Pensionados buscarán denunciar ante la CPI la violación de sus derechos
El IVSS pagó el 18 de octubre un monto de 14 bolívares a los pensionados, monto correspondiente a noviembre y a un aguinaldo
El presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados, Emilio Lozada, aseveró este miércoles 20 de octubre que buscarán llegar a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al Estado venezolano la violación de los DDHH de las personas de la tercera edad, luego de haber agotado todas las instancias nacionales y referir que sus denuncias llegan a oídos sordos.
Lozada manifestó que para llegar a esa instancia deben recabar pruebas, ser minuciosos y armar un expediente «sustancioso» para que se desarrolle un proceso en función a lo establecido en el Estatuto de Roma referente al «extermino de una población», al tiempo que manifestó que «esta situación no la aguanta nadie».
Calificó de «falta de respeto» la pensión que reciben las personas de la tercera edad en la actualidad -el 18 de octubre comenzó el depósito del IVSS de 14 bolívares, correspondiente al mes de noviembre y a un mes de «aguinaldo»- porque refirió que los trabajadores laboraron unos 30 años para tener una jubilación digna y ahora ese dinero no vale nada.
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Destacó en entrevista al Circuito Éxitos que en España hay entre 5.000 y 7.0000 jubilados venezolanos en 16 asociaciones, quienes no cobran su pensión desde hace cinco años y nueve meses; situación que calificó de «grave» y llena de incertidumbre.
Indicó que el martes 19 de octubre acudieron la sede de la Defensoría del Pueblo a fin de entregar un documento en el que expresaron la violación de sus derechos constitucionales. “Nos recibieron el documento, otro más que reposa en los escritorios sin respuesta alguna para nosotros”, detalló.
Agregó que ese folio forma parte de un compendio de 127 comunicaciones entregadas en los últimos nueve meses, de los que no han recibido respuesta alguna.
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Emilio Lozada afirmó que no están pidiendo nada nuevo, sino que más bien se cumpla lo establecido en las leyes. Dijo que en el Municipio Libertador de Caracas, específicamente en Catia, hay un grupo que oscila entre 300 y 500 personas de la tercera edad que venden sus pertenencias para poder comer porque no les alcanza y refirió que en el interior la situación es peor.
A pesar de no estar de acuerdo con bonos, propuso que el Estado pueda agregar un monto por este concepto para que los pensionados puedan comprar una bolsa de alimentos que ronda los 50 bolívares.