Rubén González: La OIT no puede emitir un informe que le lave la cara al régimen
Tras denunciar una exclusión del diálogo a manos del ministro José Ramón Rivero, Rubén González deja clara su preocupación por un proceso que podría dar pie a que se solicite el retiro de las sanciones, una discusión que, a juicio del sindicalista, no tiene relación alguna con la restitución de los derechos laborales y el cumplimiento de los convenios de la OIT que se discuten en las negociaciones
Casi siete años han transcurrido desde que la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) presentara una queja formal ante el Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en razón de la violación de varios convenios del organismo firmados por Venezuela, después de haber sufrido actos de violencia institucional, ser víctimas de una campaña de desprestigio hacia los empleadores, injerencia de las autoridades en los sindicatos nacionales e incluso la ausencia de un diálogo tripartito.
En razón de esa queja, la OIT estableció en 2018 una Comisión de Encuesta que haría una evaluación sobre el estado de los derechos laborales en Venezuela. Una visita fue más que suficiente para concluir que existían graves violaciones a los convenios 26, 87 y 144, por lo que el organismo emitió un informe en el que recomendaba al gobierno de Nicolás Maduro retomar el cumplimiento de las normativas que el Estado firmó.
Desde entonces, organizaciones de empleadores y sindicales han encabezado una férrea batalla con el Gobierno en todos los frentes posibles —incluyendo el panorama internacional ante la misma OIT— para presionar a Nicolás Maduro y la cúpula chavista en aras de que se retome el respeto a los derechos laborales de los trabajadores venezolanos.
Las negativas del Gobierno fueron constantes. Ministros del Trabajo desconocieron el carácter vinculante de los convenios de la OIT, mientras que el propio Maduro aseguraba promover diálogos nacionales con organizaciones sindicales y empresariales impuestas por el propio chavismo. Las negociaciones «tripartitas» consistían en un oficialismo pagando y dándose el vuelto a sí mismo.
Sin embargo, la presión surtió efecto. Después de que los representantes del chavismo en la OIT se vieran en la obligación de reconocer el incumplimiento de los convenios y de aceptar la instalación de un foro de diálogo nacional supervisado por una comisión del organismo internacional en el país, la esperanza de cambios en la situación de los trabajadores surgió nuevamente.
Ese proceso de diálogo se formalizó finalmente el pasado lunes 25 de abril, con la instalación de un Consejo Nacional Tripartito en el que participaron representantes del Gobierno, del sector empresarial y del movimiento sindical. Las piezas estaban en sus lugares para dar la bienvenida al tripartismo por primera vez en más de una década, pero incluso en el marco de esta iniciativa y bajo la supervisión de la OIT, el Gobierno recurrió nuevamente a sus mecanismos autoritarios al excluir de esta conversación a actores incómodos para el oficialismo.
Al menos así lo denuncia Rubén González, secretario general del sindicato de CVG Ferrominera del Orinoco y antiguo preso político tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Según el líder sindical, incluso ante los ojos de la OIT, el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, «confabuló» para excluirlos tanto a él como a José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería.
El Acuerdo de la traición a Todos los Trabajadores Venezolanos "Reconocimiento de la Realización de avance en el Cumplimiento de los convenios 26,87,144" firmado por las cuatro Centrales CGT CTV CSBT ASI Fedecámaras y el Régimen. No firmaron CODESA ni UNETE pic.twitter.com/Btc875SoiP
— Ruben Gonzalez (@RubendGonzalez) April 29, 2022
En un acto que atenta contra la aparente sinceridad de un proceso de diálogo abierto a todos los sectores laborales del país, González manifestó en una entrevista con TalCual su preocupación sobre el futuro de este diálogo nacional que continuará bajo la supervisión de la OIT, pues cree que el organismo podría acabar «lavándole la cara» a un Gobierno desesperado por librarse de las sanciones internacionales.
—¿Cómo fueron excluidos Rubén González y José Patines del diálogo supervisado por la OIT?
—El sábado (23/04) tuvimos una reunión con las distintas centrales. Nos íbamos a poner de acuerdo con todo lo referente a los convenios 26, 87 y 144. Allí empezaron situaciones anormales porque la CTV y ASI se retiraron de la discusión. Dimos nuestra conversación.
El día domingo (24/04) fuimos a reunirnos con las personas que representan a la OIT en Venezuela. Conversamos las generalidades completas de esos convenios para abordarlos al siguiente día.
Cuando llegamos (a la instalación del Consejo Nacional Tripartito), entramos al hotel y estábamos en la lista. Después de entrar, esperamos un rato porque a los asistentes le hacían la prueba de despistaje de covid-19. Nos dejaron esperando y, cuando fuimos a reclamar, trajeron una nueva lista en la que no aparecíamos Rubén González ni José Patines. Esto quiere decir que nos excluyeron a última hora, nos sacaron del diálogo tripartito.
—Es extraño que se reunieran con la comisión de la OIT y al siguiente día no les permitieran el acceso al diálogo. ¿Qué hablaron y a qué acuerdo llegaron?
—Allí hay una confabulación, una conspiración encabezada por José Ramón Rivero. El nos mandó a sacar del diálogo. Como es el ministro de Trabajo, adjudica quién entra y quién no.
Yo no iba para allá a lavarle la cara al régimen, iba a exigir que se cumpla lo que está establecido en la Comisión de Encuesta y en los convenios 26, 87 y 144.
Rivero incorporó a colaboracionistas del chavismo para llegar a esos acuerdos y nos sacaron porque esta voz y la de Patines íbamos a decir que se han intensificado las violaciones y el atropello a los trabajadores venezolanos y sus familias. Por eso debemos seguir dando la pelea y la lucha.
No va a venir la OIT y las centrales a lavarle la cara al régimen y a emitir un informe que diga que debemos aliviar las sanciones. Lo que están haciendo no es lo que realmente les interesa a los trabajadores conforme con la ley.
Lo que queremos es que se restituya el Estado de derecho para los trabajadores, la democracia sindical y que se respeten los beneficios de los trabajadores. No es posible que incrementen una tabla que hicieron amañadamente por su plan comunista.
El ministro de trabajo sabe que las tablas salariales están determinadas por la convención colectiva. En Ferrominera Orinoco tenemos el 41,5% de aumento después del salario mínimo, lo que quiere decir que al salario se le suma el 41,5% y después se suma un 4% cada uno de los niveles de la tabla. Eso es lo que se debe cumplir, pero ellos no quieren cumplir con eso porque su prioridad es mantenerse en el poder, con el deterioro general del malestar de los venezolanos.
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—¿Cuál es el salario que se paga actualmente, después del aumento, en Ferrominera del Orinoco?
—El salario que se está pagando, no solo en Ferrominera sino en todo el país, no se puede determinar. No sabemos porque no entregan a los trabajadores sus listines de pago. En el ticket de pago se refleja el salario y el estatus que tiene ese trabajador. Refleja todas las incidencias salariales. El Gobierno eliminó eso.
Nosotros no exigimos que regalen nada, que nos den nada. Estamos exigiendo que cumplan la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución, el artículo 89 de la Constitución. ¿Cuántas familias no han muerto de mengua porque les quitaron el HCM? No podemos renunciar a nuestros beneficios.
—Por las condiciones en las que se está dando el diálogo tripartito, ¿considera que existe algún riesgo de que se le lave la cara al Gobierno?
—Es lo que estamos percibiendo. Están incluyendo la suspensión de las sanciones tal y como solicitaron la Central Bolivariana de Trabajadores (CBT) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Vemos una contaminación completa del diálogo. Lo que estamos viendo es que vienen a lavarle la cara al régimen, decir que es mentira que hay trabajadores presos, que es mentira que no se cumplen las convenciones colectivas ni la autonomía sindical.
Recordamos a la OIT que son responsables de lo que allí salga. Pueden decir que las partes están conversando, pero ustedes fueron garantes de que hicieron la investigación de todos los atropellos y violaciones flagrantes a estos convenios. Tienen eso en informes, deben ratificarlos y dejar en Venezuela una oficina regente para hacer el seguimiento y que cumplan con los puntos de ese informe.
Pareciera que quieren decir que aquí todo está bien, se reunieron las partes y que lo único que falta es que suspendan las sanciones. Pero ahí no hay nada que discutir más allá de resarcir el Estado de derecho para los trabajadores.
—¿Pese a su exclusión, confía en que otras centrales y organizaciones sindicales puedan llevar las demandas y exigencias para dar forma a una discusión real?
—Nos quedan muchas dudas que desde allí salga un diálogo franco y que se exija lo que dice la Constitución. Reposa en los hombros de cada una de estas centrales la responsabilidad de representar verdaderamente a los trabajadores y no sus intereses particulares.
Hago el llamado a todas las centrales, tienen una gran responsabilidad de no pedir que alivien las sanciones. Ese es un elemento de locura que no tiene que estar allí. No se puede contaminar ese espacio, la esencia es el bienestar general de los trabajadores y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
Allí están pidiendo que se alivien las sanciones. La OIT debe asumir la responsabilidad. No vinieron para acá para decir que hay que aliviar las sanciones al régimen. Eso no puede ser porque está fuera de contexto en esa discusión.
Se deben limitar a discutir lo que la misma OIT hizo con la Comisión de Encuesta, donde se constataron las violaciones a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es que ahora van a un escenario a pedir que alivien las sanciones?
—En las últimas semanas se han registrado manifestaciones e incluso huelgas. ¿El diálogo es una oportunidad para los movimientos sindicales para protestar, manifestar y exigir?
—Todos los venezolanos deberíamos estar en huelga. La petrolera ahorita debería estar parada, los ferromineros también. En todas las empresas hay un deterioro general a lo que está determinado dentro de las reglas.
Ojalá que la OIT no acabe alivianando las sanciones e involucrándose en el tema político y de gobernabilidad. Deben enfocarse en su responsabilidad, que son los trabajadores. Ellos quieren decir que las cosas están cambiando, pero no, aquí las cosas están peor. Debe quedar claro a nivel mundial, lo deben saber los organismos internacionales de derechos humanos. Aquí nada se está resolviendo. Se han intensificado los atropellos.
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—¿Cuál es su lectura sobre la excarcelación de presos políticos de larga data como Eudis Girot o Rodney Álvarez?
—Si vamos al sentimiento, está bien que los liberaran, pero nunca tuvieron que estar presos. Rodney Álvarez era inocente en todo momento. Yo fui testigo de todo esto. Las evidencias dicen con claridad que es inocente y que el implicado en el homicidio es Héctor Maicán, no lo digo yo, está en los expedientes.
A Eudis Girot lo vincularon con una venta de gasolina ilegal. No tenía que estar preso. Bien bueno que los soltaron, pero que no se quede allí, que liberen a todos los trabajadores presos y a los que están en régimen de presentación.
—¿Cree que estas liberaciones sean una respuesta del Gobierno a la visita de la OIT?
—Eso es chantaje. Nada tiene que ver la discusión de la OIT con las irregularidades de los expedientes ficticios. Ellos lo que tienen que hacer es liberarlos, pero están haciendo esto para decir que son buenos, que van a resolver y que la persecución es mentira.
Les digo a quienes están sentados: no se dejen chantajear. La libertad y la autonomía sindical tienen que garantizarse.
—¿Tiene cifras sobre la cantidad de trabajadores presos y en régimen de presentación en estos momentos?
—Hay un aproximado, porque esto es como una ruleta. Sale uno y entran dos, salen dos y entran tres. En las cuentas generales hablamos de unos 147 en esa situación. Algunos presos y otros en régimen de presentación. Hay tanto dirigentes como trabajadores presos.
En Ferrominera tengo nueve compañeros que están en presentación. En Venalum hay cinco compañeros y en Sidor hay otros tres. A lo largo y ancho del país hay muchos trabajadores en esta situación.
—¿Cuáles son las expectativas sobre las mesas técnicas que se instalaron para dar seguimiento al diálogo?
—Yo quisiera tener buenas expectativas. No soy egoísta ni malintencionado, no quiero que se deteriore más el país ni que se persiga a la gente. Quisiera que esta comisión haga su trabajo y que el informe final que salga de allí sea bien concreto. Espero que no le den un saludo a la bandera solo para lavarle la cara al régimen.
No apuesto por el fracaso, pero las evidencias que tenemos dicen que el régimen no cumple nada, que vienen, convocan el diálogo y cuando acaban las discusiones, se desentienden. Tengo la duda de que se pueda cumplir lo que está en la ley. Me queda la duda porque yo sé cómo ha actuado este régimen, al cual no le importan las reglas, las reuniones, el diálogo, solo mantenerse en el poder.
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