Reducción de encaje legal a 73% se queda corta pese a aliviar presión sobre la banca
La actividad crediticia que tendría una economía sana está lejos de conseguirse, pero una disminución de la tasa de encaje legal permitirá ampliar la cartera de créditos de la banca, por lo que habrá un tímido espacio para otorgar créditos e incrementar la producción nacional. Expertos señalan que es un paso en la dirección adecuada, pero es insuficiente
Después de dos años de asfixia casi total a la banca, el gobierno de Nicolás Maduro anunció una reducción en la tasa de encaje legal aplicado sobre los depósitos bancarios, de un 85% a un 73%.
De acuerdo con las palabras del mandatario, esta medida permitiría «expandir la base crediticia» en el país, lo que teóricamente respondería al clamor de la empresa privada venezolana, que solicita desde 2020 la reactivación de los créditos en el país.
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En la práctica, sin embargo, el cambio no parece adaptarse a las necesidades de la actividad económica, pues el encaje legal del 73% sigue siendo el más alto del mundo y está muy por encima del margen que suelen establecer las economías sanas, por debajo de un 10%.
Para entender la magnitud de esta medida, es imprescindible comprender que el encaje legal no es más que la retención, por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), de ese porcentaje de depósitos que recibe la banca.
Los bancos cumplen la función de ejercer la intermediación financiera. Es decir, son un nexo que enlaza a quien otorga el crédito para un financiamiento y a quien lo pide.
En términos más simples, los clientes de un banco depositan su dinero en su cuenta. Este dinero no queda allí, estático, sino que el banco tiene la potestad para moverlo y utilizar esos fondos para otorgar préstamos a otros clientes.
Los prestatarios devuelven el dinero con intereses, por lo que la banca puede reponer en sus cuentas el dinero que tomó de otros clientes para efectuar ese préstamo.
Por consiguiente, el dinero circula constantemente. Nunca está represado en las arcas, sino que se retira y repone constantemente con el flujo de préstamos y depósitos.
El encaje legal obliga a la banca a retener un porcentaje —en este caso el 73%— de los depósitos que recibe y le impide utilizar esos fondos para otorgar créditos. Por lo tanto, interrumpe su función como intermediario financiero y limita al máximo la actividad crediticia.
La medida, entonces, sí implica una mejora frente al contexto de una banca ahorcada con un 85% de encaje legal. Además, Maduro anunció que los bancos podrían utilizar un 10% de los depósitos que mantengan en sus cuentas en divisas para otorgar créditos.
No obstante, este avance no implica un cambio radical en la operatividad de los bancos ni un panorama en el que todos los ciudadanos puedan solicitar créditos.
Menos encaje legal, más crédito
De acuerdo con el economista Luis Zambrano Sequín, ambas medidas anunciadas por el Ejecutivo apuntan a una expansión de la liquidez monetaria, es decir, el dinero que circula en la economía venezolana, sumando el efectivo circulante, los depósitos bancarios y otras formas de dinero como bonos financieros.
Con mayor dinero a disposición para que circule en la economía venezolana, la banca puede tener mayor espacio para cumplir con su función de intermediación financiera. Por lo tanto, recuperar la asignación de créditos.
«Las medidas recientes apuntan a un objetivo claramente relacionado con una reducción de las restricciones que la banca ha tenido para expandir la actividad crediticia. Con una determinada base monetaria, ahora la banca puede aumentar la actividad crediticia», explicó en conversación con TalCual el experto del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.
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Por su parte, la economista Tamara Herrera, del grupo consultor Síntesis Financiera, en una entrevista para Circuito Éxitos, resaltó que la suma de la reducción de la tasa de encaje legal y la habilitación del 10% de los depósitos en divisas para otorgar préstamos en bolívares, implica un incremento importante de la cartera de créditos de la banca; es decir, el dinero que tienen en disposición para préstamos.
«Si sumas las dos decisiones, de permitir que hasta el 10% de depósitos en divisas se pueda prestar en bolívares y sumas la reducción de la tasa de encaje, hablamos de unos 500 millones de bolívares», sostuvo.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el BCV, para noviembre de 2021, la cartera de créditos del sector privado se ubicaba en Bs 1.603 millones, lo que equivale a aproximadamente $356 millones.
Esos Bs 500 millones que se agregarían a la cartera de créditos equivalen a unos 110 millones de dólares, lo que significaría un incremento del 31% frente a la cantidad de dinero disponible para préstamos que tenía la banca hasta el pasado mes de noviembre.
No obstante, Herrera asomó en su entrevista que el incremento sería de 39%, por lo que la cartera de créditos probablemente creció en los últimos dos meses.
Los cálculos de la consultora financiera Aristimuño Herrera & Asociados, coinciden. Estiman que la banca contaría con unos 120 millones de dólares. Unos $60 millones provendrían de la habilitación del 10% de depósitos en divisas, mientras que otros $60 millones de la rebaja del encaje legal.
Indistintamente del incremento, no hay dudas de que es una decisión en la dirección correcta que dará algo de oxígeno a la banca y a los productores que necesitan financiamiento, pero sigue siendo una medida conservadora que tendrá un impacto minúsculo.
Así lo explica el economista Hermes Pérez, antiguo funcionario del BCV, al recalcar que la sumatoria de todo el dinero que se añade a la cartera de créditos con estas medidas representa solo un 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que al sumarlo con los fondos ya disponibles, apenas alcanzan un 1% de la actividad económica de Venezuela.
La situación del crédito queda enmarcada en ese porcentaje, pues la cartera crediticia es tan solo el 1% de una economía contraída que representa apenas el 20% del tamaño que tenía en 2013, mientras que en el contexto de una economía sana, la cartera de créditos del país oscilaba entre el 25% y el 35% del PIB.
«Resulta un alivio para la banca tener esta reducción del encaje. La medida es sensata, pero no es suficiente. Las necesidades de financiamiento de la economía venezolana se podrían ubicar fácilmente por el orden de los 17.000 millones de dólares», advirtió en una conversación con TalCual.
Si se toma en consideración la cifra propiciada por Pérez, la banca cubriría actualmente apenas un 3% de la necesidad crediticia del país, una cantidad irrisoria pese a los anuncios del Gobierno.
El temor del Gobierno
Para los economistas ha sido un misterio la motivación que ha tenido el Gobierno para asfixiar a la banca de tal manera, limitando la reactivación económica que el mismo oficialismo ha promovido discursivamente.
Pocas horas después del anuncio de Maduro, el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, fustigó al Gobierno por establecer cambios que afecten de manera tan negativa a la economía.
«De verdad, no sé dónde estudiaron economía quienes diseñaron y aplicaron esa medida que prácticamente terminó de acabar con la banca de Venezuela. El encaje es un problema para la banca, al tener que pagar por depósitos que luego no pueden prestar. Y así quieren que la banca preste», publicó en su cuenta de Twitter.
Probablemente el Gobierno decidiera establecer el encaje como un mecanismo para tratar de detener la devaluación del bolívar, ante el temor de que los bolívares que circulen en la economía gracias a los préstamos de la banca sean utilizados para comprar dólares.
Con más bolívares en el sistema financiero ofertando por dólares, el valor del bolívar se reduciría. Para mantener la estabilidad que ha tenido el tipo de cambio este año, el Gobierno ha contenido la liquidez, reducido el gasto fiscal y ha inyectado dólares al mercado cambiario.
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En este sentido, la reducción del encaje legal podría ejercer algún tipo de presión sobre el precio del dólar, aunque Zambrano Sequín considera que no necesariamente ocurra si se logra un crecimiento económico.
«Si esta expansión de crédito se refleja en presión sobre el tipo de cambio y los precios, dependerá de cómo va a reaccionar la economía real, el incremento en la oferta de bienes y servicios. En la medida en que haya un crecimiento real, eso implica un aumento en la demanda de dinero y no necesariamente se traducirá en más inflación y presión sobre el tipo de cambio», argumentó.
El economista cree que el Gobierno consideró esta posibilidad antes de tomar la decisión de reducir la tasa del encaje legal y que probablemente esté proyectando un crecimiento económico en una proporción en la que no afecte en gran medida al tipo de cambio.
«Supongo que la tasa de crecimiento de la economía real que estiman el Gobierno y el BCV podría absorber ese incremento de la liquidez, sin que eso se traduzca en más inflación y devaluación», acotó.
El economista César Aristimuño, en declaraciones para Banca y Negocios, coincide con la postura de Zambrano Sequín y argumenta que para el contexto actual de la economía, sería imposible reducir el encaje legal a 30% sin que se dispare el tipo de cambio.
«No es posible pensar que, en la actual coyuntura, se rebaje de una vez el encaje legal bancario a 30%, porque eso generaría un ciclo de liquidez superior, posiblemente, a la capacidad de absorción de la economía, lo que afectaría el comportamiento de dos variables que el gobierno está tratando de corregir, que son la inflación y la depreciación del tipo de cambio. Por esas razones, posiblemente, no se produce una reducción mayor», subrayó.
Alivio para la banca
Las cifras publicadas por el BCV exhiben la asfixia a la que ha sido sometida la banca durante los últimos meses. El encaje legal no es el único compromiso con el que deben cumplir los bancos. Una serie de tasas adicionales se suman, como encajes sobre las obligaciones en moneda extranjera y un encaje especial del 1% del monto de activos crediticios en inversiones y valores.
Más allá de los tecnicismos implícitos, la acumulación de tasas y compromisos para la banca se traducen en que esta no es capaz de cumplir con su cuota de encaje mensual.
Cuando la entidad bancaria no se apega a la tasa de encaje legal, recibe una suerte de penalización. Por lo tanto, cada mes tiene más compromisos con el BCV, que se acumulan con el pasar del tiempo.
Este gráfico muestra como el requerimiento de encaje incrementa cada mes y supera con creces el saldo en cuenta corriente de la banca. Como resultado, las «reservas bancarias excedentes» reflejan números en negativo (los números encerrados entre paréntesis son montos negativos).
Debido a esta deuda, Aristimuño Herrera & Asociados asoman que la banca no podría ni siquiera utilizar la totalidad del dinero que ahora está disponible gracias a las medidas del Gobierno, ya que el sistema bancario acumula un déficit superior a 300 millones de dólares por estos requerimientos pendientes del encaje legal.
Por su parte, Pérez considera que es posible que con el alivio que supone la reducción de la tasa del encaje legal, es posible que la banca evite el déficit, pero recomienda cautela, ya que en otras oportunidades el Gobierno ha tomado medidas similares para luego aprobar otras tasas de encaje marginal.
«Creo que la banca sí podrá evitar el déficit de encaje, pero hay que esperar a que el BCV publique la resolución con el detalle de las decisiones. Ha pasado antes que, cuando se reduce el encaje, anuncian encajes marginales paralelos. Tampoco sabemos desde cuándo será efectiva, ni qué montos tomarán en cuenta», razonó.
Durante octubre se evidenció una disminución importante del requerimiento de encaje, precisamente ya que el Gobierno aplicó un descuento del encaje legal bancario, reduciendo el déficit de un 50% a un 12%.
Esto demuestra el modus operandi del oficialismo en los últimos dos años, que ahoga a la banca solo para después ofrecerle un pequeño oxígeno para que siga sobreviviendo, antes de seguirla presionando.
De hecho, no se trata de la primera vez que la tasa de encaje legal disminuye. Esta política inició el 2 de enero de 2019, con la Resolución Nº 19-01-02 del BCV, en la que se impuso un encaje del 100% sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018.
La tasa de encaje disminuyó al 93% en abril de 2020, apenas días después de que iniciara la cuarentena por covid-19 en el país. Se mantuvo en ese nivel hasta enero de 2021, cuando se estableció en el 85% que se mantuvo hasta ahora.