Provea: nuevo decreto de emergencia económica afianza el control social y la represión
Provea indicó además que el decreto también desconoce las facultades de la Asamblea Nacional, establecidas en la Constitución vigente
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) calificó de “inconstitucional” la nueva declaratoria de un Estado de Emergencia Económica dictada por el Gobierno de Nicolás Maduro, pues consideran que con este instrumento, se afianza el control social y la represión contra la población.
“Con la medida Maduro viola nuevamente lo consagrado en el artículo 339 de la Constitución, que establece que el decreto que declare el estado de excepción deberá ser declarado como constitucional por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos inclusive, cuestión de primer orden que no se plasmó en el contenido del referido decreto”, señaló la ONG.
Además, destacaron los aspectos del numeral 11, correspondiente al artículo 2 del decreto, donde se otorga al Ejecutivo la posibilidad de implementar “[…] mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”.
Por ello, desde Provea se aseveró que esta medida abre la posibilidad de imponer, de forma generalizada, la exigencia del carnet de la patria, “un mecanismo de control social y segregación política que ha sido promovido por la dictadura para limitar el acceso y disfrute de derechos por parte de la población”.
Asimismo, llamaron la atención sobre el numeral 21 del artículo 2 y el artículo 6, mediante los cuales el Gobierno de Maduro “refuerza la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular frente al hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental”.
“Se insiste en promover la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de amplios sectores de la sociedad, para amparar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos”, advirtió la ONG.
“Zarpazo” contra la AN
Provea indicó además que el decreto también desconoce las facultades de la Asamblea Nacional, establecidas en la Constitución vigente.
“Es un zarpazo más contra el Parlamento venezolano. Constituye un significativo paso hacia la consolidación de los mecanismos de control social, represión y cesión de la soberanía nacional a los socios comerciales de la dictadura”, agregó la ONG en su comunicado.
La organización no gubernamental sostuvo que el numeral 16 del artículo 2 del decreto “asesina al Parlamento” y “cede abiertamente la soberanía y los recursos del país a las transnacionales vinculadas a sus principales socios comerciales”, al eliminar algunas de las principales facultades del Parlamento.
“Con ello, la dictadura de Maduro se arroga nuevas competencias y liquida la facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, contenida en el artículo 187 de la Constitución Nacional, para aprobar o improbar contratos de interés nacional suscritos por el Ejecutivo”, indicó la ONG, lo que a su juicio, afianza el opaco manejo de las finanzas públicas, “al desconocer la misión contralora del Parlamento y propiciar el desmesurado incremento del endeudamiento del Estado”.
Provea recordó que desde mayo de 2016, Venezuela ha estado sometida a un continuado ‘Estado de Excepción y Emergencia Económica’, bajo la premisa de una presunta guerra económica contra el país y para frenar el contrabando de insumos estratégicos para el país.
