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¿Por qué detienen al secretario general del sindicato de Ferrominera?



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Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco
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TalCual | diciembre 1, 2018

El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, es el nuevo preso político del Gobierno, junto a otros nueve trabajadores de la estatal, que lideraban una protesta por la defensa de lo derechos laborales

Autor: Clavel A. Rangel Jiménez | @ClavelRangel


La detención del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, es un intento más del Gobierno de acabar con lo que queda del movimiento sindical autónomo en las empresas básicas de Guayana.

González representa al segundo sindicato más importante de la región, con más de 10 mil afiliados, y es  el único dirigente disidente legítimo electo que aún tiene liderazgo para articular una jornada de protesta entre el movimiento sindical de Guayana y el resto del país.

Aunque su representatividad estuvo en entredicho en el último año, las maniobras del Gobierno por acabar con Sintraferrominera fortalecieron al comité ejecutivo alrededor de González.

*Lea también: Trabajadores rechazan decreto del gobierno que sepulta los contratos colectivos

Así como con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), el Gobierno intervino a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las elecciones en Sintraferrominera en 2014 y 2015, respectivamente, para descabezar y restar representatividad al movimiento de trabajadores que emprendía una jornada de protesta nacional por la discusión de las convenciones colectivas.

En el caso del sindicato de Sidor, la intervención supuso la completa aniquilación de la organización siderúrgica que -desde entonces- no se ha recuperado en ninguno de los dirigentes de su comité ejecutivo. El presidente de Sutiss, José Luis Hernández, apenas apareció hace dos meses cuando los trabajadores reclamaban la eliminación de las escalas salariales, pero la diatriba por asumir una posición política terminó silenciando nuevamente al máximo representante de Sutiss.

Una nueva organización 

Con la conformación de la Intersectorial de Trabajadores en el país, el movimiento sindical intenta recuperar bríos. A partir de esta iniciativa, en González se depositó buena parte de la vocería y conducción de la creciente disidencia en la región a partir de prácticamente la anulación del derecho contractual.

No ha sido poca cosa la iniciativa de una nueva organización laboral en un contexto como este. Sobre todo porque la criminalización y la represión han aumentado en los últimos meses contra todo aquello que pretenda una nueva organización y mucho más viniendo de un sector que en teoría es cercano a Nicolás Maduro.

*Lea también: Trabajadores de Pdvsa denuncian estar “muriendo de hambre” con el sueldo que perciben

Guayana no sólo ha liderado en los últimos meses la conflictividad en el país por las protestas laborales según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sino que es pieza clave para levantar la huelga general de trabajadores debido al descontento generalizado en el histórico movimiento laboral del sur del país.

OIT 

Sin embargo, la detención de Rubén González puede representar para el Gobierno otro revés desesperado en otro escenario como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya comisión de encuesta, el instrumento más severo que puede ejecutar el órgano tripartito, está pendiente para entrar a Venezuela.

El dirigente sindical ya estuvo preso durante 14 meses en 2009, y recobró la libertad el 3 de marzo de 2011 después de que en un tribunal penal lo condenara a seis años de prisión por liderar una huelga. Al día siguiente, la sentencia fue anulada por el TSJ e iniciado un nuevo juicio en Caracas que finalmente le dio la libertad plena.

La audiencia estuvo antecedida por un pronunciamiento de la OIT que conminaba al Estado venezolano a liberar a González y a indemnizarlo por daños y perjuicios.

Se trató de uno de los primeros casos de criminalización de la protesta en el país, y posteriormente en una bandera nacional en medio de la atomización del movimiento sindical.

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