Por falta de controles se puede repetir tragedia de Los Cotorros
Un nuevo fin de semana activa el circuito de fiestas organizadas y promovidas por adolescentes, que se multiplican por la ciudad, sin mayores controles de seguridad ni restricciones legales, a pesar de que siguen latentes todas las circunstancias que ocasionaron la muerte de más de 20 jóvenes en una fiesta de promoción en el Club Los Cotorros en El Paraíso, apenas una semana atrás
Los lamentos llovieron en los muros de Facebook. Las fotos de varios adolescentes aún con sus camisas beiges de bachillerato sirvieron como despedida para sus compañeros, quienes siguen impactados por lo que ocurrió la madrugada del sábado 16 de junio en pleno fragor de una fiesta de promoción en el Club Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron 18 personas -según cifras oficiales- pero más de 20, según reportaron los familiares.
Una riña en la que volaron botellas y vidrios derivó en la detonación de un par de bombas lacrimógenas dentro del local, lo que provocó la asfixia y la estampida hacia la única vía de salida de un metro y medio de ancho por la que intentaron escapar unos 500 jóvenes que abarrotaban el sitio con capacidad para poco más de 100 personas.
El evento del viernes 15 se trataba de una fiesta de graduación en el que se congregaron estudiantes de varios liceos, la mayoría de la Unidad Educativa José Alberto Hernández Parra, de Caricuao, y del Liceo Pablo Acosta Ortiz, de San Martín; por eso la mayoría de los asistentes tenía entre 15 y 21 años.
Eso era lo que celebraban los hermanos Altuve, Marcos Javier, de 18 años y Cristóbal, de 17, quien acababa de graduarse de bachiller en el Liceo Hernández Parra.
Diana Altuve, su hermana mayor, cuenta que los padres les dieron permiso a los muchachos porque era la fiesta de grado del hijo menor. La última llamada que hicieron a su casa fue a las 7:30 de la noche para avisar que iban al cine y que luego se acercarían hasta Las Adjuntas, cerca de donde vivían, pero nunca llegaron. “Mi mamá se acostó preocupada pero esperó porque a veces ellos se quedaban durmiendo en casa de amigos para no llegar de madrugada. Pero a las 8:30 de la mañana aún no sabíamos nada de ellos hasta que llegó un vecino que vio una foto en internet y le pareció que era Marquito (Marcos Javier)”.
La familia se dirigió hasta el Hospital Pérez Carreño y allí los mandaron a la Morgue de Bello Monte. Allá encontraron a Marcos porque estaba en la lista de los fallecidos, pero aún no habían ubicado a Cristóbal. “Lo único que sabemos es que llegaron semi desnudos y se perdieron sus documentos, mi hermano estaba sin identificación porque todas sus cosas se perdieron, por eso no lo conseguíamos”. Finalmente, el padre de los hermanos Altuve pudo identificar el cuerpo de sus dos hijos, quienes según el informe de autopsia murieron por asfixia y politraumatismos.
“Mi papá dice que estaban muy morados y golpeados por todas partes. En un video que circuló por internet se ve a mi hermano en el piso y la gente le pasa por el lado. Nada más una muchacha grita y trata de darle primeros auxilios pero qué podía saber una muchacha de eso. Nadie lo atendió y allí quedó tirado”, narra Altuve.
Días después de lo que ocurrió, aún sin saber muy bien lo que ocasionó la tragedia. La familia Altuve pudo enterrar a sus hijos de 17 y 18 años, lidiando con más problemas como la falta de urnas y la poca disponibilidad de espacios en cementerios.
Un detonante, decenas de causas
“Contaremos con una increíble seguridad”, se lee en una línea de la publicación promocional. Pero después de los hechos, uno de los jóvenes organizadores escribió a través de su muro de Facebook que no contaban con personal revisando en la puerta porque la dueña del local “había pedido un monto extra para contratar personal de seguridad y se le pagó sin problema pero el mismo día de la fiesta dijo que la seguridad no había podido asistir”. El evento continuó y en la entrada no hubo revisiones. Esta explicación respondía al por qué no se detectó que un grupo de asistentes había ingresado sin problemas las bombas lacrimógenas.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó la mañana después de lo ocurrido que habían detenido a siete personas, entre ellas un menor de edad que presuntamente fue quien detonó las bombas lacrimógenas que desencadenaron la situación de caos dentro del local.
Una semana después, a través de una nota de prensa, el Tribunal Supremo de Justicia indicó que el Tribunal Quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra Jean Manolo Celestin y Gilberto Alejandro Petit Quintero, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles, uso de adolescentes para delinquir, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento. El Tribunal Octavo de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra cuatro menores de edad presuntamente involucrados.
Los testigos cuentan que no había control de acceso en la puerta ni personal suficiente dentro del local para controlar a más de 500 adolescentes. El testimonio de un sobreviviente llamado Yixon Salazar narra que aproximadamente a la 1 de la madrugada hubo “una trifulca entre dos grupos de jóvenes dándose golpes, lo cual ocasionó que volaran botellas de vidrio por todo el salón de fiestas como por 10 minutos”.
Cuenta que luego de eso explotó la primera lacrimógena en el baño de hombres y al intentar salir se generó el caos y los gritos. “Menos de 30 segundos después explotaron dos cápsulas más (de lacrimógenas) y la salida principal estaba cerrada”. Salazar dijo que un amigo lo acercó hacia una de las ventanas que estaban selladas con barrotes pero pudo respirar hasta que abrieron otra salida por el balcón. Observó una cantidad de muchachos cortados por los vidrios de las botellas y otros que convulsionaban en el suelo por el efecto tóxico de los gases.
“Lo que ocurrió era totalmente previsible”, comenta un efectivo del cuerpo de Bomberos de Distrito Capital en el Área de Planificación para Casos de Desastre (Placade). Explica que este tipo de eventos son una bomba de tiempo para que ocurran más tragedias porque no se cumple ninguna medida de seguridad durante las fiestas, ni en las condiciones de los locales que son alquilados para estas convocatorias.
“Lo primero es que no se respetan los aforos de los locales porque quienes venden las entradas son adolescentes y ellos solo se ocupan de vender y meterse ahí; mientras más personas vayan para ellos mejor porque significa un éxito de convocatoria pero eso implica que constantemente superan la capacidad que tiene un espacio físico”, explica el bombero.
Mientras más personas saturen un espacio, disminuye el flujo de oxigeno lo que de entrada ocasiona desmayos e incluso convulsiones, en especial si las personas están consumiendo bebidas alcohólicas. Por eso recomienda primordialmente a los dueños de estos locales que no contraten con menores de edad o jóvenes que se presenten como organizadores de estos eventos: “recuerden que el incumplimiento de las normas acarrea responsabilidad penal para los responsables de estos locales”.
El bombero agrega que además de la evidente falla de seguridad que se convirtió en un factor letal por la manipulación de armas tóxicas por parte de menores de edad y las bombas lacrimógenas ocasionaron la estampida humana, y aunque no desmerita la gravedad de este factor, señala que cualquier otro imprevisto hubiese generado el mismo resultado: un incendio, una pequeña fuga de gases domésticos, una falla eléctrica, etc.
El cuerpo de Bomberos es el responsable de hacer las inspecciones obligatorias a los establecimientos donde se hagan eventos y fiestas, los que deben renovarse todos los años para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad como la Norma Covenin 810 en la que se establece la existencia de vías de escape debidamente identificadas y liberadas o la norma 2326 que obliga la capacitación de un equipo de brigada de seguridad que trabaje en el local para atender desalojos, emergencias y activar rutas de escape.
“Aunque la mayoría de los locales tiene el permiso de inspección, luego bloquean las salidas de emergencia con gaveras de cerveza o condenan las puertas por fuera con candados para que no entren a robarlos”, agrega el efectivo bomberil.
El encargado de un salón de fiestas ubicado en Santa Mónica explica que tienen que cumplir con las normativas e inspecciones de seguridad que realizan los bomberos para poder funcionar y señala que los propietarios no se van a exponer al cierre, a una multa o a perder el permiso de las alcaldías de cada municipio por no cumplir con requisitos que por ley se revisan cada año.
Asegura que por políticas de la empresa nunca contratan con menores de edad. Pero no puede precisar si algunos de los organizadores están muy cercanos a la edad límite, es decir entre los 18 y 21 años. Aclara que en el contrato, la empresa indica claramente las normas que deben cumplir y una de ellas es que el evento cuente con personal de seguridad, que puede ser contratado por los mismos organizadores.
Destaca que ciertamente los dueños de los locales deben asumir responsabilidad por la seguridad interna en el establecimiento para que todo funcione adecuadamente pero que en las fiestas donde se espera mayor concentración de adolescentes los organizadores, padres y adultos deben hacer acompañamiento y vigilar que haya control en los accesos y durante la fiesta.
En pocas palabras, se trata de una tragedia que pudo evitarse solo con cumplir las normas, y que inexorablemente quedará en la memoria colectiva como una muestra más de la negligencia de unas autoridades para las que 21 jóvenes fallecidos en Los Cotorros solo son números en las estadísticas.
