Rafael Narváez : Expediente por crímenes de lesa humanidad no acepta arrepentimientos
El abogado defensor de DDHH Rafael Narváez confía en que el expediente sobre Venezuela motive una investigación formal por parte de la CPI, resaltó que la Corte no concede privilegios ni beneficios procesales a Estados investigados por crímenes de lesa humanidad, y que este tipo de hechos no prescriben
El abogado defensor de DDHH y coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, expresó que de nada le vale al Estado violador sistemático de derechos humanos e investigado por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, intentar borrar con arrepentimientos lo que ya existe en el expediente .
El exparlamentario resaltó que la investigación preliminar está en fase tres y que solo falta la firma de aprobación, por lo que parece inminente que se inicie la investigación formal contra los altos funcionarios del gobierno a partir del expediente que se maneja.
«Le recuerdo al Estado venezolano que es firmante del Estatuto de Roma de la CPI desde el año 2000, que a partir de 2002 la CPI es competente para investigar al Estado por crímenes de lesa humanidad, como lo establece el artículo siete del Estatuto», expresó Narváez.
El abogado afirmó que «la represión sin límites y las detenciones arbitrarias, así como los tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas, asesinatos de manifestantes y de detenidos como los casos del concejal Fernando Alban y el capitán Acosta Arévalo, al igual que las ejecuciones extra judiciales encabezadas por las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y las FAES, además de la desaparición forzadas de personas, violacion sexual de mujeres en centros de reclusión por parte de cuerpos de seguridad del Estado, reflejados en el informe técnico de la Misión Independiente de Determinación de hechos de violación de los derechos humanos en Venezuela, destacados en el informe por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, han dejado una huella profunda en la sociedad venezolana que jamás podrán ser borradas sin que se haga justicia y se apliquen reparaciones.
Cabe recordar que el pasado primero de mayo, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro aseguró que su despacho imputó a guardias nacionales por la muerte del joven Juan Pablo Pernalete y a funcionarios del Sebin por la del capitán Acosta Arévalo. Varias ONG de DDHH han advertido que esto se debe a que el gobierno de Nicolás Maduro intenta evitar que se inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad.
El abogado Rafael Narváez nuevamente manifestó su rechazo a la política del Estado de intentar criminalizar el trabajo de las ONG de DDHH, cuya más reciente expresión es la aprobación de la providencia para el registro de las mismas, que, resaltó se convierte en un apéndice de la Ley contra el Terrorismo y la Delincuencia organizada y pretende que las organizaciones entreguen información sobre sus alianzas, financiamiento y beneficiarios de programas sociales.
Finalmente, hizo un llamado a todos los activistas por los DDHHa mantenerse firmes en la actuación para recabar información, asistir a las víctimas y visibilizar la violación sistemática DDHH por parte del Estado venezolano. «Es nuestra razón de ser y nuestra misión a cambio de nada. El Estado nuevamente se equivoca y no ve que el adversario es la crisis económica devastadora que está convirtiendo los miserables salarios en sal y agua, así como la pandemia que día a día sigue creciendo y dejando fallecidos sin vacunas».
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