Proliferación de grupos armados en el país afecta gravemente DDHH de la población
El informe presentado por la organización Alerta Venezuela enfatiza que el tema de los grupos armados irregulares ha sido evadido o manejado de manera compulsiva por el gobierno de Maduro, representantes de la oposición y por el gobierno de Gustavo Petro; lo que evita que se cree una «estrategia que permita su desmantelamiento y la recuperación de los territorios controlados por ellos»
En la última década han proliferado grupos armados irregulares en el país, entre los que destacan grupos paramilitares, bandas de crimen organizado y organizaciones irregulares de origen colombiano, que controlan el territorio, afectan la capacidad de gobernabilidad, constituye una barrera para la recuperación de la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho y ocasionan «una grave afectación a los derechos de la población venezolana y limitaciones de acceso a la acción humanitaria».
El informe «Una tragedia ignorada: la afectación humanitaria y de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares en Venezuela», presentado este viernes 23 de junio por la organización Alerta Venezuela, destaca que pese a lo retos que esta situación conlleva, es un tema ausente en el debate público, tanto del Gobierno como de la oposición y de las autoridades colombianas.
Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, encargada de presentar el documento explica que la actividad de estas tres organizaciones «solo es posible con la anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares del ámbito nacional o local» y agrega que estos grupos desempeñan funciones de Estado en zonas donde este no está presente, asumiendo un vacío en áreas como convivencia comunitaria, justicia, manejo de servicios y protección armada.
«De esta manera se configura lo que se conoce como ‘gobernanza criminal’, que genera en la población una cultura de aceptación a fin de preservar la propia seguridad frente al poder armado irregular», destaca el informe.
Este estudio encontró que entre los derechos afectados por estos grupos armados que hacen vida en el país destacan: vida, integridad personal, libertad personal y de tránsito, desplazamiento interno, derecho a salir y retornar al país, reunión pacífica, participación política, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos indígenas, tráfico y trata de personas, explotación infantil, derechos de las mujeres, derecho al trabajo y a la libertad económica.
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Silencio institucional
El informe también hace énfasis en que el tema de los grupos armados irregulares ha sido evadido o manejado de manera compulsiva por el gobierno de Maduro, representantes de la oposición y por el gobierno de Gustavo Petro; lo que evita que se cree una «estrategia que permita su desmantelamiento y la recuperación de los territorios controlados por ellos».
Los investigadores señalan que desde la oposición tampoco se aborda este tema, «bien sea por ignorancia y temor a lo desconocido o porque se siente incapaz de manejar la situación».
En el caso de Colombia dicen que la «situación no es muy diferente» porque «no existen avances para plantear las opciones de desmovilización de los miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) o de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Venezuela» y, por los momentos, el gobierno de Petro solo circunscribe el proceso de negociación con el ELN con quienes hacen vida en el territorio colombiano; por los que actúan en tierras venezolanas quedan fuera de la ecuación.
Recomendaciones
Desde Alerta Venezuela hacen recomendaciones a los diferentes actores que hacen vida en la sociedad venezolana.
Al gobierno le sugiere diseñar una estrategia que permita el desmantelamiento de grupos armados irregulares y la recuperación de los territorios mediante una respuesta represiva proporcional y ajustada a estándares internacionales, combinar la respuesta represiva con mecanismos que permitan hacer frente a las razones estructurales que alimentan el surgimiento y desarrollo de dichos grupos, incluyendo la ocupación territorial permanente de los espacios recuperados y precisar el papel del Gobierno en el proceso de paz total con respecto a la presencia del ELN en territorio venezolano, tomando en cuenta el carácter binacional de este grupo que, si bien actúa en ambos lados de la frontera, tiene propósitos políticos distintos, por lo que exige una definición del papel de Venezuela.
A los acompañantes de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición: reconocer la existencia de los grupos armados con control de territorio y capacidad de gobernanza y su impacto en la gobernabilidad del país, reconocer la afectación en los derechos humanos de la población y en sus posibilidades de acceso a la acción humanitaria, asumir un acuerdo político para alcanzar la seguridad territorial, con asesoría y acompañamiento de la ONU, en función de la recuperación de la gobernabilidad; incorporar en los espacios de negociación y diálogo entre el gobierno y la oposición las consideraciones y compromisos contenidos en la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo; entre otras recomendaciones.
