Razones y sin razones de una conducta política, por Luis Manuel Esculpi
En unos pocos días se despejó la confusión. La rueda de prensa de Alfonso Marquina y Juan Pablo Guanipa contribuyeron decisivamente a disipar las supuestas dudas. Los pretendidos analistas «equilibrados y objetivos» a los que dediqué mi anterior columna, ahora guardan un discreto silencio. Comprensible su actitud al no insistir en comparaciones para determinar la legitimidad del poder legislativo, después de hacerse público el vergonzante audio y la lista con las escasas firmas que tenían los tránsfugas y sus aliados.
Al margen de la controversia en torno a la legitimidad y las situaciones de facto que se presenta ahora para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, es necesario desentrañar en el análisis, las razones por las que el régimen corrió el riesgo de pagar un muy alto costo político con sus descabelladas acciones del inicio de año.
La primera que salta a la vista, aunque no deja de ser polémica, es la que les importa y mucho controlar el poder legislativo, la ilegítima constituyente no ha podido suplir su rol, por carecer de reconocimiento internacional, lo que le impide sustituir la atribución de aprobar contratos de interés nacional y otras disposiciones constitucionales asignadas exclusivamente a la AN.
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Otra razón, no menos importante, está asociada a la elección del Consejo Nacional Electoral que debe organizar las elecciones este año, inicialmente pretendieron aparentar cumplir con el procedimiento constitucional y legal, para alcanzar su verdadero propósito; al saber la imposibilidad de tener los dos tercios requeridos para su designación, apelar a la figura de la «omisión legislativa» sin intentar la búsqueda de consenso para elegir un árbitro medianamente imparcial, de tal manera que la designación la realizará el TSJ.
Esta vez la jugada le resultó un boomerang, por la torpeza, la chapuza, violencia y atropellos de su actuación, se les revirtió claramente y la maniobra de ir a la Asamblea haciendo el aguaje de guardar las apariencias (especialmente ante la comunidad internacional) se les desmontó.
El objetivo de convocar solo las elecciones parlamentarias persigue el propósito de fracturar a la oposición, si procedían buscando acuerdos para propiciar un proceso en condiciones parecidas al del 2015, evaluaron que les era imposible ganar y como les importa –tal cual señalamos antes– el poder legislativo optaron por esa vía considerándola como la única posible para obtener un triunfo, aplicando todas las trampas a su alcance.
Además si le añadimos las características de los regímenes autoritarios de demostrar con su conducta todo cuanto son capaces de hacer, para intentar amedrentar y atemorizar a la disidencia con el objetivo de evitar nuevas adhesiones y su fortalecimiento. De allí la salvaje actuación de sus grupos paramilitares al agredir brutalmente a los diputados, para impedir el funcionamiento de la Asamblea en el Palacio Federal Legislativo.
Algunos de los voceros de la denominada mesita, han expresado en alta voz su aspiración de designar el CNE en el TSJ, no les convenía el acuerdo en la Asamblea Nacional, ya antes del 5 de enero se habían pronunciado en ese sentido; la razón es muy sencilla: como no tienen parlamentarios, no podrían influir en la selección de los rectores de ese organismo. Se pregona el diálogo y el acuerdo político, pero no se propicia cuando consideran difícil la posibilidad de obtener ventaja.
Está clara la estrategia del régimen, para obtener resultados actúa sin el menor recato, la decencia y la probidad no es su norma. Están despegados de la verdad, la falacia le es consustancial a su discurso, los montajes constituyen práctica rutinaria.
Los sectores democráticos tienen plena conciencia de la situación que les corresponden enfrentar, en el próximo tiempo se tendrá que adoptar decisiones fundamentales para despejar la ruta del cambio político, mantener la unidad lo más amplia posible es requisito indispensable para lograr ese objetivo. Hay que tenerlo siempre presente.
