Reuters: Gobierno permite a privados operar empresas estatales a cambio de un pago
Industria Venezolana Maicera Pronutricos y Agropatria son dos de las empresas estatales que son operadas por privados para rendir dividendos
La administración de Nicolás Maduro está permitiendo que empresas del sector privado administren al menos 13 compañías de alimentos que fueron nacionalizadas por el Estado hace diez años, esto con el fin de que se puedan mejorar las operaciones de las mismas tras haber estado bajo el control del aparato gubernamental.
Según documentos vistos por Reuters, los privados entraron en acción en empresas las estatales nacionalizadas, que producen desde harina de maíz hasta enlatados, a cambio de un pago por hacerlas operar y obtener ganancias. Sin embargo, economistas consideran que esta maniobra hecha por parte del Ejecutivo resulte poco efectiva por la falta de inversión en el campo y la economía pulverizada debido a la hiperinflación.
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Entre las funciones que absorben los privados que asumen el reto de administrar y operar las empresas estatales está la absorción de los costos de nómina, financiar inversiones y destinar parte de los productos que se elaboren al programa nacional de distribución de alimentos, como las cajas CLAP.
Una de las empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos, fabricante de harina de maíz, que fue nacionalizada hace 11 años. Durante 2021, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal por el equivalente a alrededor de $16.000 al mes.
Este tipo de convenios se están produciendo bajo el amparo de la llamada «ley antibloqueo», mecanismo legal que fue aprobado en la ya extinta asamblea constituyente y que se sancionó como parte de las medidas del Gobierno para evadir las sanciones de EEUU.
De acuerdo a Reuters, otra de las empresas que están bajo este esquema es Agropatria -anteriormente llamada Agroisleña y cuya expropiación fue ordenada por el entonces presidente Hugo Chávez-que ha abierto oficinas en dos estados del país para vender insumos agrícolas.
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En julio de 2020, el nuevo presidente de Conindustria, Luigi Pisella, solicitó a la administración de Nicolás Maduro que se devuelvan a sus dueños las empresas que fueron expoliadas o confiscadas en años pasados por el Estado, como parte de una serie de medidas que podrían generar confianza para la reactivación completa de la economía del país.
Pisella insistió en que las medidas económicas implantadas desde el Ejecutivo nacional no han dado resultados satisfactorios para Venezuela, situación que a su juicio puede corregirse y adecuar fórmulas que sean beneficiosas para estimular la industria nacional como por ejemplo «el desmontaje o modificación» de leyes que permitan recuperar el salario y un marco jurídico que brinde confianza a los inversionistas y empresarios.
