Régimen de Maduro rechaza nuevas sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos
El régimen venezolano también realizó un llamado a la Unión Europea “para que cese su sistemática agresión contra el pueblo venezolano y abandone, de una vez por todas, los vestigios y pretensiones neocoloniales en su aproximación a América Latina”
El régimen de Nicolás Maduro emitió la tarde de este lunes un comunicado donde rechazan las nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea contra representantes del chavismo y miembros de organismos públicos por apoyar la “farsa electoral” del pasado 6 de diciembre de 2020.
De acuerdo con el documento, el organismo europeo “señala con falsos argumentos” a dichos ciudadanos como reacción “ante la frustración de un grupo de Estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela”.
“No es más que otra torpe decisión, cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”, expresa la misiva publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El régimen venezolano denunció que el “carácter arbitrario” de estas sanciones, sin asidero legal alguno, revelan “la incapacidad del Bloque europeo para entender, aceptar y respetar la voluntad del pueblo venezolano”, a lo que agregaron que las medidas del bloque europeo contra funcionarios del país “deja en evidencia, una vez más, su anacrónica política intervencionista e injerencista hacia Venezuela”.
“Cabe destacar que esta decisión ilegal de la UE representan una suerte de arrogante afrenta a la Organización de las Naciones Unidas, instancia que, hace pocos días, a través de su Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, ha exigido que Estados Unidos y a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones unilaterales contra Venezuela, ante los devastadores y evidentes efectos que producen en el disfrute de los Derechos Humanos de toda la población venezolana”, señala el comunicado.
Finalmente, realizaron un llamado a la comunidad europea “para que cese su sistemática agresión contra el pueblo venezolano y abandone, de una vez por todas, los vestigios y pretensiones neocoloniales en su aproximación a América Latina”.
“Venezuela aspira que el fracaso en los planes intervencionistas genere una profunda reflexión y rectificación en el seno de los gobiernos europeos, que permita establecer nuevas relaciones de respeto mutuo para la reconstrucción de la confianza necesaria que la UE tanto se empeña en destruir”, expresa el comunicado del régimen venezolano.
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En horas de la mañana de este lunes 22 de febrero, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra 19 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por su papel en «decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho» en Venezuela.
La lista de la Unión Europea asciende a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y expresidente de la extinta asamblea constituyente.
Dentro de los nuevos sancionados por el bloque europeo están el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos; el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; los diputados de la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro, José Brito, Bernabé Gutiérrez.
También están los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Luis Fernando Damián Bustillos; Lourdes Suárez Anderson, Calixto Ortega, René Degravés; Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta.
Junto a ellos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo; el vicepresidente del órgano comicial, Leonardo Morales; la rectora principal, Tania D’Amelio; el director de la FAES, José Miguel Ramírez; Carlos Carvallo Guevara, director adjunto de la Dgcim; Jesús Vásquez Quintero, fiscal general de la Fiscalía Militar; el director de la Dirección Especial de Investigación Penal y Criminalística de la Dgcim, Carlos Terán Hurtado y el director del Cicpc, Douglas Rico.
La decisión de incorporar a estas personas se derivó de las deliberaciones del Consejo de la Unión Europea que se llevó a cabo el 25 de enero, cuando el ente europeo indicó que estaba dispuesto a aprobar medidas adicionales específicas, tras el deterioro de la situación en Venezuela tras la celebración de las elecciones parlamentarias.
