¿Quiénes defienden a Maduro ante las denuncias de violaciones de DDHH?
Funcionarios, diplomáticos, un ministerio y hasta varias ONG sirven a Nicolás Maduro para plantar cara ante las denuncias de violaciones de DDHH en organismos internacionales
Desde el inicio de su administración, el régimen de Nicolás Maduro ha desmentido cualquier denuncia sobre violaciones de derechos humanos (DDHH) de la población venezolana, bajo la excusa de ser ataques al proceso socialista que comanda a través de agentes internos y externos.
Los supuestos “manejos” comunicacionales sobre la situación venezolana también han sido otro de los recursos que ha denunciado el gobernante para desestimar los continuos señalamientos sobre violaciones de DDHH y posibles crímenes de lesa humanidad, como el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional.
Para responder a todas estas denuncias, Maduro ha usado los diferentes foros de organismos relacionados con los derechos humanos para “mostrar su verdad”. En los espacios de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, hasta que sus delegados dejaron de asistir, se ven las mismas caras de la representación diplomática de Venezuela, algo no habitual en el escenario internacional.
Esta “representación” se ha movilizado más en el último año entre la sede de la ONU en Nueva York y Ginebra, luego del mandato del Consejo de Derechos Humanos a la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet, con el objetivo de que elaborase un informe sobre la situación venezolana.
La relación con la alta comisionada fue llevadera hasta el mes de junio de 2019, fecha que se concretó su visita al país para reunirse con diversos actores venezolanos, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, víctimas de violaciones de DDHH y familiares, además de representaciones políticas.
Tras la publicación de su informe en julio la actitud hacia Bachelet cambió, aunque no ha llegado a los niveles de rechazo del régimen venezolano como con su predecesor, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, quien emitió dos grandes informes desde 2014 denunciando las reiteradas violaciones de DDHH en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela.
Además, Venezuela también se mantiene apartada del sistema interamericano de derechos humanos, al denunciar la carta de la OEA y desconocer de forma reiterada las denuncias, resoluciones y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH.
El régimen de Maduro concretó su salida de la OEA el 27 de abril de este año, aunque el organismo acordó en una resolución mantener a Venezuela luego de una petición de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y democrático que reconocen en el país luego del 10 de enero pasado cuando se venció el período presidencial legal de Nicolás Maduro frente al Ejecutivo.
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, la representación diplomática venezolana ante estos organismos multilaterales, principalmente la ONU, se ha mantenido con muy pocas variaciones en sus filas.
Samuel Moncada
Exministro de Relaciones Exteriores, se desempeña desde 2018 como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. El historiador ha levantado polémica en cada una de sus intervenciones y se ha ocupado principalmente de denunciar ante el organismo las sanciones que ha implementado Estados Unidos contra funcionarios y el sistema financiero venezolano.
El diplomático ha dicho que tales sanciones pueden llegar a considerarse “crímenes de lesa humanidad” debido a las restricciones que imponen a empresas como Pdvsa o el Banco Central de Venezuela.
En su última intervención en el Consejo de Seguridad, acusó a los Estados Unidos de “intentar fabricar una hambruna en Venezuela, para apropiarse de nuestros recursos naturales y recolonizar nuestra nación. Esto es un crimen de lesa humanidad”.
Además, Moncada sostiene en la ONU la teoría de que Estados Unidos busca una intervención militar en el país, para lo cual está aliado con Colombia y actores políticos venezolanos de oposición.
Henry Suárez
También historiador, es el segundo al mando de Samuel Moncada y ha seguido la labor de éste de denunciar en cada foro de Naciones Unidas las sanciones contra Venezuela o las supuestas pretensiones de EEUU –sin importar el gobernante- de querer intervenir el país.
Suárez es embajador alterno de Venezuela en la ONU y está en el cargo desde 2014. Siguiendo la retórica del “socialismo del siglo XXI” ha desarrollado algunos trabajos y ponencias sobre la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, como el manifiesto que publicó en 2010 con apoyo monetario de embajadas.
El historiador también se ha dedicado a las denuncias sobre el “robo de activos” venezolanos, como denominan a la protección de algunas empresas y otros recursos que ha hecho la Asamblea Nacional.
Jorge Valero
Desde 2013 se desempeña como embajador del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde ha hecho cabildeo contra los informes y pronunciamientos de los altos comisionados sobre Venezuela. Antes fue el representante ante la ONU desde 2008 y hasta 2013 durante el mandato de Hugo Chávez, un cargo que entregó a Samuel Moncada. Su labor diplomática comenzó con Chávez cuando fue designado embajador ante Corea del Sur en 1999. Ya en 2001 y hasta 2008 hizo lo propio en la OEA.
Su relación con el anterior comisionado de derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuya gestión la calificó como un “estruendoso fracaso” no fue buena. En varias ocasiones lo acusó de preparar informes “altamente politizados” sin previo mandato del órgano de Naciones Unidas y que violaban los principios de “soberanía, integridad territorial y no injerencia” en los asuntos internos de los Estados.
Con respecto a Michelle Bachelet, su posición no ha sido diferente. Luego de la divulgación del informe de la alta comisionada el 4 de julio, publicó un escrito en el que acusa a la diplomática de falsificar la realidad del país y de repetir los “ilegales, unilaterales y arbitrarios” informes de su antecesor.
Larry Devoe
Actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, es abogado con máster en Democracia, Derechos Humanos y estado de Derecho en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Fue agente alterno y asesor de la Corte IDH en 2006.
A partir de mayo de 2014, cuando fue designado secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos por el entonces vicepresidente Jorge Arreaza, empezó a representar a Venezuela en foros internacionales de DDHH y en 2016 formó parte de la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo que la aprobación de ese instrumento fue un “reconocimiento internacional del compromiso del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos de los distintos sectores de la población”.
Devoe no limita su participación a espacios internacionales, pues desde 2017 forma parte de la Comisión de la Verdad creada por la asamblea constituyente, una instancia que “revisa” los casos de presos políticos opositores, acusados por el régimen de Maduro de haber incurrido en supuestos delitos y violaciones de DDHH.
Su actividad ha incluido representar a Venezuela incluso en casos puntuales ante el sistema interamericano de derechos humanos, como la denuncia hecha por Rocío San Miguel sobre un despido injustificado de labores de Estado por retaliación política.
En 2015 fue nombrado director encargado de la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia y desde 2005 hasta 2007 estuvo a cargo de la división de Atención al Ciudadano de Conatel.
Ministerio a su servicio
El gobernante Nicolás Maduro no solo se vale de una delegación diplomática para “mostrar su verdad” en cuanto a violaciones de DDHH. El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha funcionado como un espacio de propaganda de los avances de la “revolución” en esta materia.
El canciller Jorge Arreaza conoce los distintos espacios de debate y ha participado en varias reuniones y asambleas generales de la ONU como portavoz de Maduro, quien apenas ha asistido en dos oportunidades a estos espacios durante su mandato.
Justamente Arreaza fue el encargado de responder a la segunda actualización oral que hizo Michelle Bachelet de su informe sobre la situación de derechos humanos en el país durante el 42° periodo de sesiones del Consejo de DDHH, y donde se pronunció mayoritariamente sobre las “medidas coercitivas unilaterales” como denominan a las sanciones de Estados Unidos.
Canciller Arreaza: «@MNOAL_NAM considera que las medidas coercitivas unilaterales ocasionan grandes sufrimientos a los países al boicotear economías, asfixiar el comercio y promover la destrucción de los sistemas productivos».#NoMásTrump #NoMoreTrump pic.twitter.com/LAovSOXX8Y
— Cancillería Venezuela ?? (@CancilleriaVE) September 12, 2019
El viceministerio para temas multilaterales también ha enviado a sus funcionarios para “defender” al país. Hasta agosto de 2019, el internacionalista Félix Plasensia ocupó el máximo cargo de esta cartera y cobró notoriedad cuando una semana antes de la publicación del informe de Bachelet en julio, fue enviado a Ginebra para hacer cabildeo y suavizar el documento que recoge violaciones de DDHH.
Gobierno Bolivariano en defensa de la soberanía, Canciller Jorge Arreaza se reúne con el Grupo de países Africanos, en el marco del 42 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, desde Ginebra, Suiza. pic.twitter.com/iewyEquEkb
— Felix Plasencia (@PLASENCIAFELIX) September 12, 2019
Plasensia, que ahora es ministro de Turismo y Comercio Exterior, fue reemplazado por Alexander Yanez, quien en poco tiempo ya ha dejado en claro que la posición oficial de Maduro con respecto a estas denuncias no va a cambiar.
Además, el Ministerio también incluyó en estas labores al viceministerio de comunicación internacional, que encabeza William Castillo, exdirector de Conatel que admitió que en el país se censuras sitios de internet, y que tras las sanciones norteamericanas ha hecho campaña para culpar a Estados Unidos por la situación humanitaria en el país, incluso diseñando una estrategia de propaganda a partir del cuerpo diplomático venezolano, como lo reveló TalCual.
«Venezuela no estaría en la situación que tiene ahorita en materia alimentaria, si no existieran las sanciones, porque (…) son la punta de lanza de una estrategia para destruir la economía (…) y para derrocar al gobierno», llegó a decir Castillo, aunque luego dijo que no había tal emergencia.
El funcionario ha asumido la representación venezolana en foros de la ONU. Por ejemplo, era quien ocupaba la silla correspondiente a Venezuela en la sala del Consejo de DDHH de la ONU cuando Bachelet leyó su informe en julio.
ONG con la «causa»
Algunas organizaciones no gubernamentales también han servido a Maduro para el cabildeo internacional. La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) fue creada en 1978 por el sacerdote Juan Vives Suriá, y a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder se alinearon a la propuesta de derechos humanos que promovía el militar con la reforma constitucional.
Fundalatin es una ONG, inspirada en la “teología de la liberación y el pensamiento de la liberación”, que desde 2009 posee “Estatus Consultivo Especial” en el Consejo Económico y Social de la ONU. Este estatus les permite participar en las deliberaciones de este órgano y se les consulta sobre los temas que formen parte de su ámbito de acción.
En 2019 han dedicado sus esfuerzos para denunciar las sanciones de Estados Unidos en los distintos foros a los que han sido invitados y las “víctimas” de estas medidas, como lo denunciaron en una campaña que realizaron a través de las redes sociales.
FUNDALATIN presenta en la ONU a las víctimas del bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU. contra PDVSA y Citgo.
Después de este bloqueo, los bancos se niegan procesar las transacciones que permitan cancelar los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas. pic.twitter.com/ivugAUsu9q
— Fundalatin (@fundalatin) 10 de julio de 2019
Además, en julio rechazaron la publicación del informe escrito de Bachelet. La presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russián, dijo que ese documento invisibiliza a las víctimas de las guarimbas, ignorar reportes de 12 ONG y no condena el bloqueo económico de EEUU contra Venezuela; “además de excluir los progresos en derechos sociales que el Gobierno Revolucionario le ha otorgado al pueblo”.
Fundalatin también estuvo en la actualización oral del informe de Bachelet el 9 de septiembre, y rechazaron públicamente la solicitud que hacen ONG nacionales e internacionales para que se instale una comisión de investigación sobre Venezuela, pues “generaría grandes titulares de prensa, pero aportará poco a resolver la situación”.
Presidenta de @fundalatin rechaza que se pretenda crear Comisión de Investigación #ONU para Venezuela
Escuche su intervención en el 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la #ONU pic.twitter.com/14VJKWau0d
— Fundalatin (@fundalatin) 11 de septiembre de 2019
Fundalatin ha sostenido reuniones con funcionarios como Tarek William Saab, actual fiscal general designado por la constituyente, o el ministro de relaciones interiores y justicia, Néstor Reverol. En 2017 acusó a la ONG Provea de “ejercer violencia psicológica contra funcionarios públicos”, y también denunció a la oposición ante la ONU por supuestamente instigar manifestaciones violentas.
Al trabajo de Zeid Ra’ad Al Hussein respondieron denunciando «la falta de rigurosidad del Informe presentado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que invisibiliza a las víctimas y promueve la impunidad en cada uno de los casos de las personas afectadas por la violencia de grupos que se oponen al gobierno de Venezuela. El derecho a la manifestación no puede convertirse en una excusa para atentar contra el derecho a la vida”.
La organización por los Derechos Humanos Sures Venezuela es otro de los aliados de Maduro en los espacios de Naciones Unidas. Su ámbito de investigación se centra en tres ejes: bloqueo económico, violencia política y migración venezolana, según sus redes oficiales que no especifican desde cuándo fue creada.
Al igual que Fundalatin, esta ONG también ha denunciado las sanciones de EEUU. Lucrecia Hernández, presidenta de Sures Venezuela, dijo en su participación durante el 41º periodo de sesiones en el Consejo de Derechos Humanos que Bachelet incurría en el “error” de situar el “bloqueo económico” en 2017 y no en 2014, al igual que le exigían “democratizar” las fuentes de información, pues otorgaba una visión sesgada a su trabajo sobre el país.
La directora de Sures interviene en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU-Ginebra. En rechazo al Informe Venezuela presentado por la Alta Comisionada para los DDHH Michelle Bachelet pic.twitter.com/iAmm8l0hgl
— Organización Sures (@SuresDDHH) 5 de julio de 2019
En sus redes, Sures Venezuela se dedica a “explicar” el bloqueo y aseguran que se trata de un “instrumento de guerra no declarada, una estrategia más económica y diplomática de injerencia y una estrategia de presión dirigida a lograr un “cambio de régimen” en el país.
En 2017 respaldaron la instalación de la ANC, anunciaron que presentarían una propuesta en materia de derechos humanos par ala nueva constitución, y pidieron que la instancia investigara el uso indebido de menores de edad en lo que calificaron como “violencia política”, haciendo referencia a las manifestaciones opositoras de ese año.
