Proponen que nueva AN evalúe pago de servicios públicos de acuerdo a ingresos familiares
El constituyente Julio García Zerpa reconoció que lo que paga la ciudadanía por servicios públicos no alcanza para las reparaciones e inversiones
El presidente de la comisión de justicia de la impuesta asamblea constituyente y candidato a la Asamblea Nacional por Táchira, Julio García Zerpa, planteó el jueves 28 de octubre que el nuevo parlamento tiene la misión de evaluar el tema de los servicios públicos en el país respecto a la estratificación de los mismos y la sinceración de los costos, ya que los pagos no cubren lo que se gasta.
Asimismo, ejemplificó con el suministro de energía eléctrica diciendo que con las facturas canceladas no se llega a cubrir la nómina del personal de Corpoelec.
García Zerpa señaló que aquellas familias que requieran subsidios para cancelar los servicios públicos, dependerá de los ingresos de cada hogar, por lo que se hace necesario realizar un estudio casa por casa con el fin de conocer dicha información. En ese sentido, resaltó que un ejemplo de cómo se puede hacer esta diligencia es el caso del subsidio a la gasolina, que a su juicio se encuentra «estratificado de alguna manera».
Manifestó también que la ciudadanía debe hacer un uso «racional y eficiente» de los servicios públicos, reseña una nota de YVKE Mundial.
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“Erróneamente, en muchas casas se dejan encendidas las luces cuando no es necesario, y esto sucede porque el servicio, prácticamente, no tiene ningún costo, pues es subsidiado por el Estado”, señaló.
Por otro lado, hizo referencia al uso del gas doméstico diciendo que -al igual que en el caso del agua y la luz, donde propone una estratificación para el pago- se debe establecer una tarifa justa para que exista un mejor desenvolvimiento de los servicios en el país, ya que en el caso del combustible, es costeado por la administración de Nicolás Maduro y lo que paga la gente para llevar el recurso desde Anzoátegui hasta Táchira es el flete.
La situación de los servicios públicos en Venezuela es crítica debido a la falta de inversión y mantenimiento por parte de la administración de Nicolás Maduro, así como también los subsidios que desde el Ejecutivo se han hecho a las empresas de agua, electricidad, el gas y el transporte ha llevado a tener grandes pérdidas para el fisco y la imposibilidad de poder invertir en la mejora de estos servicios.
En 2019 Ramón Key, coordinador del Centro de Energía del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), presentó los resultados de un estudio sobre el impacto de los subsidios en la economía venezolana. Los primeros hallazgos señalan que unos 25.000 millones de dólares deja de percibir el Estado por dejar las tarifas a muy por debajo del costo de producción, de los cuales el 55% está asociado a la energía y el 75% está asociado a la energía y transporte en conjunto.
«La tasa promedio de subsidios en los servicios en Venezuela es de 70%, sin embargo, en electricidad, telecomunicaciones y agua llega a ser cercana al 100%, es decir, al 95% en agua, electricidad y gas doméstico», indicó durante la presentación del estudio realizado en conjunto con la embajada de Gran Bretaña en Venezuela en abril de ese año.
En abril de 2020, el Ejecutivo permitió fuertes aumentos en el costo de los servicios como el aseo urbano y la telefonía móvil, montos que han provocado la queja de los vecinos a las autoridades municipales de Baruta, Chacao y El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, municipios que tienen a la empresa Fospuca como proveedora del servicio y donde se cobran altos montos por la recolección de basura, alegando que los camiones se deterioran rápidamente por llevar los desechos al relleno sanitario La Bonanza, y los repuestos se pagan en dólares.
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El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en mayo de 2020 que el suministro de agua en el país se ha visto seriamente afectado desde diciembre de 2019 a abril de este año, debido principalmente a las fluctuaciones en el suministro de energía y al mantenimiento de los acueductos. Ya para finales del año pasado, en 10 de las principales ciudades del país el 93,8% de los ciudadanos almacenaban agua ante la inconsistencia del servicio.
Respecto al gas, el socio director de Gas Energy para Venezuela y profesor del IESA, Antero Alvarado, alertó el jueves 22 de octubre que no existe una «solución mágica» y «fácil» a corto plazo para solucionar el tema del suministro del gas propano porque importar los volúmenes que se necesitan en el país -unos 45.000 barriles- es muy costoso y hay una carencia de una estructura de negocios que permita a los empresarios privados poder solventar el problema.
