Runrunes | Crisis del Catatumbo y la relación del gobierno venezolano con la guerrilla
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro participa en operaciones contra el ELN y las FARC en el Catatumbo, Colombia, ambos grupos operan con libertad en territorio venezolano desde hace más de una década
Texto: Runrunes
El mayor desplazamiento masivo del que se tiene registro en Colombia se desató en la región del Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, Colombia, debido a la violencia por los combates entre las guerrillas por el control de la zona, manifestó la Agencia de la Organización Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El conflicto dejó 63 muertes y casi 85.000 afectados para el 14 de febrero, según un reporte del Ministerio de Defensa colombiano publicado este martes 18 de febrero, así como un decreto del “estado de conmoción interior” en la zona de parte del gobierno del presidente de se país, Gustavo Petro.
El 31 de enero, Nicolás Maduro anunció el inicio de “Relámpago del Catatumbo”, una operación militar coordinada con el gobierno colombiano en la frontera entre ambos países. Petro confirmó la información desde su cuenta en X y declaró:
“Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, dijo en referencia a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control del Catatumbo, que han aterrorizado a la población.
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El anuncio trajo una ola de rechazo en distintos actores políticos de ambos países, pues mientras el gobierno venezolano se alía a combatir contra estas organizaciones criminales en Colombia, las mismas residen y manejan negocios ilícitos en al menos 40 municipios de ocho estados de Venezuela – en el caso del ELN-, según la organización Insight Crime.
La excandidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, calificó la unión como “muy grave”. “Perseguir al ELN en alianza con Maduro es entregarle el control de las fronteras colombianas a un dictador y narcotraficante enemigo de Colombia”, resaltó.
Una relación histórica
El ELN comenzó a tener presencia en la frontera colombo-venezolana en la década de los 80. En un inicio, los gobiernos venezolanos eran hostiles con la presencia del ELN, pero esto cambió con la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder.
En 2002, el arribo del exmandatario colombiano Álvaro Uribe y su ofensiva contra los guerrilleros del país, provocaron un repliegue de los guerrilleros hacia la Venezuela de Chávez, donde hallaron un clima más permisivo y afín a sus ideales, mientras el gobierno se percibía como neutral ante la presencia del grupo en su territorio, de acuerdo a Insight Crime.
La organización apuntó que los estados donde el ELN tiene mayor presencia son Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
”SOS Orinoco ha documentado y demostrado que hay una gran complicidad que ha venido tejiéndose en los últimos 25 años entre los grupos guerrilleros, los grupos armados organizados y el chavismo. Primero bajo Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, y todo esto para explotar los negocios ilícitos, como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de una cantidad de cosas”, manifestó la fundadora de la organización, Cristina Burelli.
Un informe de la organización relata que de acuerdo a la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), miembros de las FARC se establecieron desde 2012 en el municipio Autana, uno de los siete que conforma el estado Amazonas y que se ubica en la frontera con Colombia.
Líderes de Oipus se reunieron en varias oportunidades con las FARC, y estas afirmaron que su presencia en la zona formaba parte de acuerdos con el gobierno nacional, reportaron a SOS Orinoco.
En poco tiempo, las FARC trajeron cambios en las dinámicas de las comunidades, negocios ilícitos, tráfico de combustible, drogas e iniciaron explotaciones mineras en la zona – actividad prohibida en todo el estado Amazonas según el Decreto Presidencial Número 269 aprobado en el año 1989 – que derivaron en contaminación de los suelos y ríos, delincuencia, prostitución, trata de personas, y propagación enfermedades, de acuerdo con Oipus.
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Los representantes indígenas siempre rechazaron la ”presencia de los invasores en sus territorios”, y sus peticiones de ayuda al gobierno venezolano para desalojar a los guerrilleros fueron ignoradas.
Por otro lado, en 2013, el ELN comenzó a tomar el control en los estados Apure y Amazonas entre 2016 y 2017 consolidaron su presencia en Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo, Amazonas, donde han ”impuesto prácticas de control social, político y económico. Toman el control de los puertos y puntos fluviales, y controla el contrabando de droga, gasolina, alimentos y enseres, además de la seguridad, convirtiéndose en un para-estado”, indicó el informe.
Otro documento de SOS Orinoco, publicado en 2019, confirmó la presencia del ELN en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en la jurisdicción del municipio Atabapo de Amazonas, territorio que tiene 2.000 hectáreas de su superficie bajo explotación de oro “ecocida” y sirve como principal sustento financiero al grupo.
Insight Crime estima que de 6.000 miembros del ELN, alrededor de 1.000 estaban presentes en territorio venezolano para 2024.
La supuesta lucha
Con la operación “Relámpago del Catatumbo”, el gobierno de Maduro ha desplegado alrededor de 60 operativos militares entre 2020 y 2024, con el objetivo de contrarrestar la acción de grupos armados irregulares (GAI) en zonas estratégicas del país, indicó la organización defensora de derechos humanos Fundaredes.
Sin embargo, puntualizó que los operativos ”(…) no sólo fracasaron en erradicar estas amenazas, sino que ha intensificado la presencia y poder de estos grupos en las regiones”, y agregó:
”Lamentablemente, los principales impactados por la acción de estos grupos y por la ejecución de las operaciones militares son la población civil de las comunidades que comparten territorio con los GAI, pues han sido múltiples los testimonios que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos en el marco de estos operativos, donde se han ejecutado allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales (…)”.
A mediados de diciembre de 2022, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó la Operación Autana en el Parque Nacional Yapacana, que según indicó la vocería oficial del gobierno, tenía como objetivo expulsar del territorio a los mineros ilegales.
Para Burelli, llamó mucho la atención que dicha operación fuera tan mediática, pues el Comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, mostró en sus redes la expulsión de miles de mineros colombianos de la zona.
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“Muchos de ellos eran guerrilleros (…) Y ahí en el ELN y la FARC nadie chistó, nadie dijo nada. Uno se esperaba que iba a haber algún tipo de resistencia a eso, porque los está sacando de un negocio (…) Para nosotros eso fue una demostración de que ahí había una especie de acuerdo”, apuntó Burelli.
A un año del operativo, SOS Orinoco manifestó a través de su cuenta de X que la operación Autana “fue solo un show” y señaló que las minas en Yapacana siguen operando bajo el marco ilegal, pero que esta vez son controladas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lugar de los grupos terroristas.
Una alianza
La fundadora analizó que la relación entre los actores es “muy pragmática”. “Esta relación entre las guerrillas y el gobierno es para beneficiar a los jerarcas del régimen. Y aquí está íntimamente entrelazado el crimen organizado con las autoridades más importantes del país, civiles y militares”, criticó.
Insight Crime afirma que el ELN ha demostrado ser importante para la administración de Maduro, ya que ha medida de que exhibió su ”disciplina y capacidad militar” en su expansión por cada estado, demostró su potencial como actor armado que garantiza la gobernanza en territorios estratégicos, poblaciones y economías ilícitas.
El profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, manifestó para el medio internacional France 24 que, “especialmente el ELN, tiene un carácter paramilitar en Venezuela, ya que allá son grupos armados que ayudan al Gobierno, mientras que en Colombia son insurgencias que desafían y retan al Estado”.
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