Protestas tras elecciones: ¿Qué está pasando en Venezuela?
La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, miembros de la comunidad internacional, personalidades políticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han enfatizado sobre la “falta de parámetros y estándares internacionales de integridad electoral” de las pasadas elecciones, lo que hace imposible que puedan considerarse democráticas
Para Lexys Rendón, co-directora de la ONG Laboratorio de Paz, la movilización ciudadana es una respuesta ante la indignación por los resultados de los recientes comicios, un acto pacifico que demanda una respuesta transparente del gobierno nacional.
Luego de darse a conocer los resultados de las elecciones presidenciales, millones de personas salieron a las calles en una nueva ola de protestas masivas para exigir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) respete la voluntad popular y haga un conteo transparente de las actas electorales.
“Una respuesta válida, enmarcada en el derecho a manifestar pacíficamente y a pedir respuestas de una situación que consideran que no es verdad o no es totalmente transparente” según definió Lexys Rendón, co-directora de la ONG Laboratorio de Paz durante una entrevista conducida por Gabriela Rojas, co-directora de TalCual este martes 30 de julio.
Durante este encuentro, Rendón detalló que estas acciones son una ”expresión de indignación” por falta de un pronunciamiento oficial que pueda clarificar y convencer sobre la validez de los resultados. “El gobierno no está respondiendo a estas demandas que no solo internas, sino de la comunidad internacional y del sistema de derechos humanos que plantean que los resultados no están garantizando estándares que permitan decir que son creíbles” dijo.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, miembros de la comunidad internacional, personalidades políticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han enfatizado sobre la “falta de parámetros y estándares internacionales de integridad electoral” de las pasadas elecciones, lo que hace imposible que puedan considerarse democráticas.
Esta situación se presentaba desde los hechos violentos cometidos en los días previos y durante la campaña electoral, Rendón expresó que “esta es la elección más adversa que se ha tenido en los últimos años, por las serias restricciones para que las personas puedan ejercer con totalidad el derecho a la participación política”.
Recalcando la responsabilidad del Estado por la “persecución e intimidación contra personas que manifestaban una opción diferente al oficialismo” evidenciándose en las detenciones de aquellos que prestaron sus bienes o servicios al para los actos del candidato opositor.
“Advertimos esta represión pero no imaginábamos que íbamos a vivir circunstancias parecidas a años anteriores con la posibilidad de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), admitió con preocupación Rendón.
De acuerdo con las cifras compartidas por organizaciones de la sociedad civil, para el 30 de julio se contabilizaban 8 registros de personas asesinadas durante las manifestaciones, la mayoría de estas murieron por disparos. Además se produjeron 135 detenciones. Aunque, el Fiscal General, Tarek William Saab, hablaba de más de 700 aprehensiones hasta la fecha. Patrón represivo
La experta en derechos humanos denunció sobre un “patrón represivo» para que las personas no accedan al derecho a la manifestación. “Las personas detenidas desde el periodo previo y el inicio de la campaña estaban siendo imputadas con cargos que no tenían que ver con su participación en la política para desviar la atención del patrón de persecución” dijo.
Con este escenario inmerso en la injusticia “las personas querían manifestarse de forma pacífica y protagónica, eso fue lo que se evidenció y se sigue evidenciando. La gente necesita manifestar que no está conforme con lo que sucedió”.
Recrudecimiento de la acción de los colectivos
Estas acciones de calle, tienen características parecidas a lo que sucedió en años anteriores, pero tambíen nunca antes vistas. Para mitigar la respuesta insatisfactoria de la ciudadanía, se ha visto la actuación de grupos de colectivos armados generando zozobra entre la población, que, de acuerdo con Rendón “se han recrudecido”.
Sobre los rumores de un golpe de Estado, la entrevistada aseguró que para suceder esta posibilidad se requiere de armas y una estructura militar, cosas con las que no cuenta la ciudadanía, al contrario de lo que sí vemos en la respuesta represiva del estado con el uso de grupos armados, en la necesidad de justificar un acto que no es democrático ante la comunidad internacional”.
“El poder de la violencia no está en la gente en la calle, lo tiene los militares, la policía y el Estado”, afirmó.
Concluyó diciendo que “lo peor que le puede pasar a Venezuela es convertirse en una segunda Nicaragua”, ya que con toda esta situación no solo está en juego la voluntad de los venezolanos, sino la credibilidad del sistema político.
