Plan 50: gobierno pretende revisar precios controlados cada tres o cuatro meses
La administración Maduro pretende distribuir directamente 70% de la producción de alimentos en el país, que sigue cayendo según reportes de los gremios privados. En el nuevo «diálogo» para acordar los precios de 50 productos esenciales ha escaseado la concertación y han abundado las amenazas. Empresarios del sector alimentos dicen que habría que revisar los precios semanalmente
Sin gremios representativos, el gobierno intenta forzar con algunos empresarios especialmente escogidos un sistema que mantenga los precios al consumidor fijos por lo menos durante tres o cuatro meses sin revisiones, bajo amenaza de prisión y expropiaciones para quienes violen ese nuevo «acuerdo», que se basa en la la Ley Orgánica de Precios Justos, donde se establece una renta máxima de 30%.
Según algunos empresarios consultados con información directa sobre la primera reunión para determinar los precios «justos» del arroz y los derivados del maíz, el tono del encuentro no fue el del consenso prometido, sino que se les anunció que el gobierno, con la Fuerza Armada Nacional (FANB) como herramienta directa, pretende distribuir directamente hasta un 70% de los productos esenciales, para controlar las «desviaciones» de precios.
Los precios de venta al gobierno serán definidos tras un análisis básico de las estructuras de costos, pero los representantes oficialistas se niegan a reconocer costos de reposición y administrativos, así como los problemas graves que existen en la distribución y acceso a la materia prima, maquinarias, insumos conexos y repuestos para producir.
El gobierno advirtió que redoblará su esfuerzo para enfrentar los aumentos de los precios que sus voceros consideran injustificables y «criminales», por lo que advirtió que habrá más control sobre la producción y distribución de insumos.
Así va la inflación
La realidad es…
Para que un eventual acuerdo de regulación de precios de 50 productos básicos funcione habría que modificar los costos al consumidor cada cinco días, en promedio, para asegurar la cobertura de los costos de reposición de inventarios, sin asegurar rentabilidad alguna a los productores.
Este cálculo surge de consultas con diversos empresarios del sector alimentos, quienes expresan que no hay ninguna razón para esperar que el entorno económico para producir cambie en el corto plazo.
En Fedecámaras se había analizado, como salida transaccional, la propuesta de un sistema administrado de precios que, más que fijar costos estableciera un mecanismo de actualización automática y concertada de los precios finales; pero esta propuesta ya no se considera viable, en virtud del cuadro de hiperinflación que hace impredecible la evolución de los costos.
Los empresarios consultados, todos del interior del país, apuntan que la pretensión del gobierno de establecer precios rígidos es inaceptable. Para una empresa productora de caña de azúcar, por citar un caso, los costos aumentan en un promedio de 300% con cada nueva adquisición de fertilizantes -que está prácticamente desaparecido- y de repuestos para la maquinaria.
Incluso, los fertilizantes distribuidos por el Estado, a través de Agropatria, han aumentado de manera impresionante, pues el año pasado el saco se conseguía a 80.000 bolívares y ahora se ubica en alrededor de 25 o 30 millones de bolívares.
Además, la oferta de fertilizantes es mínima y no se ajusta a las necesidades específicas de los cultivos, por lo que, además, las inversiones en estos agroquímicos no solo son elevadas, sino que se corre el riesgo de que sean dinero perdido.
Por cierto, los fertilizantes deberían producirse suficientemente en el país, e incluso exportarse, pues Venezuela cuenta con la materia prima y la infraestructura; sin embargo, 90% de los agroquímicos agrícolas que se vende en el mercado local proviene del exterior.
Lo que dicen los gremios
Los dirigentes de los gremios representativos del sector productivo privado han reaccionando ante esta nueva escalada del control de precios. En una entrevista radial, la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, proyectó que la escasez de la cesta básica aumentará de manera dramática con esta reedición del denominado «Plan 50».
Advirtió que los precios suben en cuestión de horas, y por lo tanto si el gobierno asume la actitud de no entender la realidad, el comercio dejará de vender estos productos esenciales. Sobre las amenazas de Nicolás Maduro de tomar «medidas radicales» -se presume que se trata de incautaciones y expropiaciones-, la dirigente señaló que «no nos hacen mella».
Por su parte, el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, en un evento sobre seguridad alimentaria, indicó que el control de precios y las mayores restricciones terminarán por acabar con lo que queda de capacidad productiva en el país.
El país apenas produce 25% de los alimentos que los venezolanos consumen, y la expectativa es que la situación empeore, pues, por citar un ejemplo, este año se sembraron solo 100.000 hectáreas de maíz, cuando en 2017 se cosechó la producción de 200.000. Además, indicó que el rendimiento por hectárea sembrada de arroz cayó de 5.000 kilos a 3.500 entre 2017 y lo que va de 2018
En otro orden, Juan Luis Hernández, coordinador de la organización Red Alimentaria, pronosticó que el costo de la canasta alimentaria pasará de 150 millones de bolívares al cierre de julio, porque no se están tomando medidas adecuadas siquiera para contener el proceso de hiperinflación en el país.
«El panorama es sencillamente aterrador», apuntó el experto. Y no le falta razón.
El reto de la distribución
El gobierno confía en sus redes de distribución. Según sus propias cifras, el sector público distribuye sus productos Clap -acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento Popular- a 6,2 millones de venezolanos. Por cierto, estas cifras son avaladas por encuestadoras privadas, como Datanálisis.
En el Ejecutivo estudian como «optimizar» el funcionamiento de estos mecanismos, que se apalancan en las organizaciones sociales que ha creado el gobierno como herramientas de proselitismo; sin embargo, hay problemas.
Los dos principales inconvenientes son la corrupción por falta de controles eficientes y los desviaciones de costos, aparte del impacto presupuestario de los subsidios. Tales inconvenientes exigen mejor gestión y más recursos.
En medios empresariales se comenta que la administración Maduro ha buscado incorporar alta tecnología a sus estrategias de distribución, incluso de desarrolladores de software venezolanos; sin embargo, las piedras de tranca están en la organización del sistema, que ha sido penetrada por diversas «mafias» internas que sustraen productos regulados ni siquiera hacia comercios formales -las cadenas grandes tienen por política no adquirir estos productos-, sino hacia las múltiples redes de «bachaqueo».
A pesar de las amenazas, el gobierno parece ser incapaz de crear un sistema eficiente de distribución de bienes esenciales con un alcance mayor a 50% de la población, ya que ampliar los programas públicos de distribución implica más que duplicar los costos derivados de las fugas y las fallas logísticas que lastran estos esfuerzos.
