Represión en febrero dejó 7 asesinados, 107 detenidos y 58 heridos de bala
La mayor represión política ocurrió en las poblaciones San Antonio y Ureña, en el estado Táchira, frontera con Colombia; así como en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con Brasil. Esto se produjo como consecuencia del bloqueo al ingreso de los camiones con ayuda humanitaria
La organización no gubernamental Foro Penal publicó un informe especial del mes de febrero de este a sobre la represión en Venezuela, donde denuncia cómo el Estado utiliza mecanismos de represión para criminalizar a quienes discrepan sus políticas.
Este informe aborda la represión de los días 22 y 23 de febrero de 2019, como consecuencia del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
El saldo total fue de 107 personas detenidas en todo el país y el reporte de un número importante de desaparecidos. Siete personas fueron asesinadas, cuatro en el estado Bolívar, pertenecientes a la etnia pemón; mientras que 58 es la cifra reportada de personas heridas de balas en todo el país.
La mayor represión política ocurrió en las poblaciones San Antonio y Ureña, en el estado Táchira, frontera con Colombia; así como en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con Brasil. Esto se produjo como consecuencia del bloqueo al ingreso de los camiones con ayuda humanitaria, desencadenando una serie de acciones sistemáticas de represión, a manos de los cuerpos de seguridad del Estado por grupos civiles armados, mejor conocidos como colectivos.
De los 58 heridos de bala, 15 fueron reportados en San Antonio del Táchira y 43 en el estado Bolívar, de los cuales 17 pertenecen a la etnia indígena pemón.
Asimismo, se reportó un número importante de personas heridas por perdigones, bombas lacrimógenas, metras, contusiones y heridos por armas blancas en varios estados del país.
Los cuerpos de seguridad actuantes fueron la Guardia Nacional (GN), el Ejército, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Para la fecha de cierre de este informe, el Foro Penal reportaba que continuaban las arremetidas y persecuciones por parte de los cuerpos de seguridad en los estados fronterizos. De acuerdo con las investigaciones, en la Gran Sabana existe una situación de emergencia porque muchos miembros del pueblo pemón se han visto obligados a huir de sus casas, y en vista del cierre de frontera con Brasil han tenido que caminar por días con niños y ancianos a través de trochas o caminos informales para reguardar sus vidas en Brasil.
El 28 de febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano que adopte medidas de protección en favor de los indígenas pemones, esto como respuesta a una solicitud del Foro Penal.
Igualmente se verificó la irrupción violenta en hogares y establecimientos, sin orden de allanamiento ni de detención en los municipios por donde se esperaba ingresara la ayuda humanitaria. También se reportó la irrupción violenta y el asalto por parte de civiles armados en el Hotel Anaconda en Santa Elena de Uairén, donde se encontraba parte del personal del Foro Penal, quienes debieron abandonar el lugar y huir para salvaguardar su integridad física.
Detenciones arbitrarias
De acuerdo con el informe del Foro Penal, los estados con más arrestos arbitrarios fueron Bolívar donde se dieron 57% de los arrestos, Táchira con 18,69%; Zulia con 14% y Anzoátegui con 7,47% de los arrestos.
De los presos en la Gran Sabana, 16 personas pertenecen a la etnia pemón, hay cuatro menores de edad entre 14 y 16 años y una mujer indígena. Todos los detenidos fueron llevados al Fuerte Escamoto y hasta la fecha, 30 de ellos quedaron privados formalmente de libertad.
La ONG Foro Penal denuncia que la represión se ha incrementado en términos generales a nivel nacional, sobre todo en los estados fronterizos. Igualmente señala que la persecución se mantiene contra esta comunidad indígena y señalan que el 27 de febrero fueron detenidos otros tres indígenas pemones, durante la toma del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a cargo de la GN.
Entre las irregularidades también se denuncia que a los detenidos se les impidió elegir a sus defensores y abogados y se les forzó a aceptar la defensa pública.
