¿Qué está pasando con los migrantes venezolanos enviados a ciudades santuario en EEUU?
En agosto de 2022, 55.333 migrantes de Venezuela fueron encontrados en la frontera de Estados Unidos con México, de acuerdo con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza. El aumento del número de connacionales que entran por pasos ilegales ha aumentado y afecta a las entidades receptoras, cuyas autoridades han enviado a los desplazados hacia otras jurisdicciones en más 200 autobuses que, al menos al estado de Texas, le ha costado 12 millones de dólares
En Estados Unidos, el pasado 16 de septiembre, 50 migrantes venezolanos fueron trasladados en dos aviones desde Florida hasta la isla privada Martha’s Vineyard, en el estado de Massachusetts, por orden del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis, quien ha seguido los pasos de sus pares en Arizona y Texas — dos regiones fronterizas con México al sur del territorio estadounidense desbordadas por las recientes olas migratorias—, también pertenecientes al partido republicano.
DeSantis, Doug Ducey y Greg Abott son funcionarios que en las últimas semanas han sido señalados por ONG locales y defensores de derechos de personas migrantes por usarlas como peones dentro del juego político de esa nación. En dos meses en Estados Unidos se celebrarán las elecciones intermedias en el Senado con las que se definirán las cuotas de poder de los dos grandes bandos políticos dentro del organismo legislativo.
¿La razón de la acusación? Han enviado a los desplazados que reciben a bastiones demócratas como Washington, Nueva York y Chicago, por ser las llamadas ciudades santuario —aquellas con políticas diseñadas para proteger de posibles deportaciones o detenciones a los extranjeros indocumentados— y a modo de reclamo a la política fronteriza «blanda» adoptada por la administración de Joe Biden.
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Parte del gran conflicto y la razón por la que, en representación de los migrantes venezolanos afectados, la organización Abogados por los Derechos Civiles —basada en Boston, Massachusetts—presentó una denuncia colectiva en contra de DeSantis y su secretario de Transporte (Jared W. Perdue) es que el grupo fue llevado a Martha’s Vineyard bajo «falsos pretextos».
No solo se les dijo que su destino sería Boston —cuando no fue así— sino que a muchos se les prometió vivienda y trabajo para cuando llegaran y tampoco sucedió. Otros, de acuerdo con reportes de medios locales, dicen haber entrado en contacto con una mujer llamada «Perla», quien ofrecía regularización migratoria y 200 dólares a los venezolanos para que les ayudara a reclutar a más connacionales dentro de centros de inmigración. Eso con el fin de que abordaran el avión hacia «estados santuarios» porque presuntamente cuentan con más recursos. A todos se les pedía firmar una exención de responsabilidad e incluso a algunos se les llevó a un hotel mientras esperaban ser enviados» a Boston».
«Lo que les sucedió a nuestros clientes es similar a la trata de personas, el encarcelamiento falso o el secuestro (…) Esos son todos los tipos de delitos que las autoridades policiales federales y estatales deben investigar», dijo a The Boston Globe Oren Sellstrom, el director de litigios de esa asociación.
La ONG desconoce si «Perla» posee algún tipo de vínculo con los gobernadores republicanos. TalCual solicitó información a la coalición demandante, pero al momento de publicación de este reportaje no había emitido comentarios acerca del alcance de la denuncia.
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En un documento alegaron que la querella se hizo sobre la base legal de la violación a los derechos de los migrantes, establecidos en la Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, y a la Ley de los Derechos Civiles. Se espera que en un juicio se evalúen los daños punitivos de carácter civil, que implicaría, según sea el dictamen, una indemnización.
«Fueron manipulados, despojados de su libertad, autonomía corporal, debido proceso e igual protección ante la ley, para inducirlos a abordar dos aviones con falsas promesas», se lee en el texto.
Analistas plantean que las acciones de parte de la bancada republicana son parte de una estrategia electoralista para hacerle crítica a la política migratoria de Biden.
María Montoya, abogada especializada en temas de migración, dijo a TalCual que «mientras la coyuntura política se mantenga, en vista de que hay elecciones, se va a ver este juego de los que están a favor o en contra de la migración», la cual, recalcó, es un derecho y no un comportamiento ilegal.
Y es que este tema será clave en los últimos meses no solo porque afecta a los nacionales estadounidenses sino porque también impacta en la comunidad latina migrante que, para la también abogada Irene Valencia, tendrá un peso importante en el voto de los comicios intermedios.
También el sheriff de Texas del condado de Bexar Javier Salazar dijo en una conferencia de prensa que su agencia abrirá una investigación para presentar una acción legal, pues los migrantes trasladados a Massachusetts estaban inicialmente en territorio texano y por lo tanto tiene competencia sobre ello.
«Lo que estamos escuchando es que sienten que les mintieron… eso podría ser un delito aquí en Texas y lo manejaremos como tal», agregó el funcionario.
Additionally, we are working with private attorneys who are representing the victims, as well as advocacy organizations regarding this incident. We are also preparing to work with any federal agencies that have concurrent jurisdiction, should the need arise.
— Bexar County Sheriff’s Office (@BexarCoSheriff) September 19, 2022
Además, está «trabajando con abogados privados que representan a las víctimas, así como con organizaciones de defensa de este incidente. También nos estamos preparando para trabajar con cualquier agencia federal que tenga jurisdicción concurrente, en caso de que surja la necesidad», ratificó dicha oficina.
Por su parte, Rachel Shelf, una abogada de inmigración de Boston que preside una consultora que lleva su mismo nombre, aseveró que las autoridades de Florida «sabían que no había vivienda ni empleo esperando a los migrantes. También eligieron muy intencionalmente no llamar con anticipación a ninguna autoridad de Martha’s Vineyard para que se pudieran hacer incluso los arreglos humanos más básicos. Asegurarse de que no hubiera ayuda esperando a los migrantes en absoluto era el objetivo».
Y esa situación se ha repetido desde marzo de este año, cuando iniciaron los envíos de migrantes hacia las jurisdicciones santuario que, hasta el momento, de acuerdo con cifras compartidas por las oficinas de las gobernaciones arizoniana y tejana, han recibido la siguiente cantidad de personas con condición migratoria irregular:
- Washintong – 9.777 (1.677 provenientes de Arizona)
- Nueva York – 2.600
- Chicago – 675
- Martha’s Vineyard – 50
Texas’ migrant busing strategy continues providing much-needed relief to overwhelmed border communities.
As of today, Texas has bused:
✔️ Over 8,100 migrants to D.C.
✔️ Over 2,600 to NYC
✔️ Over 675 to Chicago pic.twitter.com/WawxpNfIgO— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 20, 2022
En Washington DC 70% de los individuos que han recibido son venezolanos, afirmó Marisela Castillo, directora de la ONG Humanitarian Action que opera en esa ciudad estadounidense apoyando con cobijo, alimentos y ropa a los connacionales.
El mayor obstáculo en el proceso de reubicación es que llegan «desorientados», sin información sobre cuáles son los procedimientos que deben seguir ni a qué entes gubernamentales con competencia en sus casos pueden dirigirse.
De arbitrariedades y citas en las cortes de inmigración
La abogada Rachel Shelf denunció que al mandar al grupo de migrantes a Martha’s Vineyard se les proporcionó un «mapa caricaturesco» de la entidad y un folleto con información del sitio web de la comunidad de Massachusetts e información para cargar su dirección en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) cuando se mudaran. Pero esa no es la institución correcta, sino el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se encarga de notificar sobre los avances de los procedimientos de inmigración.
«Esto es especialmente preocupante, ya que cualquier persona con la comprensión más básica de los procedimientos de inmigración sabe que el Uscis no era la agencia con la que los inmigrantes tendrían que registrar sus direcciones y no tiene nada que ver con sus casos de ninguna manera. Está claro que este fue un intento intencional de garantizar que estos migrantes fueran expulsados en ausencia al no cambiar su dirección con la agencia adecuada».
La experta en temas legales migratorios afirma que este «fue un descarrilamiento intencional diseñado para evitar que las personas cumplieran con las políticas federales de inmigración, lo cual es problemático porque el estado no debería interferir con ello».
Además, según denunció Shelf, esos venezolanos en Massachusetts fueron procesados por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, que les anotaron «direcciones falsas» en sus papeles de migración, usando la de los refugios a los que presuntamente los iban a enviar; a pesar de que ellos mismos les habían dicho que no tenían domicilio en territorio estadounidense.
El problema se agravó aún más debido a que las audiencias de presentación ante los tribunales de inmigración se las asignaron para ciudades a más de 5.000 kilómetros de distancia, a las que es sumamente complejo llegar, y solo con dos días de por medio para movilizarse hasta esas localidades.
«Es repugnantemente cruel poner obstáculos en el camino de las personas que ven la violencia y la opresión, algunas de las cuales caminaron por diez países con la esperanza de encontrar seguridad. Es vergonzoso e inhumano. Estos son seres humanos a los que estamos privando de los derechos humanos básicos (…) La mayor preocupación hoy en día es que muchos de ellos tienen fechas para presentarse en San Antonio, Tacoma, Washington DC y están en Massachusetts. ¿Dime cómo es eso posible?», dijo la abogada.
Desde Martha’s Vineyard hasta la ciudad de San Antonio, por ejemplo, se necesitan 10 horas si se va en avión o dos días y seis horas si se escoge como opción una ruta mixta, que implica tomar mínimo cinco autobuses y un ferry, que es más barato, con un costo de entre 247 y 393 dólares por persona, casi 200 dólares menos que de la forma aérea, que es la más rápida.
Desde ese mismo punto, un migrante se demoraría en llegar a Tacoma, en el estado de Washington, nueve horas en avión o tres días y 15 horas usando tres buses y un ferry, de acuerdo con estimaciones de Rome2rio, una plataforma online que contiene información sobre vuelos, trenes, ferries, viajes compartidos y duraciones estimadas de rutas de más de 160 países.
Además de las ciudades comentadas por Shelf, el diario The Vineyard Gazzette reseñó el testimonio de un venezolano cuya cita era en Los Ángeles, California. A ese mismo medio Janet Constantino, coordinadora del Centro de Asesoramiento en Servicio Comunitario de la isla estadounidense, contó que los mismos migrantes están «tratando de ver para cuando la corte puede reprogramar sus citas».
En promedio, tienen que atravesar hasta seis estados y recorrer 3.525,575 kilómetros para cumplir con sus deberes migratorios.
¿Cuánto le costó a Texas el traslado de migrantes?
En agosto de este año, 55.333 migrantes de Venezuela fueron encontrados en la frontera sur de Estados Unidos con México, de acuerdo con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) Chris Magnus, quien además señaló que la institución, junto a agentes de la administración de Joe Biden, ha trabajado en esa región para procesar y examinar «de forma segura y humana» a las personas halladas, para así garantizar una migración organizada, que es por lo que apuesta el presidente Biden.
Sin embargo, la gran cantidad de personas que huyen desde nuestro país y de regímenes como Nicaragua y Cuba han desbordado la capacidad de atención de las autoridades estadales receptoras.
El 19 de septiembre, Greg Abbot, gobernador de Texas, renovó la declaración de desastre en seguridad fronteriza en varios condados de su estado que colinda con territorio mexicano. Su gobierno, desde abril de este año, ha gastado 12.707.720,92 de dólares —según una hoja de cálculo a la que tuvo acceso el medio CNN por la presentación de una solicitud de información ante su despacho— para transportar a otras jurisdicciones a los desplazados que allí llegan.
Por migrante, aproximadamente, se genera un gasto de 1.200 dólares por razón de traslados a las ciudades santuario. Hasta el martes 6 de septiembre, 190 autobuses habían sido enviados a la capital de EEUU, 40 a Nueva York y cinco a Chicago que, de nuevo, son administradas por representantes demócratas. Arizona, por su parte, ha hecho el envío de 46 buses, pero se desconoce aún cuál es el monto invertido en esta materia.
En respuesta a ello, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC —a donde a mediados de septiembre enviaron dos buses con migrantes al Observatorio Naval, la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris—, anunció la creación de una oficina para atender esa situación migratoria, a pesar de no ser una metrópolis fronteriza.
