¿Qué terminó por matar lo poco que quedaba del Dicom?
Ni una persona jurídica participó en 6 de las últimas 8 subastas realizadas luego de que el Departamento del Tesoro impuso el 17 de abril una sanción contra el BCV
La sanción que el Departamento del Tesoro impuso el 17 de abril al Banco Central de Venezuela (BCV), lo poco atrayente de la tasa oficial y la escasa oferta de divisas disponibles en el sistema, figuran entre las razones que prácticamente decretaron la muerte del único mecanismo oficial de asignación de divisas que hay en el país.
La nueva resolución del BCV que circula entre las fuentes financieras y que da cuenta de una flexibilización de la compra y venta de divisas, terminó por matar, mas no sepultar, lo poco que quedaba del Dicom. Ante la muy poca participación de personas tanto naturales como jurídicas y los problemas que presenta el flujo de caja en dólares del Estado, el ente emisor, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, decidió dejar a un lado lo que en su momento presentó como un sistema “tecnológicamente confiable y transparente” y darles primacía a las mesas de cambio.
“Las instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios podrán actuar a través de mesas de cambio, entre clientes de esa institución o en transacciones interbancarias, operaciones de compra y venta de monedas extranjeras por parte de las personas naturales y jurídicas del sector privado”, de acuerdo con el artículo 1 de la resolución 19-05-01.
En 6 de las últimas 8 subastas ni una sola persona jurídica participó. Solo en las pujas 138 y 141, realizadas el 30 de abril y el 3 de mayo, respectivamente, hubo negociación de divisas por parte de empresas. En la primera, la Cooperativa IPC Proinvenezuela XIII, compañía ubicada en el estado Anzoátegui, recibió 5.000 euros; mientras que en la segunda subasta mencionada la Panadería, Pastelería y Charcutería Miranda apenas obtuvo 710 dólares.
La medida que tomó el gobierno de Donald Trump restringe las transacciones de Estados Unidos al BCV y bloquea al ente emisor el acceso a los dólares. “Estamos sancionando al Banco Central de Venezuela para evitar que se use como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro, que continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a los integrantes corruptos”, dijo en un comunicado Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro.
Esto significa un gran problema para el gobierno de Maduro, considerado ilegítimo por el Parlamento venezolano y por más de 50 países, pues bancos privados que operan en el país dejaron de participar en el mecanismo por temor de sus corresponsales a las sanciones que aplicó Washington. Sin estas instituciones financieras extranjeras, las personas jurídicas no pueden transferir el dinero adquirido a través del Dicom a cuentas en el exterior para, por ejemplo, adquirir insumos y materia prima.
“Nadie se quiere arriesgar a ser sancionado, por eso los bancos prefieren mantenerse distante”, dijo el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN)
El economista Luis Oliveros señaló que las personas naturales y jurídicas que tienen dólares en sus cuentas bancarias no los pueden utilizar, pues no hay forma ni manera de que puedan mover los montos luego de las medidas del Departamento del Tesoro. “Se acabó el sistema. Ya no hay Dicom. Las sanciones no permiten mover los fondos, no hay bancos corresponsales que lo puedan hacer, y el gobierno no ayuda tampoco a sacar ese dinero. Mucha gente se quedó con eso allí”, añadió.
El diputado Ángel Alvarado, miembro de la instancia parlamentaria, coincide con Guerra al asegurar que las instituciones financieras no quieren tener relación con un Banco Central sancionado, lo que reduce prácticamente a cero la demanda en el Dicom por parte de las personas jurídicas.
Alvarado agregó que el flujo de caja en dólares del gobierno de Maduro “está sumamente comprometido”, producto de la caída de la producción petrolera, que en marzo se situó en 732.000 barriles diarios, y de las sanciones que impuso Washington contra Pdvsa en enero. Esto se evidencia en las cada vez más reducidas entregas de divisas en el Dicom.
En la puja 132, efectuada el 16 de abril –un día antes de que Washington tomara la medida contra el BCV–, hubo apenas 551.000 dólares para 16 personas jurídicas, una cantidad irrisoria que solo representa 2,4% de los 22,94 millones de dólares adjudicados a 776 empresas en la primera subasta de divisas realizada en mayo de 2017.
Guerra indicó que otra razón que explica la ausencia de empresas en el mecanismo oficial Dicom es que el BCV está asignando una parte de los euros en efectivo que provienen de las ventas de reservas en oro a Turquía. “Eso es un problema para las personas jurídicas porque no tienen bancos corresponsales para poder hacer las transferencias. Están prefiriendo comprar dólares en el mercado paralelo a una tasa superior a 6.000 bolívares para no agarrar unos euros en efectivo que pueden generar problemas”, dijo el parlamentario.
Con la otra parte de los euros procedentes de la nación del Bósforo, el BCV está obligando a bancos a ofrecerlos a empresas y personas naturales, de lo contrario las instituciones financieras son multadas con 5% del monto no entregado.
Por otra parte, el ente emisor dijo que su “campo de actuación se ha visto restringido para procurar la estabilización de la economía” luego de las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
“Dichas restricciones confieren cierto grado de complejidad al libre uso de las reservas internacionales para atender los compromisos que por Ley le han sido asignados al ente emisor. Esta coyuntura ha conducido a que evalúe y ejecute nuevos mecanismos para aplicar el instrumental de política a su disposición. En este entorno inédito para el BCV, se revisó el tipo de cambio que se defenderá y se acordó ubicarlo alrededor de Bs. 5.200 por USD”, informó el BCV en un comunicado publicado en su página web el pasado 23 de abril.
El Departamento del Tesoro también sancionó a Iliana Josefa Ruzza Terán, directora del Banco Central.
