Pedro Castillo apela a una intervención de la ONU para conseguir «justicia»

En la audiencia de apelación, el expresidente peruano Pedro Castillo aseguró que fue amenazado con fusiles por la Policía cuando se trasladaba desde el Palacio de Gobierno hacia la Embajada de México, y reiteró que él no buscaba huir del país o solicitar asilo, sino que lo hacía para acompañar a su familia a buscar protección «por el horrible hostigamiento»
El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró este martes 4 de abril que es un «preso político» y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas para hallar «justicia» ante la «inseguridad jurídica» que, aseguró, se está «creando» en su país.
«Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas ya que, en el Perú, ni mi pueblo ni yo encontramos justicia», dijo Castillo al término de su intervención en una audiencia virtual de apelación.
El expresidente fue acusado y encarcelado del delito de rebelión, tras el fallido autogolpe de Estado que intentó perpetrar en diciembre pasado.
Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso, y otros 36 meses por otro caso de presunta corrupción, el exmandatario aseveró que se está creando «una inseguridad jurídica no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional».
Pedro Castillo argumentó que «cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un antejuicio político».
En la audiencia también aseguró que fue amenazado con fusiles por la policía cuando se trasladaba desde el Palacio de Gobierno hacia la Embajada de México, y reiteró que él no buscaba huir del país o solicitar asilo, sino que lo hacía para acompañar a su familia a buscar protección «por el horrible hostigamiento».
Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General del Perú se pronunciaron en contra de la apelación y pidieron al poder Judicial confirmar la resolución que permitió que sigan las investigaciones, al tiempo que se validen las actuaciones realizadas durante el caso por el golpe de Estado.
Con información de El Comercio