Planes de seguridad nutren agenda preelectoral, pero no son permanentes
Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, considera que una política adecuada de seguridad ciudadana con resultados positivos, debe ir al proyecto original de la Misión A Toda Vida Venezuela. Por su parte, el abogado Luis Izquiel cree necesaria «una depuración policial profunda». Ambos exigen al Estado mejorar las condiciones laborales de los funcionarios policiales para evitar corrupción dentro de estos organismos
Durante las últimas semanas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ha anunciado por medio de redes sociales distintas acciones para fortalecer la seguridad ciudadana como reactivación de los cuadrantes de paz, estrategias de defensa, entrega de vehículos y armas, entre otras actuaciones en los diferentes cuerpos policiales del país. Sin embargo, estudiosos de ese tema consideran que estas acciones están íntimamente ligadas a una agenda preelectoral y no tanto a políticas públicas que busquen combatir la inseguridad de forma permanente.
Seguimos avanzando en el fortalecimiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, como estrategia de Defensa, Protección, Servicio y Empoderamiento al Pueblo Venezolano, para la Seguridad Ciudadana por la Vida y La Paz. https://t.co/e8GKB7Hbk5 pic.twitter.com/IvVVSKGTO4
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) May 15, 2023
«Si se analizan los antecedentes electorales en Venezuela, cada vez que se acerca una elección comienzan con el tema de la seguridad; que hoy ya no es el primer problema del país (lo es la economía), pero la inseguridad sigue estando entre los primeros», expone el abogado penalista y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Izquiel.
Aspecto en el que coincide el activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien también sostiene que antes de elecciones presidenciales el Gobierno siempre busca demostrar con dotaciones de equipos, armamento y despliegues de más funcionarios en las calles, que el tema de la seguridad está en la agenda pública.
«Cada vez que viene un proceso electoral comienzan a hablar de la inseguridad y a mencionar supuestos planes que no tienen ejecución en la realidad», sentencia Luis Izquiel.
«Sí se están haciendo dotaciones en todas las policías para fortalecer los cuadrantes de paz. Se han entregado patrullas, motos, armas de fuego y uniformes», contrasta a TalCual un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien destaca que ha sido testigo de las entregas.
Recientemente, el mandatario Nicolás Maduro dijo que más de 500 vehículos de «alta gama» decomisados por las autoridades como parte de las investigaciones contra tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, serán entregados a la PNB.
La orden de Maduro fue organizar un acto «de inmediato» para entregar las unidades a la PNB y a cuadrantes de paz, que están integrados por funcionarios del Estado y por líderes comunales, «para que garanticen la seguridad ciudadana, el patrullaje y la vigilancia».
🎥 || "Con la operación anticorrupción hemos confiscado más de 500 vehículos y he ordenado que se le entreguen a la #PNB para los Cuadrantes de Paz para la atención integral a las comunidades".
Pdte. @NicolasMaduro#SistemaNacionalDeIngreso pic.twitter.com/UmrKyCE2uS
— MPPRIJP (@MijpVzla) May 23, 2023
Tras este mandato, se podría pensar que parte de las dotaciones recién anunciadas por las autoridades provienen de los bienes incautados por corrupción. No obstante, la realidad es distinta.
Izquiel explica que la entrega de los bienes incautados «podría ser en el futuro», pues hasta la fecha los Tribunales de Extinción de Dominio no se han conformado y, «por lo tanto, los procedimientos no pueden ser ejecutados«. Añade que solo existen los anuncios, pero «no están ajustados al ordenamiento jurídico porque los procedimientos no han concluido».
La nueva norma establece que la creación de los tribunales especializados en materia de Extinción de Dominio, con competencia nacional, debe ser «dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley» y mientras no existan, la competencia le corresponderá «a los Tribunales de Primera Instancia Civiles y los Tribunales Superiores Civiles».
«Habrá (bienes) incautados, pero no se sabe bajo qué figura jurídica. Precisamente hicieron la Extinción de Dominio para agilizar la disposición por parte del Estado de esos bienes porque por la vía legal era más larga porque necesitaba una sentencia condenatoria definitivamente firme», explica el abogado.
Al respecto, Marino Alvarado dice que surgen interrogantes sobre el nivel de transparencia de la distribución de estos vehículos. «Si no se publica la cantidad, si no se identifica el número de vehículos, como hemos advertido, se puede dar corrupción en la lucha contra la corrupción».
Precisa que «algunos de estos vehículos pudieran ir a parar a individuos que pueden ser funcionarios, pero que los terminen poniendo a servicio particular y otros pudieran ir a parar a particulares que no tienen ninguna función policial«.
Por otra parte, se pregunta cuál será el criterio para asignar estos vehículos a determinado cuerpo policial. «El Gobierno debería dar explicación sobre la motivación con la cual le asignan un vehículo a la PNB, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o alguna policía estadal. Todo queda de manera muy discrecional; lo cual también puede generar hechos de corrupción», indica Alvarado.
Por ende, hasta los momentos, el Estado no puede disponer de estos bienes ni hacer ningún tipo de entregas. La dotación de los vehículos prometidos por Nicolás Maduro a la Policía Nacional Bolivariana aún debe esperar.
¿Cuadrantes de paz inexistentes?
En redes sociales, específicamente en Twitter, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del estado Miranda, así como otros cuerpos policiales estadales y organizaciones de la sociedad civil, se mantienen informando sobre despliegues de los cuadrantes de paz en distintos estados del país para combatir la delincuencia y proteger a los venezolanos.
«Esos cuadrantes de paz no existen. No tienen aplicación en la realidad», asevera Luis Izquiel y detalla que solo quedó el nombre.
«Aquí no tienen plan contra la inseguridad porque el único plan son los operativos donde se denuncian ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los derechos humanos; ese es el plan real, pero como no lo pueden vender, lo que hacen es decir que andan con el plan de cuadrantes de paz, que sencillamente es algo retórico, no verdadero», especifica Izquiel.
Sin embargo, un funcionario de la Policía de Miranda asegura que al menos en este estado los cuadrantes de paz se han mantenido y sí están funcionando. Pero dice desconocer la aplicación de estos en otras policías en los demás estados.
(2/2)Mantenemos los dispositivos de seguridad dentro de nuestros Cuadrantes de Paz.
En esta oportunidad realizaron una saturación de área en los Cuadrantes P-08 y P-14 del municipio Sucre, especialmente en la parroquia #Petare donde inspeccionaron a pic.twitter.com/0SN0HKkGsr
— Policía del Estado Bolivariano de Miranda (@PoliciaMiranda1) May 22, 2023
En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz cumpliendo instrucciones del VCPTE SECTORIAL para la SGDAD Ciudadana y la Paz y Ministro MPPRIJP A/J Remigio Ceballos Ichaso, el cuadrate de paz 32 realiza recorridos preventivos en las instituciones Educativas del cuadrante pic.twitter.com/H91fCJCV7Q
— *Cuadrante de Paz POLIMATURIN CUPAZP-32* (@Luismonroe131) May 22, 2023
GD @PalenciaEndes Viceministro de @VipresegOficial activó en Anzoátegui 12 Cuadrantes de Paz Viales para la protección del pueblo en troncales de 10 municipios a lo largo de 330km.
Con esto, la entidad anzoatiguense arribó a 167 Cuadrantes de Paz#SistemaNacionalDeIngreso pic.twitter.com/eRevaD7dm2— GB John W. Moncada Contreras (@GBJMoncadaC) May 23, 2023
Policías con recursos limitados
Entre las quejas recurrentes de los funcionarios policiales está que los recursos son limitados para ejercer sus labores, a pesar de anuncios sobre dotaciones. Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) deben costear sus propios uniformes, botas, alimentación y demás herramientas de trabajo mientras cursan sus estudios y, en ocasiones, ha habido casos en que algunos aspirantes no logran graduarse como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por no poder cubrir estos gastos.
Funcionarios activos de las diferentes policías usan uniformes en mal estado, no tienen chalecos antibalas y algunos hasta poseen armas obsoletas.
El coordinador de Provea Marino Alvarado dice en la mayoría de los casos los funcionarios se lamentan porque la dotación de uniformes es tardía y solo tienen una pieza que deben lavar y usar; lo que también se complica por el hecho de que la mayoría vive en zonas populares y se ven «afectados por la crisis de agua».
El pasado 12 de mayo, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó sobre la entrega de uniformes y medicinas a trabajadores activos y estudiantes de la UNES de La Guaira. Dijeron que «entregaron medicinas para las personas con enfermedades crónicas, así como dotación de uniformes para garantizar el bienestar social de los hombres y mujeres que conforman los órganos de seguridad ciudadana de la entidad».
#12MAY || Estás acciones están contempladas en el Vértice 10 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el cual se refiere a la Protección y el Bienestar Social de las y los Guardianes de la Patria.#DiplomaciaUniónYCrecimiento pic.twitter.com/a3yaU0qPB2
— MPPRIJP (@MijpVzla) May 12, 2023
Una de las últimas promociones de estudiantes de la PNB en Caracas (en mayo de 2023) recibieron la indicación de que debían pagar la totalidad del monto del uniforme, así como comprarse sus propias botas de trabajo; pero ante la escasez de recursos de la mayoría de los aspirantes la institución acordó poner la tela para los uniformes y pedirles una «colaboración» de 10 dólares a cada estudiante para mandar a hacer las prendas de trabajo.
Alvarado expone que otro elemento que con frecuencia es sinónimo de queja entre los policías es el mantenimiento de las unidades «que prácticamente se ha dejado a los propios funcionarios, quienes recurren a tener que estar hablando con dueños de comercios y talleres para que den colaboraciones para hacer el mantenimiento de las unidades», así como costear la gasolina de los vehículos para salir a las calles a patrullar.
Sobre este aspecto, otro funcionario detalla que «hay policías que tienen un taller exclusivo para eso y hay policías, como la PNB, que todo lo que se hace lo paga la brigada».
El profesor de criminalística de la UCV Luis Izquiel reconoce que se ha destinado dinero para dotar los distintos cuerpos policiales, pero cree que «sigue siendo insuficiente porque además de la dotación de recursos materiales, los funcionarios también necesitan salarios porque ganan muy poco», y aunque resalta que no lo justifica, explica que esta precariedad es la que lleva a que existan «funcionarios matraqueros», que necesitan conseguir dinero para subsistir y viven «pidiendo una colaboración porque no les alcanza el dinero».
Política adecuada de seguridad
Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, considera que una política adecuada de seguridad ciudadana, que ofrezca resultados positivos, debe ir al proyecto original de la Misión A Toda Vida Venezuela; del cual afirma ser «un defensor».
Aclara que este proyecto contiene una serie de políticas preventivas de actuación de los funcionarios policiales, que de aplicarse, no solo habría una buena política de prevención, sino de actuación de los policías, «garantizando eficiencia en el combate al delito, respetando los derechos humanos». Alvarado también reconoce que este plan se puede mejorar y sugiere que el primer paso es «desmilitarizar las labores de seguridad ciudadana».
Añade que se debe hacer una «amplia depuración de funcionarios policiales con récord amplio de violaciones a los DDHH y ser riguroso en la manera de ingresar a los funcionarios para no sacar a la calle a los policías inexperimentados, que no han entendido su deber para con el país y con los ciudadanos, y salen con uniformes a cometer todo tipo de delitos».
El abogado Luis Izquiel también cree necesaria «una depuración policial profunda». Asimismo, dice que se deben mejorar las condiciones sociolaborales de los funcionarios policiales, ofrecer mejores salarios y atraer a gente con capacidad, que brinde confianza a la ciudadanía, «que esté dispuesta a arriesgar su vida para defender a los venezolanos».
