Población Lgbti reitera que son invisibilizados en leyes venezolanas
Activistas advierten que el Estado mantiene la deuda sobre los derechos humanos de la población Lgbti, sostienen que aunque se han reunido con la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento de Maduro, no han recibido respuest, por el contrario la vicepresidenta del Parlamento de mayoría oficialista Iris Varela, se ha pronunciado en contra del matrimonio igualitario
Migdely huyó de Venezuela con su bebé tras la muerte de Ginyveth, su esposa, aterrada por el riesgo de perder la custodia de su hijo sin el amparo de leyes que reconozcan el matrimonio igualitario o las familias homoparentales.
«Había una denuncia en puertas, un procedimiento que se llama inquisición de la maternidad, con la que los padres de mi esposa estaban solicitando quedarse con mi hijo», declaró a la AFP esta mujer de 37 años.
La migración fue la única alternativa que le quedó a Migdely ante la ausencia de leyes que garanticen los derechos de la población LGBTI, (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales)pues la Constitución de 1999 aún establece que el Estado «protege» el matrimonio «entre un hombre y una mujer, situación que resta a las parejas homosexuales garantías fundamentales como el derecho a heredar propiedades o acceder a la seguridad social.
“No pude decidir ni siquiera cuál era mi voluntad sobre el cuerpo de mi esposa, si yo quería que fuera cremada o enterrada (…), no tuve ni siquiera acceso a poder verla en la morgue (…), era como si yo fuese una completa desconocida», rememora Migdely en Buenos Aires, adonde emigró en 2015 con su niño, que ahora tiene 6 años, en medio de una pugna judicial con los padres de Ginyveth, que nunca aceptaron su unión.
Venezuela en deuda con la diversidad
Mientras otros países de la región como Argentina, (pionero en apoyar el matrimonio igualitario y técnicas de reproducción asistida para familias homoparentales en 2010) han reformado sus leyes para garantizar los derechos de las población LGBTI, en Venezuela la deuda sigue intacta.
Aunque en 2008 el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde se establecía que en el país “no se condenan” las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, y en 2016 dictaminó que las familias homoparentales merecen protección, la Asamblea Nacional sigue sin legislar en esa materia.
“Se nos está discriminando a través de la vía de la omisión. ‘Ni negamos, ni condenamos, pero tampoco afirmamos los derechos de la población lgbti», denuncia la abogada transexual Richelle Briceño, quien pide «voluntad política” para resolver el vacío legal que vulnera los derechos de este colectivo.
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En medio de las protestas por ser reconocidos, organizaciones que defienden los derechos de la población Lgbti, demandan a la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro que legisle en favor de sus derechos.
Los reclamos han sido infructuosos, pese a que activistas se han reunido con la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento de mayoría oficialista, el debate no ha avanzado, por el contrario se han impuesto barreras desde las altas esferas del Legislativo, la vicepresidenta Iris Valera, se pronunció en contra del matrimonio igualitario planteando una «comunidad patrimonial» como alternativa.
Alfonso Campos, pastor evangélico y diputado que dice defender el matrimonio tradicional, alega que una ley de matrimonio igualitario requeriría una enmienda constitucional, lo que hace necesario un referendo.
Sin embargo, la AN de Maduro sí recibió a un grupo de evangélicos que entregó una documento de rechazo ante una posible ley que apruebe las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
