Represión se afianza con detenciones selectivas en medio de escenario electoral
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que la represión va dejando víctimas, no siempre visibles o mediatizadas, a medida que se acerca un nuevo proceso electoral en Venezuela. El «clima de miedo» propiciado por la administración de Nicolás Maduro, como lo denuncia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, dificulta la denuncia en casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
La represión en Venezuela, que el año pasado fue calificada como «terrorismo de Estado» por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha afianzado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ese «clima de miedo», denunciado por el Alto Comisionado de la ONU Volker Türk, se mantiene vigente a pocos días de un nuevo proceso electoral con detenciones arbitrarias y selectivas contra opositores o aquellas personas percibidas como tal, hostigamientos y amenazas directas de altos funcionarios.
«La situación de represión en el país se mantiene con niveles preocupantes (…) Todas las semanas, absolutamente todas las semanas, hay un nuevo preso político», asegura Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, organización a la que pertenece el abogado Eduardo Torres, detenido el pasado 9 de mayo y que permanece en situación de desaparición forzada.
Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, afirma que «estamos siendo testigos de los efectos del despliegue de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “terrorismo de Estado” por parte de las autoridades venezolanas».
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A las detenciones selectivas previas al 28J, explica Uzcátegui, que luego «se complementaron con las detenciones masivas luego de los comicios, las campañas de difusión del temor en medios oficiales; la extorsión generalizada por parte de funcionarios contra la población; la anulación aleatoria de pasaportes y la aprobación de leyes draconianas como la llamada “Ley Simón Bolívar” han tenido importantes efectos inhibitorios en la participación, la movilización y la libertad de expresión».
Bajo este escenario, señala, «el gobierno ha logrado, con eficacia, contener el descontento. La similitud es que estamos en un momento de detenciones selectivas, similar al previo de las elecciones».
¿Represión diferente?
Según información recopilada por TalCual, al menos 70 personas fueron hostigadas, perseguidas o detenidas por cuerpos de seguridad desde el 1 de enero hasta el 28 de julio de 2024. La represión aumentó drásticamente con las protestas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
Entonces las autoridades venezolanas anunciaron que hasta la segunda quincena de agosto de 2024 se habían detenido a más de 2.400 personas en todo el país, entre ellas decenas de adolescentes.
En 2025, Laboratorio de Paz contabilizó –hasta el 15 de abril– 56 personas detenidas por motivos políticos en el país, es decir, cada 48 horas se registró un arresto arbitrario. Sin embargo, la organización señala que este es un subregistro pues muchos familiares se inhiben de denunciar.
Mientras que según levantamiento hecho por #LaHoradeVenezuela, al menos 71 personas vinculadas a partidos políticos han sido detenidas entre enero y marzo de este año. Al menos una decena de ellos ya fueron excarcelados.
La «represión por goteo», que refiere Marino Alvarado, tuvo un pico luego de que se diera inicio a la campaña electoral. Desde el lunes 5 de mayo, señala el activista, se han detenido al menos a ocho personas. Un dato similar maneja el Foro Penal.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 12/05/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 895*
Desde la semana pasadaHombres: 808
Mujeres: 87Civiles: 726
Militares: 169Adultos: 890
Adolescentes: 5Encarcelados: 8
Excarcelados: 7… pic.twitter.com/bu7SC1zInr— Foro Penal (@ForoPenal) May 14, 2025
A otros tantos le han allanado sus viviendas, son hostigados por cuerpos de seguridad, «han tenido que pasar a resguardo» o han sido señalados directamente por altos funcionarios en alocuciones públicas.
«Estos hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso. Criminalizar la disidencia y la defensa de los derechos ciudadanos solo agrava la crisis humanitaria y política que vive el país», ha expresado la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
#ATENCIÓN Nos mantenemos alerta ante lo que parece ser una nueva escalada de persecución política en el país, marcada por una alarmante serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en los últimos días.
En los últimos días, hemos recibido múltiples denuncias sobre… pic.twitter.com/4a1LObypdi
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 8, 2025
Entre los detenidos hay defensores como Eduardo Torres, activistas sociales como Omar Vergel o Merlina Carrero (ambos liberados luego de tres días), militantes partidistas como Rafael Antonio Torres o Mario Chávez Cohen; al igual que familiares de personas relacionadas a dirigentes políticos, como Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique.
La represión también ha alcanzado a periodistas como Nakary Mena Ramos y Rory Branker, cuya detención confirmó el ministro Diosdado Cabello con la frase «el tun tún está activo».
🔴🗣️ | Familiares y amigos QUEREMOS saber DONDE ESTÁ RORY.
👉#DóndeEstáRory
👉#LiberenARoryBranker
👉#LiberenATodosLosPresosPolíticos https://t.co/2BE7AAK6y4— Liberen a Rory Branker (@liberenRBranker) May 15, 2025
También se han presentado arrestos de familiares de presos políticos como Neida Araña y José Isabel Rodríguez, padres del militar exiliado José Rodríguez Araña y que fueron excarcelados tras más de 20 días de detención.
Esta práctica de «sippenhaft», un tipo de castigo instaurado durante el nazismo y que extiende las violaciones de derechos humanos de un individuo a su familiares, ha sido denunciado por la Misión de Determinación de Hechos. Desde enero, la familia Rodríguez Araña tiene apresados a Génesis Grisbely Rodríguez Araña (33 años), Gilbert (31 años) y Daniela Araña (34 años).
Los «nuevos» patrones
Luego del 28 de julio, organizaciones de derechos humanos identificaron «políticas de Estado» recurrentes que se aplican contra la disidencia, si bien no son prácticas desconocidas dentro del espectro de violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto venezolano.
- Toda persona es sometida a desaparición forzada, ya sea de corta (días) o larga duración (semanas o meses), tras su detención. «No hay casi excepciones», asegura Marino Alvarado.
- Aislamiento prolongado, que implica que los detenidos por razones políticas no tienen posibilidad de hacer una llamada o recibir visitas de sus familiares. Actualmente, hay dirigentes políticos con más de seis meses aislados (Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Roland Carreño, Perkins Rocha). Esta es «una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional» y equivale a desapariciones forzadas, ha afirmado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos.
- Imputaciones por terrorismo e imposición de defensa pública, esto último en contraposición al artículo 44, numeral 2, de la Constitución. «La excepción el gobierno la convirtió en norma», dice Alvarado.
- Hostigamiento, intimidación y acoso a familiares de presos políticos.
- Negación de recursos de protección. «Se ha venido instalando una política en la cual el habeas corpus, que es el recurso idóneo cuando hay una situación de detención arbitraria y más cuando hay desaparición forzada, viene siendo recibido por los jueces discrecionalmente. La mayoría de los jueces penales no lo aceptan», señala el coordinador de Provea.
Hostigamiento recurrente
Si bien los hostigamientos, amenazas y acoso contra familiares de presos políticos no son nuevos, se han dado en mayor medida tras las elecciones del 28 de julio. El pasado 8 de mayo, luego de una protesta por la llamada «Ruta por la Libertad Global», la activista Andreína Baduel denunció la presencia de cuerpos de seguridad en su vivienda «tomando fotos, metiendo las manos por las rejas con teléfonos, y con motos y camionetas sin placas estacionadas afuera».
Esa semana Sairam Rivas, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y pareja del preso político Jesús Armas, fue mencionada directamente –al igual que la organización de familiares– por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa «Con el mazo dando».
Nuevamente he sido mencionada en el programa Con el Mazo Dando, como parte de un patrón sistemático de descrédito en mí contra y de cientos de madres y familiares que integramos el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Se nos acusa de supuestos planes terroristas y… https://t.co/ZYTWY6S2eX
— Sairam Rivas (@SairamRivas) May 8, 2025
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, tras la muerte del preso político Lindomar Amaro en la cárcel de Tocorón, también denunció la vulneración de su cuenta en la red social Instagram.
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Marino Alvarado recuerda que este hostigamiento se realiza de diversas formas. «Por un lado, en todas las actividades que hacen los familiares de los presos, hay funcionarios de los distintos organismos de inteligencia: Dgcim, Sebin, Policía Nacional Bolivariana».
También se han manifestado extorsiones vía llamada telefónica «para que no sigan exigiendo la libertad de sus presos, para que no sigan participando en actividades. Y en tercer lugar, seguimientos. Algunos familiares se les hace seguimiento, ya sea después que salen de las actividades o saliendo de sus casas, lo cual constituyen actos de hostigamiento», dice Alvarado.
Toda esta situación, destaca el abogado, genera una violación abierta al debido proceso, «porque también hay mucha dificultad para que tanto los familiares como los propios presos tengan posibilidad de acceder al expediente. Dependen de unos abogados públicos que, salvo excepciones, la gran mayoría de los abogados públicos no tienen ninguna voluntad de hacer defensas adecuadas a los presos políticos».
Puntualiza que estas situaciones generan, tanto a familiares como a los propios presos, dificultades para su derecho a la defensa, «porque no tienen posibilidad de acceder al expediente y presentar pruebas que sean a su favor».
Escenario post 25M
Para el director del Laboratorio de Paz, después de las elecciones regionales tendremos «el conflicto más importante de este año luego de la instalación de un gobierno de facto: La propuesta de una reforma regresiva de la Constitución».
La propuesta de reforma constitucional, en manos de una comisión presidida por Nicolás Maduro, se mantiene bajo el tapete y, en teoría, debería ser presentada a principios de junio según lo que han dicho las autoridades.
Maduro ha dicho que al menos 80 artículos están bajo revisión, algunos referentes a la incorporación de las comunas dentro de la división político territorial, cuestión que han rechazado constitucionalistas pues rebasaría los límites que dicta la propia Constitución.
«Teóricamente al gobierno le interesaría, previo al 25 de mayo, mostrar su rostro más magnánimo para estimular la participación de los indecisos. Sin embargo, el escenario de la reforma es otro, por lo que en contraste su estrategia será inhibir la participación crítica por cualquier medio a su alcance. Entonces creemos que el mayor pico represivo ocurrirá alrededor del referendo por la reforma constitucional», menciona Rafael Uzcátegui.
Marino Alvarado recuerda que la represión no distingue entre ideologías políticas. «Hay una represión sin ningún tipo de control, donde toda persona está en riesgo, porque hay una arbitrariedad en el poder. Están en riesgo dirigentes sociales, dirigentes políticos de la oposición “radical” o “moderada”. Qué político más moderado que Enrique Márquez, por ejemplo, y ya lleva varios meses preso. Juan Barreto que viene de participar por muchos años en la estructura de este gobierno, es actualmente un perseguido político, se le mantiene un hostigamiento permanente».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
