Prisión, difamación y censura: así el oficialismo castiga a periodistas en Venezuela
Tres casos recientes ejemplifican los modos que las autoridades aplican para castigar a periodistas ante publicaciones que consideren incómodas
Por La Hora de Venezuela
En Venezuela ejercer el periodismo se puede pagar con cárcel. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un total de 13 trabajadores de la prensa permanecen detenidos tras las protestas postelectorales, después que otros 18 fueron excarcelados. Y en los primeros meses de 2025 se han generado nuevas detenciones contra algunos periodistas que muestran en redes sociales temas “incómodos” para el chavismo; esto se enmarca también en un discurso de ataque contra la prensa independiente y acusaciones directas a periodistas en el exilio.
La confiscación de la sede de El Nacional por una multa millonaria tras una demanda interpuesta por Diosdado Cabello, la transformación radical de la línea editorial de medios como Globovisión y El Universal tras cambios de dueños bajo sospecha o sancionado por Estados Unidos y el cierre o censura de más de 400 medios en los últimos años, desde canales internacional a radios comunitaria, son parte del ecosistema de censura, acoso y persecución al periodismo y la libertad de prensa en Venezuela durante los últimos 20 años.
Recientemente, detenciones como la de la periodista Nakary Mena, quien tras un reporte en redes sociales para el medio Impacto Venezuela fue privada de libertad, muestran una nueva tendencia sobre los “temas sensibles” de los que el chavismo no quiere que se hablen.
El reportaje de Mena sobre la percepción del aumento de la delincuencia en Caracas motivó su arresto, así como el reporte sobre el asesinato de una líder comunal en un barrio llevó a la detención momentánea del periodista de sucesos Roman Camacho en marzo de este año.
Pero no solo el tema de la delincuencia es delicado de tratar, la economía también se ha vuelto un tema sensible. Un reportaje sobre la brecha cambiaria del dólar oficial y el paralelo y de cómo esto genera aumento de los precios en el país, llevó al comunicador Nelin Escalante a una detención por siete días en octubre de 2024.
Además de la temática, el canal por el que se comunica también muestra un factor de marcaje del chavismo en contra de los periodistas. Las detenciones de estos tres comunicadores ocurrieron después de que su rostro saliera en publicaciones difundidas por sus cuentas en redes sociales o cuentas del medio para el que trabajan.
Los delitos por los que se encarcela a los periodistas en Venezuela también han evolucionado, además del delito de incitación al odio, por el que miles de ciudadanos han sido encarcelados tras las elecciones del 28 de julio; ahora se suma un cargo nuevo: “distribución de noticias falsas”, el cual no es ni siquiera un delito tipificado en el Código Penal Venezolano.
De forma similar a la Operación Tun Tún que criminalizó a los ciudadanos parte de los Comanditos electorales, para más tarde justificar acciones policiales y judiciales en su contra, los arrestos a activistas y periodistas son precedidos o “justificados” posteriormente por narrativas digitales impulsadas desde el oficialismo. De esta forma, se está tejiendo en Venezuela un nuevo esquema represivo contra el periodismo que utiliza las redes sociales como canales de difusión ante el bloqueo de las páginas de los medios independientes del país.
Caso Nakary Mena: tienes razón y vas presa
“He ordenado una investigación profunda, porque hemos visto en las redes sociales, unas muchachas que dicen ‘me acaban de robar y lo mismo le pasó a mi prima en tal sitio’. Otras dicen ‘estaba parada en un lugar y me robaron’, pero cuando se revisa en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), no hay ninguna denuncia de estas personas”, dijo el ministro de Interior y Justicia y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en su programa semanal de televisión el pasado 2 de abril como recogió VTV en su cuenta de Instagram. El funcionario rechazaba lo que consideró como “una campaña en redes sociales contra los repatriados” como tituló el medio.
Cinco días después, ImpactoVE publicó en redes sociales un reportaje de Nakary Mena Ramos señalando que: aunque sí hay un aumento de robos en Caracas, estos no responden a venezolanos llegados desde Estados Unidos, como se señalaba en varios videos de TikTok. El reporte incluyó testimonios de personas en la calle que rechazaron sentirse más inseguros, así como la opinión del abogado Joel García, que rechazaba la tesis de una mayor delincuencia tras las repatriaciones.
Al mediodía de ese mismo 7 de abril el periodista de VTV, Michel Caballero, criticaba el reportaje en X, a pesar de que este no contradecía sino que de alguna forma, incluso apoyaba la denuncia de Cabello.
Esta crítica contra ImpactoVE fue ampliada en una nota del portal Venezuela News -un medio proxy desinformante y aliado con el chavismo-, donde aunque detallan el contenido del reportaje insisten en que impulsa una narrativa falsa de aumento de robos. Pero esto era solo el inicio.
Una búsqueda inversa con la imagen de la denuncia de Miche Caballero llevó al usuario de X @JEez_Pz, quien se hizo eco de la crítica al publicar pantallazos del reportaje con el siguiente texto:
“Reporte de redes sociales basado en supuestos. Los testimonios rechazan la premisa de la periodista que arranca sus consultas con el típico ‘some people say’, eso no evitó que el titular fuera la afirmación AUMENTO DE ROBOS EN CARACAS”. (sic)
Este usuario, altamente activo, tiene en su biografía “¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”, y en esta publicación le respondía, mediante un RT al usuario de X @vicman_oficial que retuiteó la publicación de ImpactoVE, ahora borrada. Este último tiene en su biografía el enlace a la web de Venezuela News y además, se define como: “Obrero, Tierruo, Pata en el Suelo y combatiente Chavista y Maduro, QUE VIVA LA PATRIA! ☭ Z”.
Nakary Mena y su esposo Gianni González fueron detenidos el 8 de abril, un día después de la publicación del vídeo. Sin embargo, no fue hasta el 10 de abril que el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas ordenó encarcelarles, acusándolos de los supuestos delitos de instigación al odio y publicación de noticia falsa, que proviene de la Ley Contra los Delitos de Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y del artículo 296-A del Código Penal de Venezuela.
Sin embargo, según un análisis jurídico publicado por la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Ana Julia Niño Gamboa, en 2020, esta imputación de “instigación al odio” ha sido usada como excusa para censura en diversos casos en las que ha sido usada, mientras que las penas por “publicación de noticia falsa”, de acuerdo a otro artículo de 2020 de Niño Gamboa en CotejoInfo está en un marco legal que incluye la regulación de contenidos en redes sociales, radio y televisión, con posible multa proveedores de servicios de telecomunicaciones y medios electrónicos, así como la posible revocatoria de la concesión en caso de radio y televisión, tanto por la aplicación de la Ley del Odio como por la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos.
Para junio de 2023, Espacio Público informó que al menos 83 venezolanos han sido afectados por la Ley del Odio. Entre los afectados destacan 16 periodistas y reporteros, incluyendo a Nicmer Evans, un politólogo y director del medio digital Punto de Corte, quien fue arrestado en julio de 2020 y liberado tres meses después, tras ser acusado de “promoción o incitación al odio” por una publicación en X.
Caso Nelin Escalante: no te metas con el dólar
El comunicador Nelín Escalante fue detenido el viernes 25 de octubre de 2024, para ser “entrevistado” por el DGCIM. Cinco días después, su hija Oriana Escalante y el presidente del CNP, Tinedo Guía, denunciaron su “desaparición forzada”.
El 23 de octubre Escalante había publicado una nota sobre el aumento de la brecha cambiaria entre la tasa oficial del dólar y el paralelo.
“Si se devalúa el dolartoday oficial, pero no baja el paralelo, entonces la presión y el incremento de precios continúa. Muchos comercios han comenzado a aumentar sus precios en dólares para obtener más bolívares. Otros han fijado los precios en una moneda referencial como el euro, que tiene un mayor valor”, se escucha en el vídeo.
Tras seis días detenido, el periodista fue liberado el 1 de noviembre y publicó un vídeo ese mismo día diciendo “estamos en la calle y nos vamos a trabajar”. Su hija hizo también su propio video en Instagram.
Vale decir que Escalante tenía un tono más crítico e incisivo en su cuenta de Twitter, que abandonó el 8 de junio de 2023. A principios de 2019 incluso publicaba en este estilo sobre el dólar: “Hoy el Gobierno del Presidente Maduro terminó de demostrar su incapacidad e ineptitud para sacar al país de la terrible crisis económica que atraviesa, la cual tiene su máxima expresión en la hiperinflación”.
Caso Román Camacho: colaborando sin acceso a abogados ni familiares
El lunes 3 de marzo el periodista de sucesos de Contrapunto, Román Camacho reportó en X del asesinato de Elizabeth Ariscua, vocera del consejo comunal Guayabal Bicentenario de Petare, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda. Según este, dos hombres enmascarados y en moto se mezclaron con la gente en una celebración de Carnaval para luego disparar dos veces en la cabeza a la activista comunitaria de 64 años.
La detención del periodista fue al día siguiente, el martes 4 de marzo de 2025. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció que funcionarios de seguridad se lo llevaron en horas del mediodía, para ser excarcelado el 7 de marzo, tras más de 48 horas detenido. Sin embargo, el medio Contrapunto había informado que se encontraba “colaborando en una investigación con las autoridades”.
Tras su aprehensión fue trasladado a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al día siguiente al Palacio de Justicia de Caracas, pero la audiencia fue originalmente aplazada.
Tras realizarse la audiencia el jueves 6 de marzo, fue liberado al día siguiente, cuando dijo que pasaría un fin de semana en familia, agregando que no podía hablar de su caso porque el proceso judicial seguía abierto. Más tarde el SNTP agregó que tiene prohibición de salida del país.
La aprehensión estuvo relacionada con la cobertura de Camacho a un homicidio en el barrio José Félix Ribas de Petare y en la audiencia fue imputado por “incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas” por la Fiscalía 61 Nacional con competencia en delitos contra el odio en el Tribunal 25 Estatal en función de control.
El día de su arresto, El Estímulo reportó haber tenido acceso a la reseña policial que señalaba lo siguiente sobre Camacho, en el que se asegura haber violado la “ley contra el odio”
«Haciendo uso inadecuado de las redes sociales, difunde video del Homicidio de una ciudadana, ocurrido el día de ayer lunes 03/03/2025, en horas de la tarde en el barrio José Félix Ribas de Petare, refiriendo de manera inmediata a las circunstancias, el móvil la Venganza, señalando un sujeto apodado El Guajiro como responsable de los hechos, además que la hoy occisa se trataba de una vocera Comunal, aunado a eso muestra el cuerpo sin vida de la misma, generando alarma pública a través de las redes sociales, donde se hacen comentarios de instigación al odio para la convivencia pacífica y la tolerancia, atentando con la integridad física y psicológica de la población».
Aunque el SNTP dice que Camacho había recibido antes llamadas para criticar su cobertura de sucesos, en junio de 2024 recibió de manos de Nicolás Maduro el Premio Nacional de Periodismo Mención Medios Sociales, “por ejercer el periodismo de sucesos con compromiso social, de manera veraz y responsable, a través de la red social Instagram, para informar a la ciudadanía sobre hechos y acontecimientos que afectan a las comunidades”.
El reporte que lo llevó a su detención momentánea, tuvo mucho impacto en sus redes sociales. En la publicación de X, que está cerca de las 100 mil visualizaciones, aún pueden verse insultos y acusaciones contra la mujer asesinada, mientras que la misma nota en TikTok supera las 300 mil visualizaciones y en Instagram logró más de 16 mil me gusta.
Es importante destacar la cobertura digital que le dieron instituciones policiales como el Cicpc y las cuentas de Diosdado Cabello al fallecimiento de las presuntas personas involucradas en el homicidio reseñado por Camacho.
El 8 de marzo se informó que Leonangel Alfredo Pereira Guaimara, alias «Caricatura», de 21 años, falleció tras enfrentarse con las autoridades. De forma similar, el 9 de marzo, la cuenta de Instagram del Cicpc de San Cristóbal informó sobre el deceso tras un intercambio de disparos con cuerpos policiales de Jhonaiker Alexander Cáceres Zárate (“alias El Guajiro”), con rostro y nombre a pesar de tener 17 años, quien fue señalado previamente por el periodista como presunto autor del homicidio. Lo mismo hizo la delegación estatal del Táchira de este cuerpo policial.
Rory Branker: acusado por Diosdado de ser parte de una “red de extorsión”
El 20 de febrero, Rory Branker, periodista de 43 años, del sitio de noticias La Patilla, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Inicialmente fue conducido al centro penitenciario de El Helicoide, pero, horas después, su familia -que buscó al periodista en varias prisiones- no pudo localizarlo, y hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido.
Así inicia una nota del 26 de febrero en el sitio web de Reporteros Sin Frontera escrita por su director para las Américas, Artur Romeu, en uno de los casos menos claros de las 15 detenciones contra periodistas y trabajadores de la prensa después de las elecciones presidenciales de junio de 2024.
La nota de Connectas, producida por La Hora de Venezuela, detalla cómo dos civiles encapuchados se llevaron a Branker mientras estaba en su vehículo por Macaracuay junto a Marco, su novio, quien llamó a la señora Branker para informarle. Más tarde, funcionarios fueron a casa de Rory a llevarse tres computadores portátiles y tres teléfonos móviles.
El periodista sigue en “desaparición forzada”, sin contacto con abogados o familiares, sin noticias de su paradero ni presentación en tribunales, a pesar de que el 26 de febrero el ministro Cabello confirmó su detención, cuando lo acusó de ser parte de una “red de extorsión mediante noticias falsas y otros delitos” junto a Alberto Federico Ravell, director general de La Patilla.
Cabello leyó en su programa la supuesta comunicación de un “patriota cooperante” que aseguró que «como venganza Ravell está moviendo sus antiguos tentáculos para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y el pueblo de Venezuela”. Días antes, Cabello ya había señalado a Ravell y La Patilla como receptores de fondos de Usaid, como parte de una narrativa contra medios y periodistas a quienes acusaba de difundir ataques contra el gobierno de Nicolás Maduro a cambio de este financiamiento internacional.
Periodistas acosados
La criminalización del periodismo, el acoso y persecución a la prensa independiente y la creación de matrices de opinión en su contra no es algo nuevo. De acuerdo con un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), solo en 2024 se registraron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios, activistas por los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Ese mismo reporte precisa que 11 reporteros tuvieron que salir de Venezuela tras amenazas de posibles arrestos.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó el martes 15 de abril que el periodismo en Venezuela se ha convertido en una actividad de alto riesgo y que el poder ha convertido «en objetivo político» a los comunicadores sociales. Este contabiliza hasta el momento a 13 periodistas presos, mientras que el SNTP también registra el caso Juan Francisco Alvarado (estudiante de periodismo) y a Gianni González, esposo de Nakary Ramos, por lo que el número se eleva a 15 trabajadores de la prensa tras las rejas desde el 28 de julio. .
Sin embargo, no solo la cárcel se usa como mecanismo de presión. Los periodistas fuera del país también son acosados por parte del oficialismo y se han orquestado campañas desinformativas en línea en su contra. Una de las más recientes tuvo que ver con el congelamiento de los fondos de cooperación la USAID por parte del presidente Donald Trump, lo que dio pie a que el chavismo impulsara falsas narrativas contra políticos, ONG y medios en Venezuela, sobre inexistentes causas judiciales, expedientes en el FBI u órdenes de arresto.
Mediante una investigación en redes sociales, realizada por Probox entre el 20 de enero al 19 de febrero, se pudo rastrear cómo la presunta “trama de corrupción de USAID” fue apalancada para desacreditar el ejercicio del periodismo independiente al asegurar que los medios venezolanos eran financiados con la misión de atacar al gobierno de Maduro.
De las 2.261 publicaciones en redes encontradas, 430 (19%) estaban relacionadas con Roi López Rivas, un influencer madurista que estuvo ligado al Movimiento Free Alex Saab y actualmente es uno de los locutores de los programas radiales de Venezuela News, “medio” clave en las campañas de difamación del oficialismo..
Además de promover la narrativa que señala que Usaid financió operaciones terroristas en Venezuela, lo que ha sido sucesivamente documentado por verificadores como Efecto Cocuyo y Cazadores de Fake News como una operación de influencia impulsada por falsos noticieros opositores y republicado por red de medios estatales y falsamente independientes, que conforman la llamada Fábrica de Desinformación, López Rivas también atacó directamente a los periodistas Orlando Avendaño, Roberto Deniz y Carla Angola.
Los ataques a los medios y periodistas no solo provinieron de él, sino que la narrativa desinformativa fue mencionada por medios estatales y medios proxy como LaIguana.TV, Globovisión, Class 98.7 FM, El Universal, VTVCanal8, teleSUR y Aporrea.org.
Por ejemplo, medios proxy como La Iguana y el Universal se hicieron eco de un enfrentamiento en redes entre el periodista Cesar Miguel Rondón y Patricia Poleo, después que ello lo tildara como “vocero del interinato”. ProBox encontró cinco publicaciones de estos pseudo medios en TikTok enfatizando esta situación (1, 2 , 3, 4 y 5).
También encontramos al menos 90 publicaciones en redes sociales que titularon o nombraron esta narrativa del enfrentamiento entre Poleo y Rondón. De estas, se encontraron 48 publicaciones en Twitter, 35 en Facebook, cinco en TikTok y dos en Instagram. Esto llevó a que el periodista con más menciones haya sido precisamente él.
La verdad sobre USAID. Samantha Power fue su última directora. ¿Por qué desmantelarla es una victoria para los autócratas? Putin, Xi Jinpin, y, a nuestros efectos, Maduro y Cabello.https://t.co/s0sRfvk6nV
— César Miguel Rondón (@cmrondon) February 10, 2025
Sin embargo, Cesar Miguel Rondón no fue el único atacado. Las periodistas Carla Angola y Luz Mely Reyes también fueron objetivo en redes acusándolas de la inexistente filtración de Wikileaks, narrativa que inició con Madeleín García el 6 de febrero y que apuntaba a una supuesta lista de medios que habrían sido financiados por la USAID, haciendo referencia al documento “Press Freedom Under Threat” de 2023, el cual realmente no contiene ninguna lista de nombres como reveló Cazadores de Fake News.
En un recuento total, los periodistas y medios atacados en esta campaña fueron los siguientes: Orlando Avendaño, Leopoldo Castillo, Emmanuel Rincón, Alberto Federico Ravell (y La Patilla), VPI (y Fabiola Colmenares), EVTV Miami (y Carlos Méndez), Armando Info, César Miguel Rondón, Miguel Ángel Rodríguez, Sebastiana Barráez, César Batiz (y El Pitazo), así como a Carla Angola y Luz Mely Reyes (y Efecto Cocuyo).
Estos señalamientos los exponen, al ser señalados como culpables o responsables directos de los obstáculos y dificultades del país, a expresiones y situaciones que presuntamente se buscan prevenir con la Ley del Odio.
No solo son los periodistas
Mientras los periodistas son encarcelados en Venezuela y desprestigiados en el exilio por lo que publican en redes sociales, los demás ciudadanos también están siendo monitoreados por sus publicaciones en redes sociales.
Una investigación de TalCual para La Hora de Venezuela muestra como una sensación de mordaza parece haberse instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales que, bajo un manto de promover la convivencia, restringen severamente la libre expresión. La pieza central de este mecanismo es la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la extinta y cuestionada asamblea constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
Desde su implementación, esta normativa no solo ha sido señalada como una herramienta para silenciar la disidencia política y el trabajo de periodistas y activistas, sino que también ha extendido su alcance de manera preocupante hacia el ámbito digital, afectando directamente a generadores de contenido en línea y ciudadanos comunes por sus mensajes en redes sociales.
La organización no gubernamental Espacio Público ha documentado un número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión vinculadas a esta ley. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2023, se registraron 162 denuncias, derivadas de al menos 63 casos individuales.
Dos casos recientes ilustran esta tendencia. En abril de 2025, Leonel Moreno, conocido en redes sociales como «Leíto oficial», fue procesado tras su deportación de Estados Unidos. Aunque los cargos específicos no se hicieron públicos de inmediato, defensores de la libertad de expresión presumen que están relacionados con sus comentarios en redes sociales.
Una adolescente de 16 años también fue imputada el lunes 24 de febrero por «instigación al odio»: se trata de «Ashley Ways», quien a través de un video publicado en TikTok se hizo viral por burlarse de la muerte de la madre de otra tiktoker.
Anteriormente, en abril de 2022, Olga Mata, una popular creadora de contenido en TikTok de 72 años, fue detenida por un video satírico en el que hacía humor sobre figuras del gobierno. Su arresto generó una ola de críticas a nivel nacional e internacional, evidenciando como la Ley Contra el Odio puede ser utilizada para penalizar incluso expresiones humorísticas en redes sociales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
