Por primera vez varios países se unen para llevar a Maduro ante la justicia internacional
No es la primera vez que Maduro y varios integrantes de su gabinete son denunciados ante la CPI señalados de cometer delitos de lesa humanidad, sin embargo, en los 20 años que tiene fundado el ente internacional jamás se había activado el artículo 14 del Estatuto de Roma
Aunque inicialmente estaba previsto para el martes 25, será el miércoles 26 de septiembre cuando los gobiernos de Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay consignarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) una carta solicitando que se abra una investigación en contra de Nicolás Maduro, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Para el internacionalista Félix Arrellano, es primera vez en la historia que unos gobiernos introducen una demanda de este tipo, lo que a su juicio generaría sobre la fiscal del organismo de justicia internacional, Fatou Bensouda, “mayor presión” para tomar una decisión al respecto.
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Asegura que no es la primera vez que Nicolás Maduro y varios integrantes de su gabinete son denunciados ante la CPI señalados de cometer delitos de lesa humanidad, sin embargo, en los 20 años que tiene fundado el ente internacional jamás se había activado el artículo 14 del Estatuto de Roma.
Art. 14: Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
Esta denuncia conjunta no ocasionará que se abra automáticamente una investigación, esto solo lo podrá determinar la fiscalía.
Sin embargo, con la activación del artículo 14, si la fiscalía llegase a la conclusión de que sí existen todos los recaudos para dar inicio a una investigación formal, lo puede hacer sin requerir la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.
Arrellano detalla que en la actualidad la CPI tiene al gobierno de Venezuela en consideración, por lo que desde febrero de 2018 se lleva a cabo una investigación sobre casos de torturas y uso de la fuerza excesiva contra las personas que participaron en las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017.
¿Solucionará la crisis venezolana?
El internacionalista venezolano asegura que aunque está nueva petición podría “agilizar el proceso de aprobación o rechazo de la fiscal”, si se considera que existen los fundamentos necesarios para dar paso a un juicio formal en contra de los funcionarios del actual Gobierno, el proceso podría dura de 5 a 8 años en alcanzar un veredicto. “Es algo complejo y lento”, dice.
Enfatiza que esto es un juicio que se puede ganar o perder. «Si la denuncia procede la sanción es el arresto”, comenta, aclarando que hasta ahora las condenas que ha dictado la CPI van desde los 10 hasta los 20 años de prisión.
Arrellano subraya que si el organismo de justicia internacional determina que existen todos los argumentos para abrir un proceso penal, lo más lógico sería que el mandatario Nicolás Maduro y todos los involucrado renuncien a su cargo. Sin embargo precisa: “lo que es lógico no funciona con este Gobierno, lo más seguro es que opten por seguir atacando a los demás países”.
La carta de solicitud que consignarán Perú, Paraguay, Chile, Colombia y Argentina irá acompañada de dos informes. El primero elaborado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se documentan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los DDHH.
El otro está redactado por un grupo de expertos designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde se precisa que existen fundamentos razonables para considerar que varios miembros de la Fuerza Armada Nacional y el mandatario Nicolás Maduro han incurrido en crímenes de lesa humanidad.
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