Persecución política le sigue rebanando el quorum a Juan Guaidó
La detención de Ismael León (Voluntad Popular – Distrito Capital) se suma a la larga lista de violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, a través de los cuerpos de seguridad y el aparato judicial, contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional
Martes 21 de enero. La Asamblea Nacional (AN) venezolana convocó a una sesión ordinaria, mientras su presidente Juan Guaidó se encuentra de gira en Europa, pero la presencia de colectivos en las cercanías del Palacio Federal Legislativo les impidió nuevamente acercarse hasta el centro de Caracas. Los diputados salieron entonces hasta la urbanización Cumbres de Curumo, al este de Caracas, pero uno se quedó en el camino.
El diputado Ismael León (Voluntad Popular) fue interceptado, pasadas las 10:00 am, por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB) a la salida del partido Acción Democrática. ¿El delito? Hasta ahora se desconoce, pues luego de dos días detenido se le hizo una audiencia de presentación a medianoche y no estuvo presente su defensor privado.
Desde 2019 se ha registrado una de las mayores olas de persecución del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia parlamentaria opositora al usar el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad, el Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea constituyente –un órgano que se asume como poder supraconstitucional- para detener, encarcelar y exiliar a los diputados.
Juan Guaidó, en la presidencia de la Asamblea Nacional desde el año pasado, ha visto como se ha mermado el quórum de funcionamiento del parlamento venezolano bajo este esquema. De 112 parlamentarios electos en 2015, actualmente 44 son víctimas de allanamientos a su inmunidad de forma irregular, juicios por cargos como terrorismo, inhabilitaciones políticas y prisión.
Solo en 2019 a 23 diputados se les “allanó” su inmunidad parlamentaria (prevista en el artículo 200 de la Constitución) por su presunta relación con el alzamiento militar que se registró el 30 de abril de ese año, y que públicamente apoyó Juan Guaidó.
A todos se les acusó de los mismos siete delitos y se siguió el mismo esquema para “lograr” su enjuiciamiento, valiéndose del supuesto “desacato” de la AN.
El Tribunal Supremo, previa solicitud del Ministerio Público, ordenó el pase a juicio en tribunales penales ordinarios, pues se alega que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito. Mientras, el allanamiento le corresponde a la impuesta asamblea constituyente, el órgano que ha reemplazado las funciones de la Asamblea Nacional en estos casos.
La existencia de una operación conocida como “alacrán” o “maletín verde”, que consiste en una trama de sobornos a parlamentarios contra Juan Guaidó, también prendió las alarmas del presidente de la AN.
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Para garantizar el quórum en la sesión de instalación anual del poder Legislativo, cuando se escoge una nueva junta directiva, los diputados opositores aprobaron una reforma parcial a tres artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan), que permiten el voto virtual de los parlamentarios bajo condiciones de persecución política.
Con ello, Guaidó esperaba contar con el voto efectivo de al menos 105 diputados. Tras los sucesos violentos del 5 de enero en las cercanías del Palacio Federal Legislativo, en la sesión de instalación que se realizó en la sede de El Nacional se contabilizó la presencia de 100 diputados (88 principales y 12 suplentes), sin necesidad de usar las herramientas virtuales previstas en el Ridan.
En la primera sesión ordinaria de enero, que ocurrió el martes 7, se registró la presencia de 88 diputados mientras que en la sesión del 21 de enero se logró la presencia de 93 parlamentarios, todo ello corroborado mediante verificación nominal del quorum.
Los perseguidos
De los 23 parlamentarios investigados por tribunales por su presunta vinculación en los sucesos del 30 de abril, 21 son principales y solo dos parlamentarios son suplentes (Franco Casella y Juan Andrés Mejía).
De estos últimos es importante destacar que el TSJ solo solicitó el allanamiento a la inmunidad de Mejía –suplente de Freddy Guevara, recluido en la embajada de Chile en Caracas-, pues adujeron que Casella, al ser suplente y no estar incorporado al momento de la sentencia, no tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y por tanto, su enjuiciamiento procedía como con cualquier otro ciudadano.
El mayor número de perseguidos pertenece al partido Primero Justicia (7), y le siguen Voluntad Popular (6), Acción Democrática (3); La Causa R (2); el diputado Juan Pablo García de Vente Venezuela; Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo; Luis Florido de Un Nuevo Tiempo; el diputado de Camina Carlos Lozano y José Simón Calzadilla, que pertenecía al Movimiento Progresista y se retiró durante su clandestinidad para unirse a la fracción “Encuentro por Venezuela”.
De este grupo Henry Ramos Allup (AD – Distrito Capital), Edgar Zambrano (AD – Lara) y José Simón Calzadilla (diputado por Aragua) continúan asistiendo con regularidad a las sesiones. El resto está en el exilio (12) o en la clandestinidad dentro de Venezuela (8).
Si la oposición no hubiera reformado el Reglamento de la AN, cuatro curules estarían vacías y por tanto esas circunscripciones sin representación, pues los titulares y sus suplentes están en el exilio o encarcelados.
El diputado Juan Andrés Mejía es suplente de Freddy Guevara, exvicepresidente de la AN y actualmente refugiado en la embajada de Chile en Venezuela. Ambos representan a los electores del circuito 2 de Miranda (El Hatillo, Baruta, Chacao).
Rafael Guzmán fue electo por el circuito 4 de estado Miranda, que comprende las parroquias de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagüita, Filas de Mariche y La Dolorita. Se encuentra en la clandestinidad desde mayo de 2019.
El suplente del diputado Guzmán es Gilber Caro, quien se encuentra recluido en una sede la PNB desde el 20 de diciembre, cuando fue detenido por presuntos funcionarios de las FAES. Es la tercera vez desde 2016 que el parlamentario está preso por razones políticas.
Sergio Vergara fue electo por el circuito 5 del Táchira y también se le allanó su inmunidad. Está exiliado en Colombia mientras que su suplente Rosmit Mantilla se encuentra en Francia.
Le sigue el diputado José Guerra, electo por la circunscripción 4 de Distrito Capital que comprende las parroquias El Valle, Coche, Santa Rosalía. Su suplente es Ismael León, detenido sin orden judicial y sin allanársele su inmunidad el 21 de enero por funcionarios de las FAES.
Al parlamentario se le impuso una medida privativa de libertad en su domicilio, luego de que fuese presentando en tribunales bajo cargos que se desconocen pues su defensa privada no pudo asistir a la audiencia.
