Perú se juega la institucionalidad entre acusaciones de corrupción a sus presidentes
Perú no se ha caracterizado por ser un país con una agenda de protestas políticas continua, pero sí de cambios sustanciales que han afectado especialmente la conformación de ciertos poderes, como el Legislativo
La situación política en Perú empieza a regularizarse tras una semana de conflicto político y social, que estalló tras la moción de vacancia aprobada por el Congreso de ese país contra el expresidente Martín Vizcarra, declarando su “incapacidad moral” para seguir dirigiendo los destinos de esa nación hasta 2021, fecha cuando vencía su cargo.
A Vizcarra se le acusa de recibir sobornos de empresas para dar diversas concesiones de obras públicas, mientras ejercía como gobernador de la provincia de Moquegua. Dichas acusaciones fueron rechazadas por el expresidente, quien ya había enfrentado un intento de aplicar la moción de vacancia en septiembre.
La situación de Martín Vizcarra recuerda lo ocurrido con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo tras dos mociones de vacancia y en medio de acusaciones de corrupción por el entramado de Odebrecht.
El mismo Congreso decidió que Manuel Merino, líder del Legislativo en ese momento, asumiera la Presidencia del Perú, pero renunció a tan solo cinco días de estar en el cargo debido a la presión ejercida desde las calles por los peruanos.
Esa presión derivó en la muerte de dos personas, donde la Policía Nacional estaría implicada por uso excesivo de la fuerza, y decenas de heridos. El reclamo de los peruanos era simple: a pesar de no estar de acuerdo con su Gobierno, la destitución de Vizcarra se hizo de manera irregular e injusta.
Como se mencionó, en Perú la figura de la moción de vacancia ya ha sido utilizada para presionar a los presidentes a que renuncien a su cargo por “incapacidad para ello”, es decir, no se juzga por delito sino por la capacidad que tiene el máximo jefe de Estado para ejercer dicha autoridad.
A diferencia de los juicios políticos -figura que se aplica en Brasil-, las mociones de vacancia pueden constar apenas de una sesión donde el funcionario interpelado tiene 60 minutos para defenderse.
Lo importante es la cantidad de votos. En un Congreso con 130 representantes, se necesita reunir el apoyo válido de 87 (66%) para que la moción de vacancia sea aprobada. La moción sobre Vizcarra logró reunir 105 de los 130 escaños del parlamento.
El internacionalista y doctor en Ciencias Políticas, Félix Arellano, opina que debería revisarse el artículo constitucional, pues favorece las destituciones exprés y confabulaciones políticas “como ocurrió contra Vizcarra”, pues aunque existen elementos para una investigación por presunta corrupción, “esa investigación la está realizando el poder Judicial y hay que esperar que se pronuncie”.
En este momento en América Latina podemos visualizar tres esquemas de destitución de presidentes en ejercicio, explica Arellano, “pero el más drástico es el peruano”. En Brasil se aplica el impeachment, donde cualquier ciudadano puede solicitar esta figura contra el Presidente de la República, al señalarlo por un delito común o “de responsabilidad”. Este modelo se aplicó contra Fernando Collor de Melo y Dilma Roussef, pueden durar más de seis meses y son investigaciones largas.
También están los juicios políticos como el aplicado en Paraguay. Un ejemplo de ello fue el aplicado contra Fernando Lugo, donde el juicio fue de tres días “y que consideramos injusto y discriminatorio porque no permitió la defensa”, comenta Félix Arellano.
“A los fines de una mayor estabilidad en el sistema político, en Perú debería revisarse y convertirse en un proceso más gradual, donde se permitan mayores elementos de defensa de todas las partes”, asegura el internacionalista.
Cambios sin desequilibrios
Perú no se ha caracterizado por ser un país con una agenda de protestas políticas continua, pero sí de cambios sustanciales que han afectado especialmente la conformación de ciertos poderes, como el Legislativo.
El mismo Martín Vizcarra, a poco más de un año de haber asumido como presidente, disolvió el Congreso luego de que fuera rechazada una petición de reforma para la escogencia de los magistrados del Tribunal Constitucional peruano.
El entonces mandatario llamó a elecciones extraordinarias, donde se conformó el nuevo parlamento, donde no contaba con una representación importante que lo apoyara. El Congreso tuvo una representación amplia de al menos 10 partidos, pero ninguno que estuviera identificado con Vizcarra.
El internacionalista Félix Arellano señala que el Congreso peruano ha alterado a todas las presidencias, “lo sorprendente es que no se ha generado una inestabilidad del sistema político, hay desequilibrios, hay enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y Legislativo pero la democracia no pareciera que va a desaparecer. Las Fuerzas Armadas han jugado un papel institucional y quedó comprobado en alguna medida cuando Manuel Merino, presidente interino por cinco días, convocó a las FFAA y no reaccionaron. En un primer intento de moción de censura, se reunió con las fuerzas policiales y no lo apoyaron”.
El poder Judicial también está jugando un papel institucional, pareciera que sólido y autónomo, reconoce el internacionalista. “Ha abierto investigaciones contra seis ex presidentes y la democracia no está en juego. Lo delicado de este momento es que se están juntando demasiadas presiones y desequilibrios, ahora sí pueda estar en riesgo la estabilidad del sistema porque lo político es la pandemia, es la crisis monetaria internacional que afecta al Perú sensiblemente al caer el precio de las materias primas”.
Presidencia de Sagasti
El 16 de noviembre y en sesión especial, el Congreso de Perú aprobó con 97 votos a favor la mesa directiva donde Francisco Sagasti, del partido Morado, figuraba como presidente, con el objetivo de terminar el vacío de poder luego de la renuncia de Merino debido a las protestas, la presión del mismo parlamento y varios de sus ministros.
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La lista de Sagasti era la única que se había presentado, y requería de 60 votos a favor para salir adelante. El ingeniero industrial, de tendencia centro – liberal y que ejerció altos cargos en el Banco Mundial, ahora se enfrenta a la tarea de lograr mayor estabilidad que el corto plazo que estuvo Manuel Merino en el poder, destaca el internacionalista Félix Arellano.
“Ha calmado la protesta que venía creciendo significativamente. El pueblo peruano había sido apático hasta la fecha. Un pueblo que rechaza los partidos generales, expresa un rechazo al Congreso desde los tiempos de Alberto Fujimori, pero se había mantenido apático ante un sistema económico que venía funcionando”, menciona.
Además, Arellano considera que el nuevo presidente de Perú “no debe hacer mucho, más allá de lograr que las elecciones presidenciales de abril de 2021 puedan ocurrir sin mayores traumas de protestas y consecuencias humanas. Mayores reformas a la Constitución deberían hacerse en el siguiente gobierno”.
Corrupción en Perú
La corrupción es la acusación común que han enfrentado los últimos seis expresidentes de Perú. Desde Alejandro Toledo (2001-2006), pasando por Alan García (2006-2011, quien se suicidó en 2019 ante su inminente detención), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), todos han sido relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.
Justamente, después de Brasil ha sido Perú donde se ha investigado y procesado más por cuestiones relacionadas a esta empresa, que tenía una red de sobornos en toda América Latina a cambio de conseguir concesiones favorables y generar esquemas de lavado de dinero. Casi cuatro años después de que se iniciarán las investigaciones, de los 46 casos abiertos solo existen acusaciones.
La corrupción es endémica en la región, pero no solo afecta a América Latina. Félix Arrellano recuerda que no existe suficiente investigación. “Lo que llama la atención en América Latina y resulta paradójico es que, por ejemplo, la corrupción en Perú se investiga y el sistema no cae y las Fuerzas Armadas no toman el poder, porque todos esos expresidentes están siendo objeto de investigación, algunos sancionados con cárcel y el caso más dramático, el de Alan García que se suicida cuando lo van a detener”.
Lo interesante de Perú es la lección que nos da al resto de América Latina, insiste el internacionalista, “con un poder judicial relativamente autónomo. Los partidos políticos parece que no aprenden la lección, entonces la sociedad civil y los medios de comunicación deben seguir exigiendo la mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos”.
