¿Qué dicen los países ante el informe de la Misión de Determinación sobre Venezuela?
Mientras los expertos de la Misión de Determinación de Hechos denunciaron situaciones que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, Venezuela rechazó el contenido del informe al señalar «testimonios inventados». Varios países se ofrecieron a «construir puentes» o apoyar una «solución genuinamente venezolana», mientras que Estados como Cuba, Rusia o Bolivia acusaron al Consejo de Derechos Humanos de un «ejercicio hostil e injerencista» contra el país
Liberación de todos los presos políticos, procesos judiciales sin garantías, torturas y preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur. Estas formaron parte de las denuncias expresadas por los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante la discusión del último informe de la Misión de Determinación de Hechos.
Mientras los expertos de la Misión denunciaron situaciones que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, Venezuela rechazó el contenido del informe al señalar «testimonios inventados».
En medio, hay Estados que tienen connacionales viviendo las situaciones denunciadas en el informe.
Tal es el caso de Argentina, que reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 y de quien dijeron «ha quedado preso, en cautiverio e invisible»; Perú, que denunció la detención de dos connacionales; o España, que reclamó la liberación de cuatro ciudadanos españoles y 16 dobles nacionales.
A todas estas personas, señalaron, «se les priva de la debida asistencia consular». Según el Foro Penal venezolano, hasta la fecha hay 89 extranjeros detenidos en el país por razones políticas. La mayoría de ellos son colombianos.
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Bélgica denunció el efecto de «puerta giratoria» como una táctica para intimidar a la sociedad civil, mientras que Chile afirmó que la administración de Nicolás Maduro aplica una «política estatal deliberada» y un «plan sistemático» para silenciar y anular a la disidencia.
Paraguay advirtió sobre la «continuidad de patrones sistemáticos» de violaciones de derechos humanos, y señalaron la situación dentro de las cárceles, el «creciente número de muertes bajo custodia, aumento de lesiones de presos y la desatención médica a los privados de libertad con enfermedades graves».
Perú manifestó su compromiso junto a otros países «con los esfuerzos por una solución genuinamente venezolana que afiance la paz, el bienestar, la democracia, el Estado de derecho». En una línea similar, Suiza se ofreció a «construir puentes» para una solución a la crisis.
En cambio Noruega, que fungió como facilitador en varios procesos de diálogo entre la oposición y Maduro, expresó su preocupación por la «complicidad del sector judicial y de la Defensoría del Pueblo con las autoridades en la comisión de la vulneración de derechos humanos (…) La violencia política debe cesar y de manera inmediata».
Calificaron de «fundamental» que las autoridades venezolanas «tomen medidas decisivas para poner fina la impunidad por estos crímenes cometidos», al tiempo que instaron a colaborar de manera efectiva con mecanismos de la ONU y de la Corte Penal Internacional.
Portugal alertó sobre la supresión de la oposición política y la representación de Austria calificó las violaciones como «alarmantes e inaceptables».
Polonia advirtió sobre la escalada de persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que Irlanda puso el foco en la represión contra periodistas, comunidades indígenas y personas Lgbti.
Del otro lado de la acera, representaciones de países como Bolivia, Cuba o Rusia se refirieron a las sanciones, el despliegue de Estados Unidos en la región o el «ejercicio hostil e injerencista» que, señalaron, representan los informes de la Misión de Determinación de Hechos como lo expresó Cuba.
El representante de la isla hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado Volker Türk a «explorar mecanismos de cooperación bajo términos mutuamente acordados».
«Expresamos nuestro rechazo a la amenaza del uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela (…) Llamamos una vez más a este Consejo a que promueva un diálogo constructivo, genuino y de cooperación», dijo la representante boliviana.
Por su parte, la delegación de Rusia se opuso «a que se use este órgano para ejercer presión política sobre Venezuela, pedimos en cambio que se observen los éxitos del liderazgo venezolano». Asimismo, señalaron a «radicales dirigidos desde el exterior que utilizan métodos violentos, utilizan terrorismo» para desestabilizar el país, repitiendo las denuncias hechas sobre líderes opositores como María Corina Machado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
