Procurador de Guaidó: La transparencia en finanzas públicas se limita a números gruesos
José Ignacio Hernández, quien fue nombrado como Procurador especial de la República por la Asamblea Nacional, detalla por qué se maneja con secreto la cantidad específica de recursos a los que tiene acceso el gobierno interino de Juan Guaidó, que reconocen más de 50 países, y lo que se ha «protegido». Habla del principio de transparencia, de supuestos peligros por los acreedores heredados del chavismo y encara señalamientos hechos sobre el manejo y disposición de esos millones de dólares. Una conversación detallada en Palabra Hecha Podcast con Víctor Amaya, de la cual puede leer extractos a continuación
-En Colombia, el senador José David Name pidió al gobierno del presidente Iván Duque intervenir la empresa Monómeros, por supuestos manejos turbios. ¿Algún comentario sobre ello?
-Es una noticia que tiene que ser tomada en cuenta con toda la seriedad del caso. La Asamblea Nacional, con la potestad que le transfiere el artículo 187 de la Constitución de Centro de gobierno creado por el presidente Juan Guaidó, son las instancias pertinentes para tomar esta denuncia e iniciar las investigaciones que correspondan. Es importante recordar que Monómeros es una filial de Pequiven, domiciliada en Colombia, y que por lo tanto escapa, en cuanto a su asistencia legal, de los ámbitos de mi competencia, que se circunscriben directamente a la administración pública venezolana.
-Cuando se habla de Colombia se recuerdan también las denuncias sobre manejos turbios de la ayuda humanitaria el año pasado. Se anunciaron investigaciones. ¿Qué ha pasado con ellas?
-Yo participé en un par de reuniones informativas al respecto, donde me limité a señalar que, si bien no había elementos de violación del derecho venezolano por la naturaleza especial de esa ayuda, sí era una denuncia que tenía que ser tratada con todo el rigor del caso, de la mano de las autoridades colombianas. Eso ha seguido su curso, principalmente en manos de las autoridades colombianas. Lamentablemente, yo no manejo directamente la información de las autoridades colombianas y por tanto no tengo a la mano los resultados de esas investigaciones.
-Se anunció una transferencia de fondos del Banco Central de Venezuela de las cuentas de un banco privado a unas cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cuál es el beneficio de esa operación?
-Hay algunos detalles que todavía no puedo revelar porque hay asuntos legales que se están resolviendo y hay convenios de confidencialidad suscritos en la materia. Dejando a salvo esa advertencia, el BCV intentó recuperar 340 millones de dólares de dos contratos de oro, y ese dinero había quedado represado en una institución bancaria privada, no como consecuencia de las sanciones sino como resultado de todos los litigios y riesgos que los acreedores representan para Venezuela. Tras una cuidadosa operación se logró que el Departamento del Tesoro ordenara transferir esos recursos a una cuenta bloqueada del banco de la Reserva Federal de Nueva York, lo cual otorga una protección debida a esos activos.
-Habla de covenios de confidencialidad, ¿de qué aspectos no se puede dar más información?
-Bueno, el monto. Con la institución bancaria privada todavía hay algunos aspectos legales que estamos cerrando y es normal que cuando hay una disputa de este estilo, se celebre un convenio de confidencialidad para evitar divulgar fallas. Entonces, lo que yo no pudiera decirte es el nombre de la institución bancaria privada y los detalles legales técnicos que estamos discutiendo para cerrar la ocasión. El punto importante es que los recursos están sanos y salvos en una cuenta bloqueada, y eso responde a una exitosa estrategia diseñada por la junta administradora del BCV, en el marco de la autonomía que reconoce la Constitución y las leyes.
-¿Ese dinero va a quedar a disposición del gobierno interino, va a poder ser usado?
-No. Hay dos razones por las cuales la respuesta es no. La primera porque el propietario es el Banco Central de Venezuela, no es la República y, por lo tanto, cualquier arreglo que se quiere hacer para que esos recursos puedan orientarse a cubrir gastos de la República, como por ejemplo los gatos amparados en la Ley de fondo especial para la liberación de Venezuela, requiere el correspondiente acuerdo administrativo entre el BCV y la República; una vez ese acuerdo se realice, por supuesto hace falta que la AN, en el marco de esta ley, autorice la disposición de esos recursos Y, por último, se requerirá una licencia. Como pueden entender, hay tres pasos a cumplir.
-Cuando se habla de los dineros que se han ido recuperando y protegiendo, no está claro ni siquiera cuánto es la cantidad, ni cuánto está disponible para uso. ¿Han podido determinar cuánto dinero es?
-Sí, fíjate, hay un punto preliminar, y yo lo quiero recalcar. Tú no puedes hablar de activos si no hablas de pasivos. Venezuela tiene pasivos que se calculan en el orden de 140 mil millones de dólares y reclamaciones litigiosas de acreedores por el orden de 15 mil millones de dólares, eso te dice que los activos de Venezuela están en riesgo inminente, al menos por la cantidad de 15 mil millones de dólares. Cuando tú tienes este tipo de acreedores, algunos de los cuales son agresivos, no puedes andar divulgando a los cuatro vientos dónde tienes los activos. Porque si yo vengo y te digo, de acuerdo con el principio de transparencia, Pdvsa tiene tantos millones de dólares en una cuenta bancaria en Alemania, por ejemplo, al día siguiente vamos a tener demandas de los acreedores. De hecho, tenemos demandas de los acreedores. Entonces esto es un tema que tiene que manejarse con gran responsabilidad. Pero habiendo dicho eso, sí he escuchado por ahí que el gobierno interino del presidente Guaidó maneja 12 mil millones de dólares, y eso es completamente desacertado, errado, responden a datos que son completamente tergiversados y para nada se parecen a la realidad de los hechos.
-Acreedores siempre habrá, ¿en qué momento se podrá empezar a compartir la información?
-En primer lugar, con acreedores o sin acreedores, hay un principio de transparencia que debe ser cumplido. Nadie está negando eso. La transparencia en finanzas públicas se limita por supuesto a los números gruesos. Yo no conozco ningún país del mundo que publique en Twitter, como pretenden alguno de los acreedores, «estas son las cuentas bancarias que tenemos». Eso no existe en ningún lado. Entonces, hay en efecto un cumplimiento, o la necesidad de cumplir con el principio de transparencia. La Asamblea Nacional es quien tiene la última palabra en la materia. ¿Cuándo cesa este peligro de Venezuela? Cuando logremos consolidar medidas de protección para todos los activos. Actualmente hemos consolidado medidas de protección de los activos en Estados Unidos, lamentablemente no hemos obtenido medidas de protección en Europa o para acreedores europeos, y ahí es precisamente donde están afincándose
-Hay quien plantea el asunto como que todos los acreedores son una suerte de buitres que están allí esperando hincarle el diente a un país con una economía devastada. ¿Cuál es el perfil de los acreedores que tiene la República en este momento?
-El gobierno interino del presidente Guaidó ha sostenido, incluso publicamos unos lineamientos el primero de julio (de 2019), que los acreedores legados de Chávez y de Maduro son víctimas al igual que nosotros. Estamos hablando de inversionistas de buena fe que adquirieron bonos y ahora se ven en esta situación, de empresas expropiadas. El espectro de acreedores es amplísimo. La idea es entablar una renegociación de esas reclamaciones de manera amistosa. Ahora, hay un número reducido en su número pero que tienen una gran capacidad de daño de acreedores intransigentes que por un lado negociaban con el régimen de Maduro la emisión de ciertos títulos, y por el otro salían a comprar esos títulos, incluso utilizando información confidencial con asesores que en realidad eran lobbistas. Por eso tenemos que tener unas defensas muy fuertes.
-De los activos que se han podido recuperar o proteger fuera del país, ¿el gobierno interino puede usar ese dinero o no?
-Se puede usar hasta 80 millones de dólares, en lo que respecta al presupuesto de gastos aprobados por la Asamblea Nacional, en el marco de la ley que crea un marco especial para la liberación de Venezuela, y hasta 20 millones de dólares para el fondo de litigio, que está autorizado por la Asamble Nacional. Es decir, pudiese llegar a gastar hasta 100 millones de dólares.
-También hay activos en Europa, como el oro que está en el Banco de Inglaterra. ¿A algo de eso puede tener acceso el gobierno interino o también está en unas restricciones similares?
-En Europa no hay medidas de protección de activos, no hay por lo tanto ninguna medida administrativa judicial que impida a los acreedores tomar control de activos de Venezuela en Europa. La situación sin embargo es distinta, porque incluso antes del reconocimiento del presidente Juan Guaidó como presidente encargado varias instituciones financieras europeas habían decidido bloquear recursos de Venezuela en el marco de investigaciones basadas en el mal manejo administrativo, la ineficiencia, la cleptocracia del régimen de Nicolás Maduro. Esos recursos están bloqueados no como sanciones, no como consecuencia del reconocimiento del presidente Juan Guaidó, sino de investigaciones por lavado de dinero, lo cual, otorga cierto grado de protección frente a acreedores.
-Estos millones a los que sí tiene acceso Guaidó, ¿de dónde salen?
-Esos activos están en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Están bloqueados frente al régimen de Maduro y los acreedores, el gobierno del presidente Guaidó puede utilizarlo, siempre bajo licencia.
-¿Y no se pudiera estar usando el tema de los acreedores como un coco para no rendir cuentas, para no ser completamente transparentes?
-Yo lo entiendo, pero me limito a los hechos. ¿Cuáles son los hechos verificables? Venezuela tiene una deuda pública que la comisión presidencial de deudas ha estimado en 140 mil millones de dólares. En juicios tienes unos 15 mil millones de dólares. Tenemos cinco o seis demandas intentado tomar control de Citgo. Entonces, en el tema de los acreedores, las personas que tengan confianza, y a los funcionarios siempre se le debe tener confianza, porque ellos son los que mantienen los controles ciudadanos, pero yo me limito a los hechos.
-Con Francisco Rodríguez usted ha debatido en redes. Para algunas cosas lo nombra y para otras pareciera que se hace referencia a él sin nombrarlo. ¿Es a su juicio Francisco Rodríguez un representante de acreedores, de bonistas, o de figuras interesadas en tener acceso al dinero de la República?
-Sí, y eso no tiene nada de malo. Lo objetable es que el señor Francisco Rodríguez, cuyas credenciales no tengo razones para negar, habiendo tenido una posición de tanto peso en la asesoría y representación de ciertos bonistas hasta fechas muy recientes, ahora esté exigiendo razón de dónde están las cuentas, los recursos, cuando hace meses mas bien la propuesta era utilizar los recursos para pagar deudas. Ahí hay un conflicto de interés. Insisto, eso no significa que la persona sea mala, simplemente hay un conflicto de interés.
–Una de las propuestas que ha hecho Francisco Rodríguez es que Citgo le mande gasolina a Venezuela, que ponga un buque de gasolina en La Guaira. ¿Eso es posible, viable?
-¿Tú le enviarías mercancía a alguien que te acaba de robar?
-Se está planteando que la administración de eso no lo haga necesariamente el gobierno, sino organismos multilaterales.
-Es imposible en el estado de hecho de Venezuela suministrar petróleo si Maduro no está de por medio porque, guste o no, Maduro es quien tiene control de los puertos. Maduro se robó 50 millones de dólares de crudo de Citgo en diciembre. Se los robó con unos militares, tomó control del buque. Si Citgo envía un buque de gasolina, el régimen de Maduro se la roba y probablemente la gasolina termina revendida por su élite que la cleptocrática en la frontera. Lo que no se termina de entender es que la causa principal no son las sanciones, es el régimen cleptocrático de Maduro.
-¿Es viable un programa como petróleo por alimentos?
-Yo estudié esa propuesta con Francisco Rodríguez, incluso conversé con él cuando pensaba que yo era un funcionario de verdad y no uno ficticio. El problema de esa propuesta, que me parece inviable, es que Maduro mantiene cuotas de poder sobre la toma de decisiones y se ha convertido en un elemento tóxico. Mientras Maduro esté al frente o tome parte del consejo de decisiones, esa relación no va a poder darse. No sólo para las sanciones, olvídate de eso. Si las sanciones se levantan hoy, ninguna institución bancaria, ninguna empresa privada se va a sentir cómoda haciendo negocios con Maduro por la mala reputación que tiene. Entonces, esa es una debilidad de la propuesta de Rodríguez. Para que una propuesta de alimentos por petróleo funcione, tiene que sacar del juego completamente a Nicolás Maduro y permitir que el pago del petróleo se deposite en una cuenta especial que esté administrada exclusivamente por organismos internacionales. Actualmente, sin embargo, hay dos problemas para eso. El primero es que Maduro sigue controlando el comercio del petróleo, y lo hace con fines principalmente políticos, y alimenta su cleptocracia. El segundo es que, con los precios de petróleo, con la crisis que hay, lamentablemente un programa de alimentos por petróleo no necesariamente sería de ayuda. Esos obstáculos, sin embargo, no han llegado a desechar la idea, y estamos en una idea en la que seguimos trabajando. Yo mismo ayer estuve en una intensa reunión de trabajo en este sentido.
-Sobre posibles conflictos de intereses, se pudiera mencionar lo suyos por los juicios de Crystallex y Owens-Illinois, donde participó como testigo especializado.
-No son posibles, son reales, y yo los declaré. Una labor propia de los profesores universitarios es ser testigo de expertos que no son abogados de partes, es un profesor que va a un tribunal y explica un conjunto de derecho. Eso es lo que yo hacía antes de ser procurador. Yo develé en la Asamblea Nacional estas actuaciones y advertí que, por prudencia, si yo tenía que tomar cualquier decisión en los casos en los cuales yo había intervenido, yo me tenía que inhibir para evitar un conflicto de interés. Y eso funciona. Lo censurable no es el conflicto de interés, lo censurable es que no se haga trasparente ese conflicto de interés.
–¿En qué estatus están los juicios, arbitrajes, litigios que involucran a Venezuela?
-A nivel de arbitraje la situación ha sido un tanto complicada porque algunos tribunales han decidido mantener a los abogados de Maduro, otros han decididos atendernos a nosotros, otros han decidido mantener a los dos. Entonces, lamentablemente, el arbitraje está en una situación muy confusa. Afortunadamente otros casos están andando y no suponen un riesgo en el corto plazo. Y en materia de cortes, los casos más complicados fueron suspendidos. Yo creo que eso es lo que más me enorgullece a mí como Procurador, haber logrado detener una situación caótica. Hoy en día no hay riesgos inminentes en materia de litigios, pero mañana eso puede cambiar.
La conversación completa con José Ignacio Hernández la puede escuchar en la grabación de Palabra Hecha Podcast, un proyecto en audio de TalCual, producido por María de los Ángeles Graterol y Víctor Amaya, que también puede encontrar en Spotify haciendo clic en este enlace.
