Puja en España, por Javier Ignacio Mayorca
La captura en España del mayor general retirado del Ejército, Hugo Carvajal, vuelve a poner al Gobierno en una situación de emergencia, ante la posibilidad de que caiga en manos de los “enemigos” estadounidenses un valioso repositorio de todo tipo de informaciones comprometedoras.
Este escenario no se lo figuraron en la sala situacional: tener que intentar por todos los medios la defensa en las cortes de Madrid de un oficial que, apenas hace tres semanas, fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada mediante un decreto presidencial, con la amenaza explícita de un juicio por traición a la patria.
La situación es de creciente complejidad. En primer lugar, la detención del ex jefe de Contrainteligencia Militar se llevó a cabo en virtud de una vieja notificación roja cursada a través de Interpol, la misma que fue invocada para aprehenderlo durante un breve lapso en Aruba, en julio de 2014. Era, por ende, un riesgo que debió ser perfectamente sopesado por este hombre, que fue calificado por la conocida revista colombiana Semana como el Montesinos de Chávez, en referencia a Vladimiro Montesinos, el poderosísimo ex jefe de la inteligencia peruana durante el régimen de Alberto Fujimori. Tan conocida era la situación para él que, de acuerdo con datos extraoficiales, en varias oportunidades intentó llegar a un avenimiento con el Tío Sam, a través de un bufete de abogados que se especializa en la materia.
Pero los cargos criminales contra Carvajal son demasiado pesados para lograr un perdón total. Veamos. Por una parte, está una acusación que lo involucra en el escandaloso vuelo de un Boeing 737 que salió del aeropuerto de Maiquetía hasta Ciudad del Carmen (México), cargado con 5,6 toneladas de cocaína. En ese vuelo solo admitieron maletas con drogas, que fueron colocadas en los asientos como si fuesen pasajeros. La documentación sobre este caso establece un nexo directo entre el cartel de Sinaloa en rol de comprador, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como proveedor, y quien para abril de 2006 encabezaba la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Entre los suplidores de la droga y los que la adquirían estaba un bróker, Walid Makled, guardado con celo en una mazmorra del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Esta acusación contra Carvajal la firma el fiscal Preet Bharara, el mismo que protagonizó el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial.
La segunda acusación establece un vínculo entre Carvajal y quien hasta 2008 fue uno de los máximos jefes del cartel del Norte del Valle, Wilber Alirio Varela, alias Jabón. Este ex policía devenido en traficante de drogas pasó los últimos cuatro años de su vida en Venezuela. Más de una vez intentó fingir su muerte, para desviar la atención de las autoridades. Una de estas fue en un apartamento de Plaza Venezuela, en 2006. Pasaron varios días hasta que la comparación de fichas dactilares permitió descartar que se tratara del jefe criminal.
Según las autoridades estadounidenses, Jabón actuaba en el país con protección de cuerpos policiales y militares, hasta que un buen día de enero de 2008 su enfrentamiento con los hermanos Comba (que también pasaron temporadas en el país) y con Daniel Rendón, un prominente capo de la Oficina de Envigado, alias Don Mario, propició un “cambio de mando” en la jerarquía del cartel. Los policías venezolanos le dieron la espalda, y sus propios compinches lo mataron en una posada del estado Mérida, luego de vigilarlo durante varios días.
Tanta importancia tenía Varela que el levantamiento del cadáver fue supervisado por el entonces director de la policía judicial, comisario Marcos Chávez.
Esta muerte, sin embargo, no ocasionó mayores pérdidas para los jerarcas venezolanos, que controlaban la ruta, es decir, decían qué pasaba y qué no. Según la acusación firmada por el fiscal Wilfredo Ferrer, “miembros de la facción de Varela continuaron pagando a Hugo Carvajal Barrios, alias el Pollo, y otros altos oficiales militares y policiales para que los asistiera en sus propias actividades de tráfico de drogas”. Incluso, de acuerdo con el documento, el general llegó a vender drogas a los propios miembros de las organizaciones criminales.
Si se juntan ambos casos, se va aclarando un cuadro de relaciones que coloca a Carvajal como un operador vital para los grupos de la guerrilla colombiana y también los antiguos paramilitares devenidos en exportadores de cocaína.
Desde entonces hasta el presente, los alegatos contra el ex jefe de Contrainteligencia Militar presumiblemente se han solidificado, toda vez que muchas de las personas que antaño explotaron las rutas de los estupefacientes a través del país ahora purgan condenas en Estados Unidos. Allí están Rasguño, don Diego, el Loco y los hermanos Comba, por citar algunos. Y del lado de las FARC, nada más y nada menos que José María Corredor, alias Boyaco, quien logró evadirse de las celdas del Helicoide para que luego lo pescaran en las selvas colombianas.
En su defensa, Carvajal ha señalado desde España que su captura y proceso de extradición “es político”. Desde luego que lo es. Y también es un caso criminal. En Venezuela, ambas cosas van juntas en una mezcla heterogénea, que a menudo es difícil de comprender.
¿Podrá evitarse esta vez que el Pollo caiga definitivamente bajo el dominio de Washington? Siempre pueden ocurrir sorpresas. En 1986, por ejemplo, Estados Unidos se quedó esperando que un juzgado español acordase la extradición de Jorge Luis Ochoa Vásquez, uno de los líderes del cartel de Medellín. Luego de comprobó que el juez de la causa había sido sobornado para que Ochoa fuese enviado a Colombia. Pero ya el daño estaba hecho. En 2011, Walid Makled fue enviado de Colombia a Venezuela, a pesar de que los estadounidenses también pujaban por su extradición. La decisión se fundamentó en un dudoso tecnicismo sobre qué país había entregado primero la solicitud correspondiente. En 2014, Washington también perdió la batalla, cuando intentó llevarse al propio general retirado desde Aruba.
Pero en el caso de Carvajal muchas cosas han cambiado durante los últimos cinco años. El podría alegar que a Venezuela no lo pueden enviar en virtud del riesgo inminente a su vida, la ausencia de estado de Derecho y debido proceso, etc. Algo que por cierto no está exento de paradojas, pues se trata de situaciones que él mismo contribuyó a crear. Si lo mandan a EEUU, también le espera la prisión, pero con un amplio margen de negociación derivado de los datos que seguramente tiene a la mano, y de los que por cierto presumió durante las últimas semanas en su cuenta twitter.
Ese saber se refiere no solo a cuestiones ilícitas en las que habría participado o de las que fue testigo excepcional, sino también sobre cuestiones tan importantes para la historia reciente del país como por ejemplo los arreglos que se hicieron en el alto gobierno durante los últimos días de vida del teniente coronel Hugo Chávez, el verdadero rol de los cubanos y la proximidad del régimen con enemigos ecuménicos de EEUU, como Rusia e Irán. Esto colocaría el proceso a Carvajal en un plano totalmente distinto a lo meramente criminal y de altísimo valor para los intereses de Washington.
La puja en España apenas comienza.
Breves
-Mientras el Gobierno intenta convencer a sus seguidores de que la crisis eléctrica fue el producto de un ataque con pulsos electromagnéticos y francotiradores, en privado los funcionarios del área admiten lo que ya los expertos advertían: que la falta de mantenimiento en los complejos de generación y en las líneas de distribución tarde o temprano ocasionaría un colapso, solo retardado debido a la fuerte desaceleración de la economía (lo que aminora el consumo de energía). Lo peor es que ahora se intenta cargar en el sector privado los costos de las operaciones para la preservación de lo poco que aún está en pie. En la primera semana de abril, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) solicitó a las firmas operadoras de helicópteros que le regalaran horas de vuelo a Corpoelec para hacer las inspecciones a las líneas eléctricas. El Ejecutivo se comprometió a cancelar el combustible y eximir a estas compañías del pago de ciertas tasas como la de radioayuda, exclusivamente en aquellos vuelos relacionados con esta operación. Esto sucede pues la flota de aeronaves de ala rotatoria de Edelca y de la Corporación Venezolana de Guayana no está operativa.
-34 personas murieron en hechos de violencia registrados en centros penitenciarios y en retenes policiales durante el primer trimestre de 2019. Las cifras gubernamentales conocidas extraoficialmente indican que en enero reportaron trece homicidios tras las rejas, otros catorce en febrero y siete en el tercer mes del año. Hubo además similitud entre los totales de fallecidos en retenes policiales e internados judiciales. En los primeros fueron reportados 16 homicidios, cinco de ellos en instalaciones de la policía judicial, no sólo subdelegaciones sino también unidades especiales como Antiextorsión y Secuestros, ubicada en El Hatillo. En las cárceles bajo administración de Servicio Penitenciario mataron a dieciocho personas. Las más violentas fueron Tocorón en Aragua (7) y el centro Fénix del estado Lara (5). Estas cifras no toman en cuenta las muertes por enfermedades como tuberculosis y Sida, que se han disparado debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
