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Película repetida, por Teodoro Petkoff



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Teodoro Petkoff | diciembre 19, 2001

Hay dos problemas básicos con las leyes de Adina. Uno, referido al modo como fueron promulgadas; otro, referido a sus contenidos. El primero atañe a los criterios de lo que es la democracia. Quien se autodefine como revolucionario tiende a considerar como «enemigos» a los sectores que se le oponen, con los cuales no tendría que discutir ni consultar nada. El mundo es en blanco y negro. Con Dios o con el Diablo. Por eso las revoluciones, hasta ahora, han sido violentas y soportadas por sistemas políticos autocráticos. El «enemigo» es doblegado por la fuerza y mediante la represión es forzado a aceptar las decisiones gubernamentales. El gobernante democrático, por su parte, entiende que la sociedad es compleja de por sí y que sus distintos sectores, poseyendo intereses propios y diferentes en muchos casos, no pueden ser tratados como «enemigos» a excluir sino como partes de la sociedad con los cuales, incluso para afectar sus intereses, hay que mantener puentes y desarrollar consultas cuando ello sea pertinente.

El problema para el supuesto revolucionario que gobierna una sociedad democrática es que en ésta existen limitaciones institucionales para el ejercicio de la fuerza y la represión y por ello el gobernante, si no quiere generar resistencias crecientes a su mando, que pudieran comprometer incluso su proyecto, tendría que considerar la necesidad de interactuar con los sectores que se le oponen. Chávez cree que puede obviar esta exigencia de la realidad y por eso piensa que es posible promulgar leyes sin tomar en cuenta la opinión de nadie más que de los cenáculos supuestamente iluminados de la «vanguardia revolucionaria», desdeñando los criterios de sectores que previamente ha satanizado. Puesto que guerra avisada no mata soldados, el resultado es una crisis política, porque el marco democrático hace posible la protesta de quien con razón o sin ella se siente afectado en sus intereses. La crisis deriva de que nadie, si puede oponerse a ello, está dispuesto a aceptar que le claven disposiciones sin debate ni consulta. Este requisito es esencial para asegurar la gobernabilidad democrática. Puesto que Chávez lo soslaya, al sentir ahora que la crisis lo desborda amenaza con recurrir a la represión para así ahorrarse engorrosas negociaciones y consultas con el «enemigo». En eso estamos ahora. El segundo aspecto tiene que ver con el contenido de las leyes. Son leyes de un anacronismo patético, que repiten los errores proverbiales de las experiencias de izquierda fracasadas en el mundo y desconocen los éxitos de las socialdemocracias europeas. De una inspiración envejecida, continúan viendo en la inversión extranjera al «imperialismo», se refieren todavía a un ya inexistente «semifeudalismo», siguen concibiendo al capitalista y al banquero como chupasangres por definición. De este modo se cierra el camino de las reformas posibles y necesarias para darle un rostro humano al capitalismo. Porque el sistema, aquí, ciertamente, excluye de sus beneficios a millones de seres y mantiene bolsones de injusticia que es preciso superar. Pero las leyes de Adina no resuelven los problemas de los pobres y afectan negativamente a todo el conjunto del país. Lesionan y excluyen a los sectores productivos y perjudican precisamente a aquellos desposeídos a quienes supuestamente pretenden beneficiar. Es una película que hemos visto ya tantas veces…

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