Perfil | Eduardo Torres, el abogado con espíritu sindical detenido por «terrorista»
El abogado Eduardo Torres, quien labora en Provea desde el año 2019, fue acusado por el fiscal Tarek William Saab de estar vinculado a una «trama conspirativa para generar violencia» durante las elecciones del 25 de mayo. Su esposa, Emiselys Núñez, desmiente las acusaciones y solicita a las autoridades «que se les respeten sus derechos, que se le respete su integridad física, que se le respete el derecho que tiene a un abogado privado, sobre todo que se le respete su vida»
Desde los 14 años, Eduardo Torres está vinculado al activismo y los reclamos por condiciones dignas. Primero como presidente del consejo estudiantil en el liceo de su natal San Felipe, y luego mientras se formaba dentro del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (Iuty).
«Eduardo desde siempre ha defendido los derechos de las personas, su dignidad. En aquel entonces era por los pasajes, por el comedor, porque los estudiantes tuvieran cupo. Pasó a la universidad y ha seguido su lucha por los derechos humanos», dice Emiselys Núñez, la esposa con la que tiene 32 años de relación y dos hijos: uno de 26 años, que estudia derecho, y otra de 13 años.
Ahora esa lucha del abogado, especialista en derechos humanos y laborales, la replican sus familiares, pero esta vez por su propia integridad. Torres forma parte del equipo de exigibilidad jurídica del Programa de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) y desde el viernes 9 de mayo se encuentra desaparecido. La Fiscalía confirmó su detención la tarde del martes 13 de mayo en un comunicado.
Sus familiares, compañeros de trabajo y sindicatos con los que se relaciona están conscientes que esto se debe a su labor como defensor.
Emiselys Núñez se comunicó por última vez con su esposo alrededor de las 4:00 p.m. del viernes 9. Él estaba en Parque Central (Caracas), el complejo urbanístico inaugurado en 1983 como una novedad en Latinoamérica. Salía de una reunión en ese lugar cuando le informó a Emiselys que se trasladaría al hogar, pero nunca llegó.
No hay testigos y ningún cuerpo de seguridad se ha atribuido la detención del abogado de 48 años, que actualmente cursa un postgrado en derecho penal, es empleado del Centro para Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y secretario de convención colectiva del Sindicato Nacional de Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat UCV).
«Él se comunicó conmigo que iba para la casa, alrededor de las 4 de la tarde, porque se sentía un poco cansado de la jornada de todo el día. Yo esperé toda la noche, en angustia, tratamos de comunicarnos con él. Tratamos de comunicarnos por llamada pero el teléfono sale apagado, los mensajes de Whatsapp no le llegaban. En la mañana llamé a las personas con las que se había reunido y me dijeron que se había ido a las 4 de la tarde. En ese momento me comuniqué con los abogados de Provea y desde entonces estamos en esto», recuerda Emiselys.
Junto a abogados ha recorrido diferentes centros de reclusión del Área Metropolitana de Caracas. En ninguno ha obtenido respuestas.
«Es increíble como no tenemos justicia, no tenemos acceso a nada de justicia. Por eso Eduardo estaba luchando», señala.
Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo, un Día de las Madres que debía estar celebrando junto a su esposo, estuvo junto a los abogados de Provea para introducir una medida de habeas corpus en tribunales. La respuesta que recibieron es que «no estaban autorizados para recibirlo». El lunes se trasladaron al Tribunal Supremo de Justicia, donde les recibieron la solicitud.
«La petición que nosotros hacemos es que a Eduardo se les respeten sus derechos, que se le respete su integridad física, que se le respete el derecho que tiene a un abogado privado, sobre todo que se le respete su vida», dice Emiselys.
Eduardo Torres, el «terrorista»
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, tras una rueda de prensa donde Provea reclamó por su desaparición forzada, acusó al abogado de estar vinculado a una «trama conspirativa para generar violencia» durante las elecciones del 25 de mayo, donde se escogerán a gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos estadales.
«Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas», asegura el fiscal, según recoge una nota de prensa publicada por el Ministerio Público.
Según Saab, el abogado de Provea difundía esos mensajes «de forma pública a través de redes sociales» y lo señala en una causa donde hay varias personas involucradas «que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes».
Además, el fiscal dice que fue presentado en tribunales «conforme lo establecen los lapsos procesales», sin especificar el tribunal que lo procesó, y «garantizándole su derecho a la defensa». Fue ordenada su privativa de libertad por los presuntos delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
Su esposa Emiselys ya estaba mentalizada para una acusación de esa magnitud: «Aquí el gobierno a cualquiera que esté haciendo ruido lo tacha de terrorista. Aquí oponerse al gobierno es ser terrorista. Defender derechos humanos, las causas justas, es ser terrorista».
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Labor en Provea
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, dice que Eduardo Torres –quien labora en la organización desde 2019– es un «inquieto activista que acompaña muchas luchas sociales en este país».
«Es un golpe a la familia, es un golpe directo a Provea, así lo asumimos y por eso estamos acá acompañando a su familia y amigos», afirma Murillo, quien ya ha enfrentado citaciones ante cuerpos de seguridad por la labor de Provea y ahora es señalado por el fiscal Saab de «acusaciones temerarias» contra el sistema de justicia venezolano.
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Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, señala que el equipo donde trabaja Torres ha llevado casos laborales y de desaparición forzada, entre ellos el del joven Keberth Barceló Torres, uno de las decenas de personas detenidas en diciembre pasado.
«Más allá de la detención de Eduardo, vamos a seguir capacitando, acompañando a los familiares de los presos políticos», dice Alvarado.
Emiselys Núñez recuerda que la defensa de derechos humanos fue el camino escogido por el abogado. «Es donde se siente realizado y ayuda a las personas. Él es la voz de esas personas que les han violado sus derechos, que no pueden hablar, de todas las personas que ha acudido a defender. Si tu le quitas eso a Eduardo deja de ser él, esa es su esencia».
Amenazas
Provea ha recordado que Eduardo Torres ha sido víctima de amenazas y hostigamiento de cuerpos policiales. En marzo de 2024, al abogado lo detuvieron dentro del Palacio de Justicia de Caracas cuando se quejó por la presencia de funcionarios encapuchados en la sede judicial de la ciudad. Aunque lo liberaron, estuvo un tiempo bajo resguardo.
Torres es conocido por ser el abogado defensor de uno de los seis líderes sindicales a los que condenaron a 16 años de prisión en agosto de 2023 y que posteriormente fueron excarcelados por una negociación política.
La esposa del abogado insiste que, pese a las amenazas, nunca se planteó abandonar la lucha por los derechos humanos. «Cree en los derechos y la dignidad de las personas. Amenazas del gobierno ha recibido muchas, pero nunca se planteó abandonar y como familia siempre nos apoyamos unos a otros».
Distintos organismos de incidencia, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH, se han pronunciado a su favor, al tiempo que exigen a las autoridades venezolanas que garanticen su integridad, informen su paradero y detengan la criminalización y estigmatización de los defensores y activistas venezolanos.
#Venezuela: #CIDH expresa preocupación por las denuncias de desaparición forzada de Eduardo Torres, defensor de #DerechosHumanos y beneficiario de medidas cautelares, quien habría sido visto por última vez el 9 de mayo en Parque Central, Caracas. Organizaciones de la sociedad… pic.twitter.com/5ZTapE8Ynq
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 13, 2025
Expresamos nuestra solidaridad con @_Provea y exigimos al Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y miembro de esa organización, desaparecido desde hace más de 24 horas. https://t.co/Q6mNwx38o9
— Robert F. Kennedy Human Rights (@RFKHumanRights) May 12, 2025
#Venezuela Expresamos nuestra preocupación con la desaparición del defensor de derechos humanos Eduardo Torres. Se urge conocer su paradero y su situación legal y garantizar sus derechos al debido proceso y asistencia jurídica.https://t.co/L80ZoTcoDq pic.twitter.com/hxPOWii5CP
— FLD Américas (@FLDAmericas) May 13, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
