Reglas de juego, por Humberto García Larralde
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Elemento definitorio de las reglas de juego de una democracia es la preeminencia de mecanismos que aseguren la expresión fidedigna de la voluntad popular en torno a quienes deben conducir la nación y cuáles ideas centrales (programa) deberán inspirar su gestión de gobierno. Estos mecanismos deben ser directos, universales, limpios, libres de toda coerción externa y auditables.
Deben ejercerse con la periodicidad o frecuencia requerida para recoger las preferencias cambiantes de la población. Asimismo, la posibilidad de participar en este ejercicio, tanto como electores o como elegidos, debe estar abierto a todos quienes cumplan la edad exigida, residan en el país y/o posean la nacionalidad. Esta sujeción a la voluntad popular expresa el ejercicio del poder soberano del pueblo.
La Constitución venezolana consagra estos y otros preceptos en sus artículos 5° y 6°:
Artículo 5. °: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.»
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6. °: «El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.»
El problema político central de Venezuela ahora es que el fascismo desconoce tales reglas de juego.
La única «regla de juego» que respeta es la de la fuerza, pues concibe a la política como una guerra por otros medios contra quienes ha erigido como sus enemigos.
En esta onda, Chávez desmanteló la autonomía y división de poderes, reprimió la protesta y la opinión de medios independientes, y abusó de los recursos del Estado (ventajismo) para imponer sus deseos en elecciones cada vez más sesgadas. No obstante, reconoció la derrota de su propuesta de cambio constitucional en el referendo de 2008, aunque exhibiendo un talante muy poco democrático («victoria de mierda»). A los meses remarcó su desprecio por el veredicto popular haciendo aprobar por sus representantes genuflexos en el congreso o directamente por decreto, elementos constitutivos de su derrotada propuesta.
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Pero la supresión definitiva de la voluntad popular adviene con el ascenso de Nicolás Maduro al poder. Hasta entonces pudiera llamarse «fascismo light». La brutal represión de las protestas de 2014 por parte de la Guardia Nacional y bandas paramilitares, dejando un saldo de decenas de muertos, fue un anticipo. Como se recordará, Maduro se hizo filmar bailando salsa mientras enlutaba, así, a hogares venezolanos.
Posteriormente, en diciembre 2015, con el triunfo por mayoría calificada de las fuerzas democráticas en las elecciones para la Asamblea Nacional, firmó su acta de defunción, anulando prácticamente todas las potestades de los representantes que habían sido elegidos por el pueblo.
Para ello se valió de los ardides tramposos de un tsj abyecto que ya había invalidado la representación indígena y del Estado Amazonas, a pesar de haber sido acreditados por el CNE, para anular la mayoría calificada opositora.
Los resultados de las elecciones de diciembre de 2015, convenció al régimen que no podía permitirse elecciones que tuviesen un grado de libertad y de pureza que hiciese peligrar su triunfo. Ergo, las elecciones trucadas de una asamblea constituyente en 2017 y la «relección» de Maduro el año siguiente. Recordemos que el desconocimiento de esta última por más de 50 gobiernos democráticos a nivel internacional y la asunción de un gobierno provisional a principios de 2019 bajo Juan Guaidó, presidente en ese momento de la Asamblea Nacional –de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución–, generó el mayor vacío de legitimidad del fascismo desde que arribó al poder en 1999 enarbolando banderas «bolivarianas».
Errores del liderazgo opositor, más una inesperada resiliencia de Maduro, gracias al apoyo cómplice de militares traidores, bandas criminales y de estados paria «amigos», le permitieron capear este temporal y afianzarse de nuevo en el poder.
Sin embargo, la situación se le ha puesto cada vez más difícil. Si bien su liberalización chucuta de precios y para la tenencia de divisas generó desde el abismo un pequeño rebote estadístico de la economía en 2021, para nada pudo sostener esa falsa ilusión de que «Venezuela se arregló». Se logró superar la hiperinflación –de las más largas y virulentas conocidas—pero el alza de precios en el país sigue a la cabeza del mundo.
El deterioro progresivo de los sueldos de los empleados públicos ante este azote agudiza las protestas. La destrucción de la capacidad productiva de Pdvsa, sin contar con el saqueo asociado a Tarek El Aissami, más la situación de default en que se encuentra el Estado desde 2017 –más allá de las sanciones–, no auguran mejoras visibles en el corto plazo. Más aún, el régimen acumula un espantoso récord de violaciones de los derechos humanos, documentados por instancias de la ONU, respetadas ONGs y, ahora, por la Corte Penal Internacional. El gobierno ha labrado, así, su oprobio ante el mundo. Desesperado por conseguir alivio, Maduro viaja intempestivamente a China en busca de dinero que difícilmente obtendrá, dadas las deudas acumuladas con esta potencia.
Como salida, entonces, los fascistas aparentemente se han resignado a la realización de las elecciones presidenciales de 2024 en términos lo suficientemente «aceptables» como para exhibir cara de «buenos», aligerar algunas sanciones impuestas al gobierno y permitir atraer inversiones extranjeras. Pero, para ello, deben respetar las reglas de juego de la democracia o, al menos, simularlas de manera convincente.
Y aquí están luchando contra sí mismos, como lo pone en evidencia el atropello de bandas paramilitares oficialistas a los candidatos democráticos en gira, la detención de dirigentes sindicales y de estudiantes, las inhabilitaciones inconstitucionales a los candidatos con mayor opción, así como las amenazas cada vez más abiertas contra las primarias opositoras.
Porque ganar esas elecciones de buena ley, así sea consiguiendo financiamiento chino para repartir prebendas, está de antemano negado, si las fuerzas democráticas muestran estar a la altura del compromiso ofreciendo una propuesta consensuada.
Las posibilidades de superar esta tragedia chavo-madurista dependen, por tanto, de que prevalezcan lo más posible, las reglas de juego de la democracia. Es menester asegurar las mejores condiciones para que pueda expresarse la voluntad mayoritaria de los venezolanos en torno a una propuesta viable y compartida de cambio. Esto lleva a denunciar permanentemente las arbitrariedades y atropellos con las que suele responder el fascismo –sus «reglas de juego»–, prevalidos de la fuerza.
Es absurdo que las fuerzas democráticas acepten, de entrada, que tales «reglas de juego» vejatorias dominen las venideras elecciones.
Hay que movilizar voluntades para revertir las inhabilitaciones que violan la constitución, así como para salvaguardar la realización de las primarias de la oposición de los intentos oficialistas por sabotearlas con argucias de baja estofa.
La realización de tales elecciones es central a la conquista de la transición democrática. Motivar a la gente para que abrace las posibilidades reales de cambio que ofrece una contienda electoral creíble y que asuma, en consecuencia, su responsabilidad ciudadana al respecto, será siempre el mejor antídoto contra los intentos del fascismo por desconocer la voluntad popular y perpetuar el régimen de expoliación del que se sirve.
Aun cuando este esfuerzo recae sobre los venezolanos, concertar el apoyo internacional será de enorme importancia para incrementar al máximo el costo político y económico del chavo-madurismo de patear el tablero para salvarse de una derrota electoral cantada. Si bien debemos anticiparnos a esta posibilidad –está en su naturaleza—esto no significa entregarnos de antemano a sus arbitrariedades.
Desde luego, esto remite eventualmente a planes «B», «C» o lo que se requiera del manejo político opositor para evitar caer, una vez más, en la trampa de confrontación de que tanto se ha valido el fascismo. No nos desviemos, en esta ocasión, de las posibilidades de un triunfo electoral que está a nuestro alcance.
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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