Plus Ultra sortea acusaciones sobre lavado de dinero y se cataloga «estratégica» para España
Desde el Congreso de Diputados, el Partido Popular intenta impulsar una investigación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el rescate del Gobierno y la posible vinculación de Plus Ultra con paraísos fiscales
La aerolínea española Plus Ultra se defendió ante las acusaciones sobre presunto lavado de dinero y conductas que intentan instalar un monopolio en el mercado del transporte aéreo español, y en su lugar se autodenominan como una empresa «estratégica» para España.
El razonamiento de la aerolínea se basa en la cantidad de empresas que operan en el mercado de vuelos internacionales en España, pues sostienen que, si desapareciera esta compañía, «se establecería un monopolio en el mercado» al aparecer Iberia-Air Europa, en caso de que se cierre la operación de fusión en marcha, como única empresa que absorvería las rutas que actualmente opera Plus Ultra.
La empresa recordó que posee una licencia Tipo A, apta para el transporte comercial de pasajeros con aviones de mayor tamaño, algo poco común en España, pues es uno de los países europeos con menor cantidad de aerolíneas acreedoras de esta licencia.
De igual forma, en un intento por blindarse ante las acusaciones sobre sus supuestas actividades ilícitas, recordaron que cuentan con el certificado de Operador Aéreo y la licencia de Explotación que concede la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a todas las aerolíneas españolas bajo las directrices marcadas por la European Union Aviation Safety Agency (EASA) para todas las aerolíneas europeas.
En este sentido, negó explícitamente que practique un monopolio al ser la única empresa que opere los vuelos humanitarios a Caracas, al argumentar que todos los vueos de repatriación de esa ruta han sido operados por las tres aerolíneas españolas principales, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, «de acuerdo a sus peticiones a las autoridades».
En otras palabras, la aerolínea se lavó las manos y apuntó al gobierno venezolano como el responsable de que sea Plus Ultra la encargada de trasladar a venezolanos con rumbo a Caracas en los vuelos de repatriación.
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Por otra parte, también se refirieron a uno de los principales focos de polémica en España, el rescate de 53 millones de euros otorgado por el gobierno español a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Cuando Plus Ultra solicitó ayuda de la SEPI cumplía con creces los criterios de solvencia. Va a devolver en un plazo de siete años el préstamo de 53 millones, los cuales empleará para garantizar la continuidad de la compañía, para preservar la competencia y para beneficiar a los miles de usuarios que usan esas rutas», garantizan.
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Plus Ultra bajo lupa
En las últimas semanas, Plus Ultra ha sido objeto de investigaciones, acusaciones y mucha polémica, aunque las sospechas sobre sus actividades se remontan a antes del inicio de la pandemia.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España empezó a recabar información hace más de un año por posibles actividades de lavado de dinero con fondos provenientes de Venezuela.
Pese a que la investigación se centró en la participación de los accionistas mayoritarios de la compañía, los venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, se llegó a la conclusión de que las actividades de Plus Ultra son «absolutamente legales» y concretamente sobre la ayuda otorgada por la SEPI, aseguraron que «todo el expediente de esta ayuda, al igual que el resto de ayudas, se ha hecho de forma correcta».
A pesar de la declaración de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los ánimos en España no se han calmado. Desde el Congreso de Diputados, el Partido Popular intenta impulsar una investigación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el rescate del Gobierno y la posible vinculación de Plus Ultra con paraísos fiscales.
