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Asamblea ratifica detenciones arbitrarias y torturas por caso Óscar Pérez



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Asamblea Nacional
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Luisa Quintero | enero 30, 2018

Delsa Solórzano indicó que entregaron un informe a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas pues existe denegación de la justicia en este caso


La comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la muerte del exCicpc Óscar Pérez, ratificó denuncias sobre detenciones arbitrarias y torturas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Durante la sesión del 30 de enero, la diputada Adriana Pichardo refirió las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos alrededor del caso, del cual han registrado 32 venezolanos presos desde junio de 2017 (22 civiles y 10 militares) relacionados a Pérez y su grupo.

Pichardo señaló que a los familiares se les ha presionado y se han practicado allanamientos ilegales en sus viviendas, como el caso de los padres de los hermanos Jairo y Abraham Lugo.

Aseguró que parientes de las víctimas han sido torturados con electricidad en sus genitales por funcionarios de la Dgcim y los han liberado en sitios públicos.

Como parte de las denuncias, mostró un vídeo de la madre de Antonio Pérez Cisneros (uno de los civiles detenidos) donde denuncia agresión y allanamiento ilegal dentro de su vivienda y torturas a menores de edad para conseguir información.

Pichardo solicitó al Defensor del Pueblo y la fiscalía de Derechos Fundamentales un pronunciamiento inmediato sobre las violaciones registradas en este caso.

Por su parte, la parlamentaria Delsa Solórzano indicó que ya se reunieron con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y le entregaron el informe que realizó la Asamblea debido a que hay denegación de la justicia en el país, además de la presencia de elementos que les permite asegurar que Óscar Pérez y su grupo fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

Solórzano indicó que el jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, estaba dentro del operativo contra los rebeldes. «Se le han enviado varias comunicaciones sobre que hacía allí pero no responde».

Recordó que se alteraron evidencias y se destruyó el sitio del suceso luego de la masacre, y se ha excluido al Cicpc (organismo al cual pertenecía Pérez) de la investigación del caso.

Además, Solórzano detalló que a dos de los detenidos (Eva María Lugo y su hija) se les intenta vincular al caso por un escrito en Facebook y la coincidencia de apellidos con dos de los rebeldes

El diputado José Luis Pirela también reiteró que se utilizó de forma desmedida la fuerza mortal en este caso, pues dos personas fallecieron por el uso de un misil, y luego ingresó un grupo que dio tiros de gracia al resto de los rebeldes.

Pirela indicó que llama la atención la presencia del colectivo Heiker Vásquez, quien murió en el ataque y contaba con placas de la FAES-PN, y acusó a Freddy Bernal y Diosdado Cabello de estar vinculados con Vásquez.

El parlamentario dijo que hay violación en el tratamiento humano de la familiares. «En ese proceso hubo órdenes y contraórdenes. Maduro en lugar de aplicar los correctivos, aceptó los hechos sin haber castigado o sancionado a quien dio la contraorden».

Según el diputado, fuentes confiables indican que uno de los militares que participaron en la masacre se encuentra fuera del país con otra identidad para eludir responsabilidades, por lo que consideran necesario una exhumación de los cuerpos de Pérez y sus seis compañeros en la investigación penal debido a las pruebas que fueron borradas.

El parlamentario Winston Flores expresó que una de las presiones de la comisión especial fue el reconocimiento post morten de los cadáveres de los rebeldes asesinados en El Junquito.

Flores indicó que el informe forense, que debe coincidir con el certificado de defunción, no se ha querido entregar a los familiares por lo que se podría ocultar información sobre la muerte del exinspector del Cicpc y su grupo.

Denunció que en todo el proceso se ha evidenciado encubrimiento y saña, así como la instauración de la pena de muerte con esta masacre, como la denomina la comisión especial.

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