Prociudadanos denuncia persecución del Gobierno ante comunidad internacional

La organización política elaboró una carta para dejar constancia de hechos que coartan la actividad política y la democracia participativa en Venezuela

La organización política venezolana Prociudadanos, liderada por Leocenis García, denunció ante la comunidad internacional una serie de eventos de persecución y acoso que han sufrido por parte del Gobierno.

Mediante una carta dirigida a Rex Tillerson, secretario del Departamento de Estado estadounidense, Luis Almadro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Ricardo de Figueiredo Caldas, miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; Prociudadanos enumeró las situaciones “antidemocráticas e ilegales” de las cuales han sido víctimas.

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En primer lugar manifestaron por el arresto de Julio Brecht Alejandro y Erick Ochoa, dos activistas de Prociudadanos, detenidos por funcionarios policiales en Carabobo. Según el documento de Prociudadanos, fueron sometidos a interrogatorios por una investigación relacionada a una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.

También describieron la situación en la que la Policía Nacional desalojó a 150 jóvenes de Prociudadanos que protestaban pacíficamente con una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo. “Con esta acción, las autoridades de Caracas violentaron el Tratado de Malta”, explicaron.

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Por otra parte, lamentaron que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena no asistiera a un acto de presentación de las firmas al que fue invitada, que congregó a más de 10.000 jóvenes del movimiento político en la plaza Brión de Chacaíto.

En este sentido, denuncian que el Gobierno presionó a las autoridades del Fórum de Valencia, el Poliedro de Caracas y el Parque Miranda para coartar las posibilidades de reunirse en un espacio público para presentar las firmas como partido político. “Una flagrante violación al derecho de reunión y manifestación”, alegaron.

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Finalmente, resaltan una orden remitida por la fiscal 61 nacional al presidente del BCV, Calixto Ortega, para indagar los movimientos de la Corporación Cachamaure, empresa que ya no pertenece al líder de Prociudadanos, Leocenis García, ya que fue expropiada y se encuentra desde hace cinco años en manos del Gobierno. “Prociudadanos ha reiterado públicamente, que sus fondos vienen del sector privado, cosa que no constituye un delito, por ende no entendemos el motivo de esta circular”, argumentaron.

Con este registro pretenden dejar constancia ante autoridades de la comunidad internacional, sobre hechos que coartan la actividad política y la democracia participativa en Venezuela.