Qué hay detrás de la solicitud de antejuicio de mérito a Laidy Gómez
El fiscal designado por la Constituyente Tareck William Saab, ordenó al Ministerio Público la aprehensión de funcionarios del gobierno del Táchira señalados de haber apoyado a Juan Guaidó a salir del país el pasado 23 de febrero, y aunque el dictamen no menciona a la gobernadora tachirense, el Consejo Legislativo de la entidad insiste en un antejuicio de mérito en su contra
Por Rosalinda Hernández C.
En alocución de radio y televisión el ministro Jorge Rodriguez, reveló detalles de supuestos vínculos entre Juan Guaidó, el grupo armado Los Rastrojos y el gobierno del presidente colombiano Iván Duque, dentro de lo que denominó “red de mafias políticas” en las que vinculó además, a políticos de oposición entre ellos a la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez y a algunos funcionarios de su gobierno.
De acuerdo a Rodríguez, la gobernadora tachirense y dirigente de Acción Democrática, (AD) fue pieza clave para la movilización de Juan Guaidó desde Venezuela a Colombia. A su juicio, Laidy Gómez estableció los enlaces para concretar el paso del presidente de la Asamblea Nacional al vecino país.
En adelante las aseveraciones sobre la posibilidad de someter a un antejuicio de mérito a la mandataria del Táchira, tomó fuerza en el ambiente político oficialista, y sustentados en las acusaciones del ministro Rodríguez y del fiscal designado por la Constituyente, la mayoría de parlamentarios del Consejo Legislativo del Táchira (CLET), reunidos en mesa de trabajo acordaron solicitar al Ministro Público se investigue a Laidy Gómez.
“Como ente contralor de la gestión del ejecutivo regional nos vemos en la obligación de solicitar al Ministerio Público, que investigue o se verifique si existen o no, elementos que pudieran constituirse en prueba para que se inicie el proceso de antejuicio de mérito a la gobernadora del Táchira”, declaró a TalCual el diputado al Consejo Legislativo por el partido Patria para Todos (PPT), Juan Guevara.
Desde el 24 de septiembre el CLET, se ha declarado en sesión permanente, -dijo Guevara- y se analizan “algunos elementos” relacionados al caso que pudieran darse a conocer en las próximos días.
Aunque la moción aún no ha pasado a la plenaria, según el parlamentario regional ya existe un exhorto público que será formalizado y contaría con el consenso de los diputados, miembros del CLET, “porque sería una irresponsabilidad política e institucional, no solicitar el antejuicio de mérito”.
El legislador oficialista, aseguró a TalCual que existen “elementos serios” que pueden incriminar a Laidy Gómez, y “la gobernadora debe facilitar la investigación”. Además dijo que existe una “vinculación pública” con los hechos donde también se señala a Juan Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional Gaby Arellano y José Manuel Olivares, entre otros.
“Hay vinculación directa, reuniones que han salido a la luz pública donde está la gobernadora. Ella debe explicar en qué condiciones estaba en esas reuniones, con personas que en estos momentos están siendo prófugos de la justicia venezolana. Existe información del poder popular o contraloría social, en reuniones entre personal de confianza de la gobernación del Táchira, donde se desarrollaron situaciones bastante delicadas”, relató el diputado.
No se trata de “un ensañamiento” en contra de la gobernadora tachirense, y si no se demuestra la participación en los hechos, Laydi Gómez debe ser exonerada de culpas “en los delitos que se le acusan como “traición a la Patria, concierto para delinquir, violación de la soberanía, entre otros”, detalló el dirigente de PPT.
Un falso positivo
En el Táchira es inédita la destitución de un gobernante a pesar de haber existido situaciones en las que han sido sustituidos (temporalmente), mediante recursos de nulidad ante un presunto fraude electoral, situación que no prosperó en su momento, puntualizó el abogado constitucionalista tachirense Luis Useche.
En relación a la posibilidad de destituir del cargo a la gobernadora del Táchira, el jurista alegó que se está frente a “un falso positivo” con el que se pretenden generar actos de violación del orden constitucional y legal.
“Estamos en presencia de una situación aberrante y teniendo en cuenta las condiciones del Estado de derecho en Venezuela, cualquier cosa puede ocurrir extra constitucional o al margen del ordenamiento legal. Pero a la luz del ordenamiento legal no hay lugar para que haya una situación de este tipo”, dijo Useche.
La Constitución para proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas y de las personas que ejercen determinados cargos (presidente, ministros, diputados, gobernadores, entre otros) establece una protección especial ante amenazas temerarias o denuncias que afectarían no solo a la persona, también el funcionamiento del órgano a su cargo, por lo que prevé algunos fueros especiales, explicó el abogado.
En el caso de los gobernadores para que sean sometidos a un juicio, primero debe haber un antejuicio de mérito, procedimiento donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe determinar si existen las condiciones o
supuestos que pudieran establecer la responsabilidad penal de quién ocupe la gobernación.
“Los rumores” no representan suficientes indicios o elementos que hagan presumir la existencia de algún grado de responsabilidad penal y proceder al antejuicio de mérito de un gobernador, precisó el constitucionalista.
Si existieran los elementos probatorios para iniciar la investigación, -advirtió el abogado- la gobernadora tampoco debe ser sustituida en el ejercicio de sus funciones porque continúa gozando de sus derechos y en caso de ser reemplazada, deberá hablarse de una ausencia temporal.
La ausencia temporal según el ordenamiento legal la cumple la persona que tiene en la administración del poder ejecutivo la posición más elevada. En los gobiernos regionales le corresponde a quién ocupe la Secretaria General de Gobierno, cargo que en el Táchira lo desempeña el abogado Jorge Pernía.
Cuando existe la ausencia absoluta se tiene que determinar en qué momento del ejercicio del cargo se encuentra el gobernador, si se da antes de la mitad del periodo constitucional, el Secretario General de Gobierno sigue en el ejercicio de esa función hasta que asuma a quien corresponda de acuerdo a la constitución del estado, precisó el abogado constitucionalista.
“Cuando se produzca ausencia absoluta del elegido o de la elegida antes de juramentarse o del Gobernador o de la Gobernadora antes de cumplir los tres primeros años del período, debe realizarse una nueva elección. En ambos casos se encarga de la Gobernación el Presidente o la Presidenta del Consejo Legislativo; a falta de éste o ésta, el Vicepresidente o la Vicepresidenta del mismo hasta tanto se proceda, dentro de los noventa (90) días siguientes a la nueva elección y tome posesión el Gobernador electo o la Gobernadora electa”, artículo 149, Constitución del Táchira.
Si la ausencia absoluta se produce transcurrido el primer periodo constitucional, quién asume el ejercicio del cargo culmina el periodo.
“No ha habido la presentación de elementos convincentes que hagan presumir la responsabilidad de la gobernadora Laidy Gómez. Ni siquiera se ven responsabilidades en las personas a quienes se ha dictado orden de aprehensión, hasta ahora son solo especulaciones y las declaraciones de un delincuente que dijo que fulano lo busco para cometer un delito”, argumentó Luis Useche.
Fines oscuro
En las elecciones al Consejo Legislativo Estadal (CLET), celebradas en el 2018, los partidos oficialistas (PSUV; Tupamaros, PPT y el PCV), ganaron doce de los trece curules disputados. Mientras que los partidos de oposición solo alcanzaron un puesto, perdiendo tres de los que ya mantenían.
En entrevista de TalCual con Miguel Reyes, coordinador regional de Acción Democrática en Táchira, declaró que a meses de los comicios sigue vigente lo que en su momento anunció: “Fue un error no participar en las elecciones parlamentarias regionales, sobretodo en estados donde la oposición ganó las gobernaciones”.
Haber dejado sin una voz de la oposición los parlamentos regionales, para Miguel Reyes, implicó dejar “a merced de los chavistas” los espacios para que hagan lo que les provoque y “surjan locos” como el diputado de PPT (Juan Guevara) que solicita un antejuicio de mérito a la gobernadora.
“Lo que han hecho en contra de la gobernadora es una canallada y un chisme en donde le cambiaron el nombre y apellido a las personas supuestamente involucradas. A quienes tenían los cargos se los quitaron y a quienes no figuraban en nada dentro de la gobernación les pusieron cargos”.
Cuando el fiscal Tarek William Saab anuncia al país las imputaciones, en ningún momento nombró a la gobernadora Laidy Gómez, por lo tanto no se le puede involucrar en un delito en el que no ha sido acusada. “Si estos señores (diputados del CLET) insisten en el antejuicio de mérito, tendrán que inventar el delito para poder imputarla, refutó el dirigente adeco.
Por su parte, la dirigencia del Frente Amplio en Táchira, aseguró que el fiscal Saab ha emprendido una lucha contra el pueblo tachirense y detrás de los señalamientos a Laidy Gómez, se esconden fines oscuros que pretenden despojarla del poder para lograr expandir los territorios que se han cedido al hampa organizada.
“Después de haberle dado el control a grupos en la frontera, de trochas, someter a los productores agrícolas al pago de vacunas, pretenden ahora someter a la población y al gobierno que se ejerce desde el estado Táchira por votación ciudadana. Buscan ampliar la faja que ya tienen controlada los irregulares y ahora buscan acercarse a San Cristóbal, quieren dominar todo el estado y lo pretenden hacer con la ayuda de Tarek William Saab”, dijo Anaro García, representante del Frente Amplio.
Reiteró el opositor que a los grupos armados que hacen vida en frontera lo único que les falta es controlar la gobernación.
Le arrebataron a la gobernación la policía del Táchira y ahora tratan de expandir el área de influencia que tiene controlada el hampa en municipios foráneos y en la frontera, buscan con la acción tomar el control de la gobernación, dijo el vocero del Frente Amplio.
“Están apurados para retirar a la gobernadora y tener el control del gobierno regional. Quieren poner en la gobernación a una persona que sea dócil con los grupos irregulares que están dominando el resto del estado”, puntualizó Anaro García.
