¿Puede el informe de Bachelet impulsar una causa contra Maduro ante la CPI?
La petición interpuesta por seis países contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, aún en fase de consideración, podría acelerarse si el ente internacional toma en cuenta el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Las pruebas expuestas en el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revelan al mundo que bajo la administración de Nicolás Maduro se cometen graves violaciones a los derechos humanos de forma reiterada.
Anteriormente el Gobierno solía esgrimir el argumento de que las denuncias no eran más que acusaciones sin fundamentos. Sin embargo, una investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el trabajo que han desarrollado diversos organismos en Venezuela desde hace años, arrojan una realidad difícil de negar para Nicolás Maduro y su cúpula.
Ante esta enorme lista de violaciones a los derechos fundamentales del ser humano, surge la posibilidad de impulsar una causa contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), interpuesta desde el 27 de septiembre de 2018 por los gobiernos de Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Chile. Así lo razona la exeurodiputada Beatriz Becerra.
«Lo que se concluye de este informe, sin ningún género de dudas, es que los hechos comprobados y descritos coinciden con la causa por crímenes de lesa humanidad presentada ante la Corte Penal Internacional hace más de un año contra Maduro y su línea de mando», indicó tras leer el informe de Bachelet.
Lo que se concluye de este informe, sin ningún género de dudas, es que los hechos comprobados y descritos coinciden con la causa por crímenes de lesa humanidad presentada ante la @IntlCrimCourt hace más de un año contra Maduro y su línea de mando.
— Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) July 4, 2019
Sin embargo, más allá de las denuncias de una de las personalidades que más ha criticado al Gobierno en los últimos años, es verdad que en los artículos del Estatuto de Roma se establecen causas que podrían comprometer a Maduro y los altos funcionarios de su administración.
¿Qué establece el Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma es un documento firmado por 139 países y ratificado por 60, que establece los mecanismos y causas para llevar una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
«La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión», establece el estatuto.
En su artículo 7, especifica qué consideraciones toma para calificar un delito como «crimen de lesa humanidad». Entre las cuales figuran:
– Asesinato.
– Exterminio.
– Esclavitud.
– Deportación o traslado forzoso de población.
– Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
– Tortura.
– Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
– Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género.
– Desaparición forzada de personas.
– Crimen de Apartheid.
– Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Por lo menos siete de estos crímenes figuran en el informe de la ONU, en el que se hace alusión a víctimas concretas y anécdotas precisas que detallaron cómo el Estado asesina, tortura, viola, desaparece, persigue y encarcela sin el debido proceso a cientos de venezolanos.
¿Qué hechos denuncia el informe de Bachelet?
El documento contiene en 15 páginas y un total de 80 párrafos detalles sobre situaciones concretas en las que se presentaron violaciones a individuos o grupos particulares. También precisa los cuerpos de seguridad que cometieron los crímenes de lesa humanidad e infiere que existen políticas del Estado que promueven este tipo de situaciones.
En el informe indican que, durante al menos una década, el Gobierno y las instituciones que controla han aplicado leyes y políticas que han afectado al Estado de derecho al desmantelar las instituciones democráticas.
«Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático», exponen.
Concretamente, señalan que sucesivas leyes y reformas legislativas buscan la criminalización de la oposición y cualquier persona crítica al Gobierno. De igual forma, hacen énfasis en los ataques que han sufrido opositores políticos y sus familiares, parte de una «represión selectiva» que incluye detenciones arbitrarias, violencia sexual, tortura, amenazas de muerte, intimidación, humillación y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Crédito: CNN
«En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas», precisan.
El informe agrega que estas medidas fueron aplicadas principalmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como métodos para extraer información y confesiones, además de intimidar y sancionar a los detenidos. De igual forma, destacan la acción de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) y sus ejecuciones extrajudiciales.
«Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos», aseveran.
También advirtieron que el Ministerio Público no proporcionó información sobre las presuntas 72 denuncias que han recibido por supuestas torturas y malos tratos.
Como estos, existen otros hechos punibles que se enmarcan dentro de lo contemplado en el Estatuto de Roma para acudir a la Corte Penal Internacional con una denuncia por crímenes de lesa humanidad.
El caso en la Corte Penal Internacional
Los gobiernos de Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Chile presentaron ante esta instancia una petición para que se inicien investigaciones contra Nicolás Maduro por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela.
Esta causa inició con un examen preliminar delegado a la Sala de Cuestiones Preliminares, que se realiza para determinar si el caso procede o no, tal y como lo establece la normativa.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, para realizar su evaluación, la CPI acude a informes de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, también de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
Desde 2017 la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha consignado información sobre violaciones de los derechos humanos a este ente. Incluyó en 2019 investigaciones sobre los asesinatos del concejal opositor Fernando Albán -encubierto por el Gobierno como un suicidio- en una de las cárceles políticas del Estado, y de Óscar Pérez, el oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se sublevó contra Maduro y pereció en un enfrentamiento con más de 1.000 agentes policiales y militares después de haberse rendido.
Con toda la información registrada y las extensas investigaciones realizadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, si la CPI tiene en consideración el informe, podría aproximarse una aceleración del caso que aún se encuentra en consideración por la entidad.
