clamor de un país que clama por servicios públicos eficientes y de calidad? ¿Por qué no colocar el tímpano en el corazón de un pueblo que sufre ingentes calamidades, en vez de escuchar la írrita convocatoria de un gobierno desesperado por «pasar la página»? Es claro que la disyuntiva no está entre votar y no hacer nada.
Desafortunadamente ninguno de los que izan la bandera de la participación hoy, ha planteado organizar y movilizar al país –no para exigir respeto a los resultados del 28J, sería mucho pedir– sino para promover un cambio del CNE que haga factible y creíble unas futuras elecciones. El actual organismo electoral no tiene autoridad moral para convocar, mucho menos conducir ningún proceso en Venezuela y si el gobierno quisiera rectificar su rumbo, un cambio en el CNE es lo menos que podría concertar con la verdadera oposición.
No hay razón para creer que ahora si se cumplirán los extremos de la ley y con transparencia se anunciarán los resultados electorales. De hecho, una nueva condición para ser candidato es aceptar los resultados que se anuncien, sin verificación alguna.
Otro estimado amigo sugiere que «hay que votar porque alimentar la división sería un grave error». Surge entonces la pregunta ¿Quién alimenta la división: los que proponen enfocarse en la defensa de la voluntad de los venezolanos expresada del 28J o quienes se animan a participar en una parodia electoral que pretende sepultarla? En esas elecciones participarán solo el PSUV y sus aliados: veremos a los mismos que no se inscribieron en las primarias, igual presentaron sus candidaturas para el 28J y las sostuvieron con el ánimo de dividir a las fuerzas del cambio. Por fortuna, ninguno de ellos superó el 1%, es decir son moral y estadísticamente despreciables. Así que su participación ahora en ese templete electoral no significa absolutamente nada para el país y carecen de fuerza para dividir a la oposición, eso es solo un anhelo frustrado del gobierno.
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Tampoco la abstención puede verse como respuesta a la represión. Lamento que éste mismo amigo usara la popular frase «¿Quién dijo miedo?» para titular su artículo de opinión, sugiriendo que participar sería un acto de valentía, ergo serían cobardes quienes no asuman el «reto». Esto es una manipulación inaceptable que desconoce el inmenso coraje que ha demostrado el liderazgo democrático y el pueblo venezolano en los últimos tiempos. Mi respeto para ese país –que en medio de la adversidad– se mantiene en pie de lucha.
Finalmente, para quienes pretenden arrogarse la representación del pueblo y en nombre de él, convocar a votar, les sugiero que esperen las encuestas, aunque podemos inferir que la inmensa mayoría de la población no está dispuesta a participar en una farsa electoral cuya finalidad es precisamente acallar la voz de las mayorías y dejar sin efecto los resultados del 28J.
Es momento de definiciones, de reafirmar y ampliar la unidad. También es propicia la ocasión para desmarcarse de salidas fantasiosas e insistir en crear condiciones para promover una transición democrática. Nadie puede renunciar al diálogo y a la negociación: hasta en medio de las más cruentas guerras, es necesario abrir ventanas para alcanzar la paz.
La acción política interna y la presión internacional deben enfocarse en propiciar espacios para restablecer la institucionalidad democrática y construir una salida pacífica a la crisis, la cual tiene una clara tendencia a agudizarse.
En algunas esferas del poder saben que la situación es insostenible. Ojalá que el gobierno asuma que la idea de «normalizar» al país no es posible, que intentar «pasar la página» es un esfuerzo inútil. Durante un cuarto de siglo han utilizado todos los recursos para fracturar la voluntad democrática y doblegar el espíritu de lucha del pueblo venezolano, nunca no ha sido posible y nada indica que ahora lo lograrán, justo cuando es ostensible la fragilidad de su piso político. ¡Dios bendiga a Venezuela!
Richard Casanova es Diputado – CLEANZ Anzoátegui / Arquitecto / Directivo nacional del CIV
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