Provea denuncia desaparición forzada de un efectivo de la PNB preso en Boleíta

Rohyner Javier Ramírez Martínez, un funcionario de la PNB detenido desde hace dos años en la Zona 7, fue sacado de su celda sin una orden judicial por efectivos de la Dgcim el pasado 1 de agosto. Desde entonces se encuentra desaparecido. Provea recordó que la desaparición forzada «propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido»
Provea denunció este lunes 25 de agosto la desaparición forzada de Rohyner Javier Ramírez Martínez, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de 24 años que se encontraba detenido desde hace dos años en el Centro de Detención para Privados de Libertad, conocido como la zona 7 y ubicado al este de Caracas.
De acuerdo con el relato de la madre de Ramírez, Carmen Martínez, el funcionario se encontraba detenido por órdenes del Juzgado Cuarto (4°) de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. A las 5:00 a.m. del 1° de agosto, efectivos de la Dgcim ingresaron a su celda y sin mostrar la orden de traslado se llevaron al joven. Desde entonces se desconoce su paradero.
«Temo por la vida, integridad y estado físico de mi hijo, pues estaríamos en presencia de una desaparición forzosa», dijo Martínez citada por Provea en sus redes sociales.
Los familiares introdujeron una acción de habeas corpus ante tribunales para exigir a las autoridades judiciales determinar el paradero de Ramírez, pero no han obtenido respuesta.
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«Reiteramos que la desaparición forzada no sólo constituye un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que extiende la sensación de miedo e indefensión sobre sus familiares quienes no tienen certeza sobre el paradero y las condiciones de salud de la persona detenida», señaló Provea.
Según la ONG, la madre de Ramírez también denunció el hecho ante el Ministerio Público, el Ministerio de Servicio Penitenciario, la Defensa Pública y Defensoría del Pueblo. Además, ha visitado distintos centros de reclusión en Caracas, incluyendo las sedes de la Dgcim y el Sebin sin obtener respuestas.
La organización recordó que la desaparición forzada «propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido y constituye, de plano, un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra su núcleo familiar, que va generando un mayor impacto psicológico a medida que se prolongue por más tiempo».
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