Política de Estado, por Teodoro Petkoff
“La orden es tres muertos”. La banda de matones actuó bajo ese imperativo. Hay que aplaudir la rapidez con la cual fueron detenidos y puestos a la orden de un juez los policías asesinos de Barrio Kennedy, pero, ¿quién llevará a juicio al que ordenó la brutal matanza? Porque los funcionarios cumplieron con una orden; existe un jefe que ordenó la operación. Pero ese jefe también responde a una concepción, a un sistema de represión del delito afincado en la idea, no sólo inconstitucional sino ineficiente y contraproducente, de aplicar de facto la pena de muerte. Reiteradas veces hemos insistido en que contra lo que cree muchísima gente, las matanzas policiales, las cárceles infernales y un sistema judicial ultralento y costoso, amén de corrupto, son factores que empeoran los graves problemas de inseguridad personal existentes. Son factores generadores de delincuencia y delitos.
Los índices de criminalidad han aumentado vertiginosamente en los últimos años, a pesar de todas las masacres. El 20% de los homicidios que ocurren en el país son causados por los cuerpos policiales. Casi todos impunes, “santificados” por la fórmula sacramental: “resistencia a la autoridad”, “guerra entre bandas”, “ajuste de cuentas”. Venezuela posee la más alta relación de América Latina entre policías y ciudadanos muertos en supuestos enfrentamientos. El promedio continental es de 1 policía por 5 ciudadanos civiles asesinados. La relación en Venezuela es de 1 policía por 50 civiles. Estos datos son suficientes para demostrar el fracaso de una política de represión del delito basada en dar carta blanca para la brutalidad y la violencia policial. Sencillamente, los índices delictivos son peores que nunca.
Un alto funcionario gubernamental cuyo nombre nos reservamos a cal y canto porque perdería el puesto, contaba, horrorizado, que las policías tienen la orden de “quebrar” en el sitio a todo ladrón de vehículos sorprendido en “acción”. La inconstitucionalidad es, pues, oficial. Se podría comprender que la víctima de un hurto pueda sentirse satisfecha, de entrada, con la muerte del ladrón, pero los hechos son tercos: mientras más ladrones de carros matan, más robos se cometen. ¿Entonces? Aparte de que para algo debería servir el artículo constitucional que prohíbe la pena de muerte.
Mientras la lucha contra el delito continúe haciéndose desde la perspectiva psicopática y simplista de los ignorantes que reformaron el Código Penal, este seguirá siendo uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Hace bien la Fiscalía en solicitar la anulación por inconstitucionalidad de esa reforma, pero eso no es suficiente. Chávez debería encontrar un minuto en sus interminables peroratas para ocuparse del tema, para prohibir la brutalidad policial, para ordenar una reingeniería del sistema penitenciario, para poner coto a la degradación y envilecimiento rampantes del Poder Judicial. Nada pone más en claro lo que decimos que la masacre de Kennedy, porque, a todas estas, en este caso, para hacer todo más bestial, más inhumano, más irracional, las víctimas fueron jóvenes estudiantes. ¿Quién podrá jamás compensar el dolor de sus familias?
